Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, denuncia que el procedimiento abierto contra él en el marco del caso Volhov es "una investigación prospectiva que pretende alargarse hasta el infinito", por lo cual ha recurrido la decisión del 11 de enero, que hoy se le ha comunicado, de prorrogar la instrucción. En un escrito ante el juzgado de instrucción número 1, advierte que en democracia no se puede tener "casi un año y medio a una persona imputada sin ni siquiera haberle explicado porque se le investiga, de qué se le pretende acusar".

Alay ha reclamado su sobreseimiento en este caso, en el marco de la cual fue detenido en octubre del 2020 junto con David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler. La operación Volhov investigaba la supuesta financiación irregular del procés y lo que se ha venido en denominar la trama rusa. El juzgado ha comunicado la prórroga de la instrucción argumentando la complejidad del caso y nuevos informes pendientes de la Guardia Civil.

La defensa de Alay denuncia que no parece que haya una "idea concreta sobre hacia dónde se dirige la instrucción después de más de un año desde que se produjeron las entradas y registros", teniendo en cuenta además, que forma parte de una pieza separada de unas diligencias previas incoadas hace cinco años. Reprocha que, de hecho, la única información que se tiene es "básicamente" lo que se va filtrando a los medios "de forma profusa", por lo cual advierte que se trata de una investigación prospectiva.

Prospectiva y política

Precisamente, recuerda que el legislador introdujo plazos máximos para las investigaciones, entre otras razones, "para evitar procedimientos como el presente que tienen mucho de prospectivo y de auténtico escarnio público producto de las continuas filtraciones", denuncia.

 

Alay denuncia que es una instrucción "de naturaleza política" y que se quiere alargar la "ad aeternum". En este sentido, recuerda que el propio fiscal admitió que incluye "múltiples investigados en operaciones presuntamente delictivas que, a su vez, darán origen a nuevas piezas separadas". "Por lo tanto, se seguirá investigando el tiempo y las personas que sean de su capricho en cada momento", remacha.

Informes de la Guardia Civil

Subraya que se está condicionando los plazos a informes que tiene que presentar la Guardia Civil del registros de hace año y medio –"eso sucederá cuando quiera la Guardia Civil, sin límite de tiempo que es lo que, en definitiva, se pretende por parte de esta instrucción", avisa-. De hecho, recuerda que el mismo juzgado admite que es "imposible de prever", cuando se haya acabado las diligencias presentes y las que se pueden derivar.

El escrito denuncia una falta de determinación tanto objetiva como subjetiva en la investigación y advierte que "ya va siendo hora que se definan todos los destinatarios de este inquisitorial, por prospectivo, procedimiento".

El texto insiste en que la causa se ha convertido en una "auténtica persecución política que nada tiene que ver, pero se ampara, en una presunta comisión de hechos delictivos". Añade que estos hechos no han sucedido y los atribuye a "las elucubraciones de algunos" y a "algún medio de comunicación, que se inventó un informe de la inteligencia europea que después hemos visto que no existía", en referencia a una información del New York Times sobre un informe de la inteligencia europea la existencia del cual ha sido negado por el Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell.

Control de la policía judicial

La defensa de Alay advierte que se tiene que poner fin a este dinámica y que hacerlo depende del control real que el juzgado tenga sobre la unidad de policía judicial, que está trabajando en el presente procedimiento.

En este punto, reclama saber cuánto dinero público está costando esta prospección en la vida y trabajo de ciudadanos cuyos delitos "es tener una opinión política que los transforma en enemigos".