Hace unas semanas el president de la Generalitat encargó al Síndic de Greuges que analizara y elaborara un informe sobre los disturbios vividos durante los días posteriores al anuncio de las condenas contra los líderes independentistas, específicamente sobre la actuación policial para aplacar incidentes. Ante la actitud "hostil y violenta" de algunas personas concentradas durante las protestas postsentencia que encendieron las calles entre el 14 y el 27 de octubre, las fuerzas de seguridad debían reaccionar "necesariamente". Así lo indica el veredicto del Síndic. Ahora bien, una cosa es el qué —actuar— y la otra el cómo. Y aquí es donde Rafael Ribó pulsa el botón de alarma. Considera que hubo "desproporción y un exceso en el uso de la fuerza en la dispersión, contención y detención de personas". Y eso tanto por parte de Mossos como del CNP.
Las conclusiones finales se han adoptado después de compilar los datos recogidos de la solicitud continuada de información en el Departament d'Interior y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Síndic denuncia poca colaboración por parte del Ministerio del Interior, a quien también se ha requerido información pero que no ha atendido como correspondía las peticiones. Sí que se han podido incorporar, en cambio, entrevistas con personas detenidas en el curso de los incidentes y se han visionado imágenes publicadas en las redes de detenciones practicadas.
Reprocha al Govern que no vetara las pelotas de goma
Revisado todo este material, el Síndic constata que se han producido abusos. Al mismo tiempo, señala que resulta "inaceptable el uso de armamento antidisturbios muy lesivo, como las pelotas de goma, o la técnica del carrusel". Sobre este hecho, Ribó ha reprochado al Govern de la Generalitat que no se impusiera y vetara que los agentes del Cuerpo Nacional de Policia pudiera hacer uso de las pelotas de goma, que están prohibidas por ley en Catalunya.
En relación a las detenciones, el informe Derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la sentencia manifiesta que las personas afectadas entrevistadas "exponen de manera mayoritaria que los agentes aplicaron un uso de la fuerza excesivo", como pueden ser "porrazos cuando ya estaban inmovilizadas, pisotones en la cabeza, o arrastrarles por el suelo cogidos por el pelo".
El análisis introduce una distinción entre cuerpos policiales, que se basa en el testimonio de decenas de detenidos. "Los relatos divergen bastante" en función de quien practica la detención, explica. En este sentido, expone que cuando los protagonistas eran agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los afectados "han descrito un trato más agresivo, inadecuado e intimidatorio durante la estancia en comisaría" y alerta de que "se vulneraron seriamente el derecho a la integridad moral y los derechos de la Ley de enjuiciamiento criminal".
Exigencia de investigación y sanciones
Ante todas estas constataciones, el defensor del pueblo en Catalunya hace toda una serie de recomendaciones a las diversas administraciones. La primera, exigir al ministerio y la conselleria de Interior que "investiguen de forma rigurosa e imparcial las alegaciones de exceso de fuerza y vulneración de derechos y sancionen adecuadamente las infracciones y los delitos que se puedan haber cometido".
En el caso de los cuerpos de seguridad del Estado, pide al ministerio que "revise los protocolos que regulan el uso de armamento reglamentario antidisturbios y sustituya las pelotas de goma por instrumentos menos lesivos e indiscriminados".
Con todo, el informe del Síndic aprovecha para destacar también que la inmensa mayoría de las movilizaciones han sido cívicas y pacíficas y no han requerido actuación policial. El documento ha sido ya entregado tanto al Parlament como al Govern de la Generalitat.