La asociación de jueces Ágora Judicial ha cargado en un comunicado contra el "lamentable precedente" que supone el veto del juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena a permitir declaraciones de testigos en catalán. Concretamente, hacen referencia a la amenaza del juez alegando a posibles "consecuencias legales" contra un testigo si no cambiaba del catalán al castellano. Ante esta situación, el declarante cambió de lengua para poder continuar explicándose.
Los jueces denuncian, sin embargo, que no podría tomarse ninguna medida penal contra el testigo ya que el reglamento define que "toda persona que interviene en un procedimiento judicial seguido en Catalunya tiene derecho a utilizar en sus manifestaciones orales o escritas la lengua oficial que escoja". También adjuntan parte de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que marca que cualquier persona que tenga que prestar declaración ante un tribunal tiene que poder expresarse "en su lengua regional o minoritaria sin incurrir por eso en gastos adicionales".
Ágora Judicial entiende que las referencias legales al territorio de lengua cooficial "tienen que extenderse cuando se trata, como es el caso, de un juicio oral en Madrid celebrado en primera instancia y delante de un órgano judicial con competencia a todo el Estado". También alegan que si el testigo no puede declarar en su lengua "no se permite una declaración fácil, auténtica y espontánea" ya que, aunque sepa castellano, "no se expresará con la misma facilidad, ya que estará obligado a realizar mentalmente la traducción".
"No tiene ninguna justificación la rigidez procesal, ni la conminación forzosa al cambio de lengua, ya que establece un lamentable precedente y provoca un desgaste con respecto a la imagen de la objetividad e imparcialidad de la justicia, necesaria para que las personas confíen en la actuación del alto Tribunal", concluyen.