Un año después del asesinato de dos agentes rurales en manos de un cazador en Aspa (Segrià), las medidas de protección prometidas solo se han implementado parcialmente. Desde entonces, las patrullas destinadas a hacer controles de caza han pasado de ser de dos a tres agentes y este tercero lleva un arma larga.

Sin embargo, los agentes todavía no disponen de los chalecos que tenían que llegar a finales de 2017 para todos los efectivos, porque la intervención económica a causa de la aplicación del artículo 155 "lo ha detenido todo", lamentan. A raíz de la tragedia de Aspa, explican, han disminuido en un 26,6% las actuaciones en controles de caza en Catalunya, a causa, principalmente, del proceso de duelo sufrido por los compañeros del cuerpo, así como el cambio en el procedimiento que supuso el aumento de dos a tres efectivos por patrulla en estas inspecciones.

A punto que se cumpla un año del crimen de Aspa, la ACN ha hablado con el director general del Cuerpo de Agentes Rurales, Marc Costa; el presidente de la Asociación profesional de Agentes Rurales de Catalunya (Asparc), Josep Capdevila, y el abogado de las familias de las víctimas, Pau Simarro, sobre qué ha cambiado y qué falta para hacer a raíz del asesinato de dos agentes rurales, de 43 y 39 años, en manos de un cazador, vecino de Vacarisses (Vallès Occidental), el 21 de enero de 2017.

Entonces se creó una Comisión de Expertos para evaluar los hechos y proponer medidas para evitar que estos se volvieran a producir. Según Capdevila, se acaban de redactar las conclusiones que, calcula, se harán públicas entre febrero y marzo de este 2018.

Consecuencias del 155

El principal escollo con que se han encontrado ha sido la aplicación del 155, coinciden. Según Costa, el 155 ha afectado "muchísimo", porque ha retrasado muchos aspectos de funcionamiento, como el reglamento de armas o la convocatoria de 50 plazas de subinspectores.

"Hay muchas decisiones políticas que no se han podido tomar porque nuestra consellera está en el exilio". Asegura, sin embargo, que ellos han ido trabajando para que "cuando volvemos a tener Govern, podamos sacar adelante las iniciativas que no he podido tirar adelante por culpa de la intervención".

Con respecto a las inspecciones de caza, en 2016 se realizaron 15.400 actuaciones, mientras que en 2017 fueron 11.300. Capdevila reconoce que este tipo de actuaciones son voluntarias, y a raíz de Aspa, algunos efectivos no han querido hacerlas.

Según Costa, la disminución no se debe necesariamente a que haya agentes que no quieren hacer inspecciones de caza, sino que hay que tener en cuenta que, aparte de la repercusión de los hechos de Aspa, se ha modificado el procedimiento y, por lo tanto, la operatividad es más complicada. "Después de Aspa hubo un tiempo, especialmente en las tierras de Lleida, donde tuvieron que hacer el luto y superar el trágico suceso, como es la muerte de dos compañeros, en un cuerpo como los Agentes Rurales, muy vocacional, donde se conocen todos", ha añadido Costa.