Pilló a casi todo el mundo por sorpresa. Con convocatoria sólo tres cuartos de hora antes, la ministra Raquel Sánchez comparecía para anunciar que se suspendía la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. El acuerdo, que hemos sabido que fue simplemente verbal, se deshizo en cuestión de un mes. No es un punto final; es un movimiento más dentro de la negociación y todavía quedan muchos capítulos en esta secuela hasta el 30 de septiembre. Pero sí que es sintomático del nuevo curso político que se inicia en Madrid. El golpe encima de la mesa del Gobierno se produjo cuando ni siquiera se había cerrado nada sobre la mesa de diálogo. Se tiene que reunir la semana que viene a Barcelona, pero todavía no hay ni fecha, ni tampoco se conocen los miembros de las delegaciones. Y por no hablar de la negociación de los presupuestos del Estado. Llega un otoño lleno de turbulencias internas y externas. Porque El Prat no ha sido sólo un pulso entre Barcelona y Madrid, que también.

La disputa más evidente ha sido la de los socios del Govern. El acuerdo del 2 de agosto, de hecho, se selló en una reunión fuera de agenda pública entre los equipos del vicepresident Jordi Puigneró y de la ministra Raquel Sánchez, siendo bien conscientes de las reservas que había en las filas de ERC ante el proyecto. Y los temores se confirmaron ahora hace diez días, cuando AENA presentó su borrador durante la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria. El DORA (documento de ordenación aeroportuaria) contemplaba una afectación sobre el espacio natural protegido de La Ricarda. Aparecía bien explicitado. Junts quitó importancia al asunto, argumentando que podría enderezarse más adelante, pero los republicanos acabaron de encenderse. La presión al president Pere Aragonès venía especialmente de sus cargos sobre el terreno, y algunos consellers de ERC se planteaban asistir a la manifestación contra el proyecto del próximo domingo. Las costuras del consenso forjado en la jornada de convivencia de la Garrotxa eran demasiado frágiles.

Las cosas no han estado mucho más pacificadas en el interior de La Moncloa. La misma división –o mayor– se replica entre los dos socios del Gobierno. Hasta entonces, la vicepresidenta Yolanda Díaz había trasladado su oposición a Pedro Sánchez con discreción, en varias conversaciones privadas, pero los planes de la ministra Raquel Sánchez –exalcaldesa de Gavà, municipio de la zona– parecían inalterables. Por eso, el martes decidió anunciar para el jueves una visita muy simbólica a La Ricarda, acompañada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler. Menos de veinticuatro horas antes del desplazamiento sobre el terreno salió Raquel Sánchez a anunciar la suspensión de la inversión. Eso sí, obviando el pollo interno, cargó toda la responsabilidad al Govern de Pere Aragonès: "Es imposible llevar a cabo un proyecto de esta magnitud sin el apoyo nítido y decidido de la Generalitat".

El nuevo curso político empieza con piedras en medio del camino, con los retos de la reanudación del diálogo con Catalunya (después de un año y medio) y la negociación de los presupuestos del Estado para encarar la segunda mitad de la legislatura, que inevitablemente pasará por la negociación con los partidos independentistas, nacionalistas y de izquierdas. El recorrido va a estar lleno de obstáculos y dificultades, como ha demostrado la ampliación del aeropuerto del Prat. Y, aunque el nuevo Gobierno estrenado en verano no quiera hablar de ello, la agenda catalana perseguirá a Pedro Sánchez. Porque los indultos no fueron el final de nada, sino el principio. Los partidos catalanes tendrán que decidir cómo quieren jugar sus cartas, si cada uno por su cuenta como hasta ahora o haciendo un frente unitario y coordinado en la capital del Estado como acordaron para la investidura.

¿Cómo lo encaran los partidos independentistas?

Los republicanos se plantean la reunión de gobiernos de la semana que viene como una "mesa cero", muy simbólica de la reanudación del diálogo y la negociación. Y esperan que se vaya con la intención de buscar acuerdos que encaucen el conflicto político. Si bien fuentes de ERC admiten que la cuestión del aeropuerto de El Prat "lo complica todo", no dejarán que sea un obstáculo. Se avendrán a negociar y si hace falta facilitar los presupuestos del Estado, pero al mismo tiempo reclaman avances en otros ámbitos. Especialmente en la nueva ley de memoria democrática, que consideran insuficiente. Están trabajando en ello. A finales de agosto mantuvieron una reunión privada con el secretario de estado del ramo, Fernando Martínez López. A modo de anécdota, la delegación republicana estaba encabezada por el exportavoz Joan Tardà, experto en la materia y todavía hombre de máxima confianza de Calabria. "Si no se ponen las pilas, perderán la batalla", avisan.

En cambio, Junts per Catalunya mantiene su escepticismo extremo hacia la mesa de negociación, que no ven que pueda abordar las dos cuestiones centrales: la autodeterminación y la amnistía. Incluso amenazan con no estar la semana que viene si el presidente Pedro Sánchez opta por ausentarse. Con respecto al resto, sin embargo, se ha producido cierto viraje hacia la negociación. Buena muestra de ello es el acuerdo del 2 de agosto para la ampliación del aeropuerto, liderado por el vicepresident Puigneró. También se ha establecido buena sintonía entre el conseller de Economía, Jaume Giró, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, los planes de la dirigente socialista pasan, hoy por hoy, por intentar atraer también esta formación a la negociación de los presupuestos del Estado que se iniciará en muy pocas semanas. Al menos lo intentará.

Quien sí se pondrán bien es el PDeCAT, que aprovechará la fuerza que todavía conserva en el Congreso de los Diputados –cuatro diputados– para explotar la vía pragmática e intentar arrancar alguna enmienda. En las antípodas se sitúan los anticapitalistas de la CUP, que desde fuera fiscaliza atentamente la acción del Govern y que tiene en sus diputados en el Parlament la estabilidad del ejecutivo. No sólo participarán de la manifestación contra la ampliación del aeropuerto del Prat sino que también saldrán a la calle la semana que viene, mientras se reúna la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat. Tampoco se creen este foro bilateral.

Derecha sin escrúpulos

Mientras tanto, la derecha y la extrema derecha están envalentonadas, y casi sin escrúpulos como se ha visto estos días a raíz de las agresiones homófobas y la denuncia falsa de Malasaña. Y tienen las encuestas amigas, de medios afines, asfaltándoles, al PP y a Vox, la pista de despegue. Pablo Casado es, de momento, el único que parece creérselas. Pero si el Gobierno no es capaz de hacer bajar la factura de la luz o de hacer subir el salario mínimo, entre otras, los sondeos pueden acabar siendo muy reales. Y entonces no habrá pista que permita un aterrizaje de emergencia.