La Abogacía del Estado ha presentado una hora después que la fiscalía sus escritos de acusación por el caso del 1-O.

En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado aprecia los delitos de sedición, malversación de dinero público y desobediencia grave. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilan entre los 12 años de prisión y la multa.

La Abogacía del Estado se presentó como acusación por el delito de malversación, pero hoy se ha posicionado al respecto del resto de acusaciones. El escrito que tiene más peso para el juicio es el de la fiscalía, pero el escrito del abogado del Estado es un gesto político para interpretar la posición del Gobierno del estado español.

Según la Abogacia del estado el Govern de la Generalitat jugó "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para hacer el referéndum del 1 de octubre. A seis de ellos —el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn, el de Presidència Jordi Turull, Raül Romeva (Afers Estrangers), Josep Rull (Territori) y Dolors Bassa (Treball)— se les acusa de sedición y malversación.

La presunta malversación —el desvío de fondos públicos para fines ilegales— fue el medio necesario para cometer el delito más grave, el de sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales", dice el escrito.

"Es una obviedad decir que el proceso descrito [...] es imposible que se llevara a cabo sin la realización del correspondiente gasto público, como el relativo a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera", relata el escrito.

Las penas

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa "merecen un castigo más grave" por su estatus de "autoridad" —dice textualmente la nota que ha dirigido la Abogacía del Estado a los medios— al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Govern". Por estas dos infracciones penales, para Junqueras se solicitan 12 años de prisión, mientras que los otros cinco afrontarán una petición de 11 años y medio. Al mismo tiempo se reclama la inhabilitación absoluta de todos ellos por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.

En el caso de Meritxell Borràs (Governació), Carles Mundó (Justícia) y Santi Vila (Empresa), la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública. El primero, por adoptar "los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos." El segundo, por no hacer caso sistemáticamente a los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial por ocupar un cargo público, además de una multa.

Los Jordis

A los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía del Estado los señala como autores de un delito de sedición que también "habrían inducido, sostenido y dirigido", aunque sin contar con la condición de "autoridad" de los seis exmiembros del Govern también acusados de la misma infracción. Por esta razón el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Su papel, según el escrito, habría sido liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales" que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron "actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a estas resoluciones judiciales".

La Mesa del Parlament

"El tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva" estuvo formado, según el Servicio Jurídico del Estado, por los antiguos cargos del Parlament procesados. Por la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, igual que los antiguos miembros del Govern de la Generalitat acusados, tenía condición de "autoridad" al ejecutarse los hechos.

El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa y 10 meses de inhabilitación para ocupar un cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.

Multa para la CUP y los comunes

El mismo delito se atribuye al exsecretario tercero, Joan Josep Nuet, y la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. No obstante, en estos dos últimos casos las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para ocupar un cargo público.

Todos ellos "tenían que haber admitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias a la orden constitucional y, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esta índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad". Las iniciativas más relevantes tramitadas gracias a estos miembros de la Mesa fueron la ley del Referéndum de Autodeterminación y la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

 

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