El abogado de Quim Torra, Gonzalo Boye, ha advertido que la Junta Electoral Central (JEC) podría provocar una "explosión descontrolada del sistema democrático" si decide inhabilitar al presidente. "Que un órgano administrativo pueda destituir al presidente de la Generalitat es muy grave, es una trampa al sistema democrático y se estaría cargando toda la estructura de funcionamiento", ha dicho en RAC1.
Para Boye, la JEC "no tiene estas competencias" y ha alertado que se está llegando a "extremos preocupantes". Con respecto a Carles Puigdemont y Toni Comín, Boye sostiene que tienen "buenas cartas" para ganar un suplicatorio en el Parlamento Europeo en caso de que la justicia española lo pida, y ha advertido que, si lo hacen, podría ser un "gol en propia puerta".
Según Boye, si la JEC adopta la medida de inhabilitación y esta fuera ejecutada, "que son dos cosas diferentes", estarían "privando" a Torra de la posibilidad de que pudiera tener un "recurso efectivo" a la sentencia del TSJC, pero también al Supremo "de su competencia para resolver el recurso". Además, también cree que se estará "privando" al TSJC "de su capacidad y obligación de ser los únicos encargados de ejecutar lo que ellos han enjuiciado".
El abogado ha cargado contra la JEC porque considera que "no ha dado muestras de mucho respeto democrático en los últimos tiempos". En este sentido, ha remarcado que declaró "inelegibles" a Puigdemont y Comín, que "hoy son eurodiputados".
Boye cree que, si la JEC acaba inhabilitando a Torra, la resolución será traslada al Parlament para iniciar la tramitación, pero ha añadido que puede pedir que haya "el procedimiento que se le ocurra, porque está en el plan de las ocurrencias y la inventiva jurídica". "Los criterios jurídicos de la JEC están bajo cuestionamiento desde el momento que se han dedicado a hacer política los últimos años", ha remachado.
Con respecto a Puigdemont y Comín, el abogado ha asegurado que, una vez la justicia belga ha dejado en suspenso la euroorden, se pueden mover por la UE y, una vez lleven a cabo algunos trámites, también en el resto del mundo. Pero ha descartado que se desplacen a España hasta que el estado "no dé muestras sólidas, claras y contundentes de respeto a la legalidad".
El abogado cree que el juez Pablo Llarena tendría que serenarse y "revisar bien" las últimas sentencias del TJUE. Y ha advertido que, si la justicia europea pide un suplicatorio al Parlamento Europeo para retirar la inmunidad a Puigdemont y Comín, habrá una "discusión jurídica de fondo" y el proceso se puede alargar "como mínimo seis meses o un año".