La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya tiene aprobados sus primeros presupuestos. Con el sí de los concejales de Barcelona en Comú, ERC, PSC, y la abstención de la CUP, el gobierno local ha conseguido 20 votos favorables, ante 18 en contra (CiU, Ciutadans y PP). 

Para conseguirlo, a los comunes les ha hecho falta un año de legislatura y dos últimas semanas frenéticas de acercamiento de posiciones con los anticapitalistas, que en un primer consejo político habían rechazado dar apoyo. Pero, finalmente, en el pleno de carácter extraordinario convocado este miércoles, han salido adelante unas cuentas que incrementan en 275 millones los prorrogados de 2015. 

"Es una propuesta justa, necesaria y urgente", ha reivindicado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en una corta intervención inicial. Más tarde, a pocos minutos para el recuento final, Pisarello ha pronunciado un discurso pasional a favor "de levantarnos contra la resignación, contra quien se empeña en decir que todos somos iguales", para añadir que Barcelona hace "un mensaje de esperanza ".

Los cambios

Haber conseguido tumbar los presupuestos prorrogados de 2015 ha llevado a cinco acuerdos fundamentales entre comunes y cuperos. El impacto económico total será de entre 6 y 7 millones de euros, como han enfatizado esta mañana, si bien en un documento de esta tarde incrementan la cifra hasta los 54 millones de euros (sumando propuestas que ya preveía el ejecutivo).

Uno de los aspectos más polémicos, ha sido tocar la Guardia Urbana. Una de las principales reivindicaciones de la CUP, que también llevaba el programa Barcelona en Comú, era que se disolviera la Unidad de Apoyo Policial (USP), una unidad de la policía local de Barcelona que tiene funciones antidisturbios.

Finalmente, si bien el gobierno se ha comprometido a retirarle esta función en el Plan Director que presentará en mayo, lo que no ha avalado es su desintegración y, como reclamaba la CUP, una reintegración de los agentes en otras tareas del cuerpo policial.

Pero ésta sólo ha sido una de las cinco demandas que desde la formación antisistema se ha logrado incorporar. Hasta 700.000 € irán destinados a la creación de un carné de ciudad, es decir, un documento por el que los sin papeles puedan acceder a los servicios públicos. También se ha acordado la remunicipalización del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) y Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PIAD), por un importe de 3,8 millones anuales.

Los dos últimos puntos son la ayuda al alquiler y una renta mínima para las mujeres en la ciudad, que debería servir para acabar proporcionándole una de global.

Pleno movido

El debate en el consistorio ha sido intenso y vivo y ha girado sobre dos elementos como son el cambio de modelo que evidencia la modificación de crédito, pero también los escenarios que se vislumbran para el futuro, como es una eventual entrada del PSC en el ejecutivo de Colau.

Los cuperos han sido los más contundentes en advertir Barcelona en Comú que desista en su voluntad de dar responsabilidades a los de Jaume Collboni. "Pensad bien si la entrada del PSC es necesaria para las políticas de cambio o sentencia los pocos anhelos por un cambio de etapa", ha advertido la concejal cupaire Maria Rovira, remarcando que "no avalaremos el continuismo maragallista".

Quién ha sido más seductor es el líder de ERC en Barcelona, ​​Alfred Bosch, que ha apelado a la fórmula badalonesa sumar ERC y CUP para "no traicionar las esperanzas" de los ciudadanos. "No es imposible", ha subrayado, explicando que Colau "tendrá que elegir entre nueva política y vieja política".

Grito al cielo

Los contrarios a la modificación presupuestaria han cargado duramente contra los comunes. "Muchos se sacan ahora la careta", ha asegurado la concejal de CiU Sònia Recasens. La democristiana ha criticado que "nunca un 10% había condicionado tanto un modelo de ciudad" y ha afirmado que "nos deja como única alternativa".

"Esta es la decisión más importante que toma el plenario una vez al año y se ha hecho a través de un proceso agónico, vergonzoso, a través de un mercadeo constante", ha clamado por su parte la concejala de ciudadanos, Carina Mejías. Incluso ha alertado de que "ponen en riesgo la liquidez de las arcas municipales".

También los populares han puesto toda la carne en el asador. El histórico Alberto Fernández Díaz ha pedido que Barcelona no sea "rehén de la CUP", aunque no cree que la partida para la incorporación de sus demandas sea más que "testimonial". Además, sobre la gestión municipal remarcó que se está convirtiendo el Ayuntamiento "en el cajero automático de la Generalitat" y eso "no es aceptable".

Eternamente vigilantes

Pero el serial barcelonés con los anticapitalistas no acabará aquí. La CUP se ha encargado de recordarle a Ada Colau que "estaremos vigilantes" y han insistido en que no avalarán el continuismo de la etapa Maragall. Maria Rovira les ha pedido reflexionar sobre "el viraje" que aseguran que han hecho hacia "la estabilidad institucional", hacia "la opción cómoda de la alternancia".

En 2017 han apuntado que no habrá cesiones. "Querremos el pan entero", ha dicho la concejal independentista. Es por ello que ha instado a que las cuentas para el próximo año sean "valientes".