Al día siguiente de las elecciones municipales 2023, habrá un nuevo juicio contra manifestantes. La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo lunes a cuatro personas, a quienes la Fiscalía acusa de desórdenes públicos durante la manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, en el paseo de Sant Joan, el 16 de octubre de 2019. En concreto, pide cuatro años de prisión para tres de los acusados, y a siete años y seis meses de prisión para el cuarto procesado, a quién acusa de haber quemado contenedores de basura -todo y que sin detallar cuántos- durante la protesta. Esta persona pasó un mes en prisión preventiva. La organización Alerta Solidaria ha expresado su apoyo a los cuatro encausados, especialmente a Roger, vecino de las Terres de l'Ebre, a quienes la Fiscalía pide cuatro años de prisión, en lo que califica "un nuevo juicio político".

Los hechos se iniciaron con una protesta delante del Departament de Interior, convocada por las redes sociales, hacia las ocho de la noche, donde se reunieron unas 10.000 personas, en el tercer día de las protestas contra la elevada condena a los líderes catalanes. La Fiscalía, en el escrito de acusación, relata que distintos grupos de personas empezaron a "alterar la paz pública" y tiraron objetos y piedras contra el cordón policial, así como a poner objetos y contenedores en la calzada, para evitar la circulación. Grupos de manifestantes dirigieron la protesta hasta la plaza de Urquinaona, y después de varios incidentes, los acusados fueron detenidos de madrugada, cuando se marchaban por la calle Fontanella.

Un escudo con la estelada

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que los acusados "se cubrían la cara con tapabocas para no ser reconocidos" y uno de ellos llevaba "un casco, un chaleco anti trauma, guantes, botas militares y un escudo de unos 60 centímetros de diámetro con una estelada y una barra de hierro de grandes dimensiones", y que protagonizaron diferentes desórdenes y el acusado del palo provocó daños a un cajero. Por eso, la Fiscalía acusa a los cuatro manifestantes del delito de desórdenes públicos, con la agravante de disfraz y provocarlos en una manifestación, este último tipo agravado se ha retirado del nuevo delito de desórdenes públicos.

Daños con incendio

Al acusado que llevaba el palo, la Fiscalía le pide cinco años de prisión por el delito de desórdenes públicos, más dos años y seis meses de prisión por el delito de daños por incendio, por la crema de contenedores, y que pague una multa de 1.080 euros por|para un delito leve de lesiones. El Ministerio Público añade que los acusados indemnizarán al Ayuntamiento de Barcelona por los daños, de los cuales no se adjunta el peritaje ni su valor.

En los últimos juicios, la Fiscalía ha optado por no modificar el delito de desórdenes públicos, reformado el diciembre pasado, y pedir que se aplique a los acusados el antiguo redactado, al asegurar que les es más beneficioso, a pesar de no hacerse una explicación clara y concluyente.