La acusación popular pide trece años de cárcel para Begoña Gómez y seis para su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, así como que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio a su esposa. Así lo ha solicitado Hazte Oír, quien lidera la acusación popular unificada, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico. Hace poco más de una semana, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Begoña Gómez sea juzgada con un jurado popular por dos delitos, tráfico de influencias y malversación. Ahora bien, archivó la instrucción en cuanto a los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Concretamente, Hazte Oír reclama que a Begoña Gómez le caiga una pena de prisión de dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito de malversación y también ocho años por malversación agravada por la apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid.
El escrito sostiene que Begoña Gómez se aprovechó de forma consciente de su condición de esposa del presidente del Gobierno para conseguir un beneficio económico y profesional. En concreto, se la acusa de influir sobre el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para crear la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, ser nombrada directora (a pesar de no formar parte del personal de la UCM) y conseguir financiación y apoyo técnico de grandes empresas como Reale Seguros, Telefónica, Indra y Google. Ante esto, solicitan dos años de prisión, una multa del doble del beneficio perseguido u obtenido, y diez años de prohibición para contratar con el sector público o recibir subvenciones.
La acusación también señala que Begoña Gómez utilizó de forma continuada (entre 2020 y 2025) a Cristina Álvarez para sus negocios privados, a pesar de tratarse de una trabajadora pública como asesora de la Presidencia del Gobierno. Según el escrito, Gómez dirigió las tareas de esta asesora hacia sus actividades docentes y mercantiles, como la gestión de patrocinadores y el desarrollo del software de la Cátedra, desviando así recursos públicos para su beneficio privado. Piden tres años y tres meses de prisión, y diez años de inhabilitación especial.
Por otro lado, el documento la acusa de haber desviado hacia su esfera de disponibilidad exclusiva el software informático desarrollado con fondos de la Cátedra. Se señala que, con voluntad de apropiarse de este activo, Begoña Gómez registró la marca y el dominio web a su nombre pagándolo con sus propios fondos personales para dar apariencia de titularidad privada, mientras que los costes sustanciales de desarrollo tecnológico los asumía la UCM. Finalmente, constituyó la sociedad mercantil Transforma TSC SL, de la cual es administradora y socia única, para gestionar y explotar este activo. Solicitan ocho años de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta.
Cristina Álvarez
El escrito también acusa a la asesora Cristina Álvarez por un delito de malversación de patrimonio público. Concretamente, se la considera cooperadora necesaria exclusivamente en el desvío del software hacia la esfera privada de Begoña Gómez. Le reclaman seis años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por su participación en concepto de cooperadora necesaria en el delito de malversación de patrimonio público (referente al desvío del software de la UCM). Se pide que preste fianza para asegurar la parte de las costas del juicio que le puedan corresponder.