El expresidente popular Mariano Rajoy conserva la protección de la justicia española para no dar explicaciones sobre su papel en la Operación Catalunya a la Batllia de Andorra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una nueva resolución, fechada este lunes, en la cual no acepta el recurso de la Abogacía del Estado, que sostiene que no se le han vulnerado derechos fundamentales y que el expresidente del Gobierno "usa de forma instrumental" este recurso, cuando lo podría hacer por la vía ordinaria. Rajoy sostiene que se le han vulnerado el derecho a tutela judicial efectiva y de igualdad porque tanto en la vía penal como en la vía administrativa no se le permitió presentar recurso contra la resolución del Ministerio de Justicia que aprobó la petición de colaboración judicial internacional, realizada por la juez de Andorra, Stéphanie Garcia. Y, el juzgado de instrucción 32 de Madrid, a quien le recayó la colaboración, no dio voz a Rajoy al considerar que era un trámite.
En el fondo, Rajoy indica que el Ministerio de Justicia denegó una comisión rogatoria a Andorra en el caso del inspector jefe de la policía española Celestino Barrosso al asegurar que cuando actuó tenía inmunidad diplomática. ¿Sin embargo, Rajoy tiene inmunidad diplomática? ¿La ha pedido? ¿Se lo dará el gobierno de Pedro Sánchez? La sección 6.ª de la sala contencioso-administrativa del TSJ de Madrid ya admite, en alguna de sus resoluciones, que este extremo se tendrá que aclarar, pero por ahora protege a Rajoy de la justicia andorrana.
La semana pasada, el TSJ de Madrid ya dictó una resolución en que aprueba la medida cautelar solicitada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, los blinda, y paraliza la resolución del Ministerio de Justicia del junio pasado que aprobó que se diera información de ellos a la juez de Andorra que los investiga por la Operación Catalunya. Afirmaba, como ahora, en la resolución del 19 de diciembre, que tiene que frenar la comisión rogatoria de Andorra porque si realmente se le han vulnerado derechos fundamentales, no se podría reparar.
Es un enredo procesal
El abogado de Rajoy, Jesús Santos – que defiende al PP en los principales procesos de corrupción- ha presentado recursos tanto en la vía penal como en la contenciosa-administrativa para frenar la comisión rogatoria de Andorra. Y hasta ahora ha salido ganando, aunque inicialmente los jueces y tribunales le denegaron los recursos por falta de claridad en sus demandas.
La Fiscalía, por su parte, aseguró en la vía penal, que se habían vulnerado derechos al expresidente Rajoy porque no se le permitió presentar recurso contra la aprobación de la comisión rogatoria. La Abogacía del Estado ha insistido, sin embargo, en que el acuerdo del Ministerio de Justicia de dar luz verde a la colaboración con la justicia andorrana es "un acto de trámite no cualificado", que significa que contra él no se permite recurso. Y en este sentido, la Fiscalía le da la razón.
En el nuevo recurso, la Abogacía del Estado insiste en que el expresidente Rajoy se está aprovechando del sistema judicial, y que antes de admitir este procedimiento de vulneración de derechos humanos, que es prioritario del resto, haría falta aclarar si el Ministerio de Justicia tiene que hacer un análisis preliminar de las comisiones rogatorias internacionales, recogidas en el Convenio y de 1959, antes de aprobarlas, como de forma automática hizo con el caso de Rajoy, ya que solo era entregar datos de ellos, para poder tomarle declaración como investigado, acción tutelada por un magistrado español. La colaboración no incluía extraditarlo a Andorra, que sería el siguiente paso si hay indicios para juzgarlo y él no quiere ir voluntariamente.
La policía patriótica
La defensa de Rajoy responde que presentó estos recursos porque "la actuación administrativa es sumamente grave" con respecto a derechos básicos, y ahora argumenta mejor que el Ministerio de Justicia sí que denegó una colaboración porque un policía tenía la condición de diplomático. Se trata del inspector jefe Celestino Barroso que fue agregado de Interior en la embajada española entre los años 2014 y 2017 en Andorra. Barroso es uno de los investigados por la juez de Andorra para ser miembro de la policía patriótica que, junto con el comisario Marcelino Martín-Blas (que se hacía decir "Fèlix"), en el 2014 amenazó y coaccionó a los titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) para que les diera información de la familia Pujol Ferrusola, de Artur Mas y de Oriol Junqueras, consiguiéndolo en el primer caso. Cuando la juez lo citó, el Gobierno alegó que tenía inmunidad. Martín-Blas sí que declaró. I Rajoy, por ahora, también se zafa de dar explicaciones sobre la Operación Catalunya.
Los hermanos Cierco, expropietarios de la BPA (clausurada por la guerra sucia del gobierno de Rajoy, según sostienen), y las entidades Institut de Drets Humans de Andorra (IDH) y Dretss, de Catalunya, mantienen el frente judicial contra los autores de la trama andorrana de la Operación Catalunya.