Andorra responde. Una jueza de Andorra ha citado a declarar como querellados al expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de miembros de la antigua cúpula de Interior por la Operación Catalunya, tal como le había solicitado el noviembre pasado la entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra (IDHA). El abogado Agustí Carles ha confirmado a ElNacional.cat que la juez de Andorra ha enviado una comisión rogatoria al estado español y que da quince días a los querellados para que se personen en el juzgado con un abogado andorrano o se les pondrá uno de oficio. Habrá que ver como se responde desde el gobierno español.
Con la querella, Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra pretenden que la justicia determine qué papel tuvo el gobierno español y el de Andorra en la liquidación del banco Banca Privada de Andorra (BPA) y las presiones para conseguir las cuentas bancarias de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. La jueza admitió en octubre de 2020 la querella presentada por los delitos de falsedad de documento y coacción de órganos constitucionales contra el expresidente español. Al exministro Fernández Díaz también lo consideran autor de un delito de amenazas, coacciones, extorsión y chantaje, junto con el exsecretario de Interior, Francisco Martínez Vázquez, y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.
En esta querella, también están personados Higini Cierco y Noguer, presidente de BPA, a la que se adhirieron el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, y la familia Pujol, también como perjudicados.
Pruebas
Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra presentaron un nuevo escrito, el noviembre pasado, a la titular de la sección de instrucción especializada 2 de Andorra en que pedían nuevas pruebas y declaraciones. El motivo alegado era a raíz de un informe de la Fiscalía española y una resolución de la Audiencia Nacional de octubre de 2021, donde se confirma que las notas del excomisario José Manuel Villarejo sobre la trama andorrana de la Operación Catalunya, "eran notas policiales y oficiales". Estas notas de inteligencia constan a la causa y fueron reconocidas y ratificadas por el excomisario Villarejo.
En cuanto al inspector Celestino Barroso, también querellado, se aportó la respuesta dada por el Gobierno, según la cual se mantiene sine die su inmunidad diplomática. Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra, fue quien el mayo del 2014 se entrevistó con el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, haciéndole saber que o colaboraban con el gobierno español o el "banco moriría" y "que los americanos ya estaban al caso de todo".
Protegidos
Hasta ahora, el gobierno español ha dado largas a las comisiones rogatorias internacionales de Andorra por el caso de la Operación Catalunya. En cuanto al ex-DAO Eugenio Pino se contestó que “está jubilado”, y del inspector jefe, Bonifacio Díez Sevillano Boni, se respondió desde la embajada española en México, donde estaba destinado, que precisaban aclaraciones, cosa que sirvió para volver a Madrid, y dejarla sin completar, según informa Drets. Por eso, la juez Stéphanie Garcia Garcia ha vuelto a enviar las comisiones rogatorias para Pino y Boni. El excomisario Marcelino Martín-Blas sí que declaró el 28 de noviembre 2018, mientras Celestino Barroso continúa sin hacerlo por la protección diplomática.
Sin inmunidad
El IDHA y Drets consideran que “la actuación del gobierno español para mirar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes —que, por cierto, nunca han aparecido— fue un ataque en toda regla a la soberanía andorrana”. Precisan que Rajoy, cuando visitó Andorra para reunirse con el gobierno del Principado, lo hizo como presidente del Gobierno y no como jefe de estado —figura reservada al Rey de España, según la Constitución Española—, con lo cual “no está protegido por la inmunidad prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano, del mismo modo que tampoco lo están sus ministros y resto de cargos políticos implicados”.
Las entidades también precisan que en caso de que los querellados sean condenados por los delitos por los cuales se los investiga, el estado español, de manera subsidiaria, se tendrá que hacer cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan causado a las víctimas de estos delitos. Es decir, a los ciudadanos andorranos Higini Cierco y Joan Pau Miquel, a la BPA como entidad, y a las instituciones andorranas, en este caso el gobierno, además de los políticos independentistas catalanes. Y detallan que el Convenio de Extradición de aplicación entre el Principado de Andorra y el Reino de España, es el Convenio Europeo de Extradición, de 1957.
Reclamación
La liquidación del banco BPA sigue un juicio paralelo en Andorra. Sus titulares también impusieron una demanda contenciosa administrativa en un juzgado español contra el Gobierno por haberles provocado la quiebra y por eso le reclama 141 millones de euros.