Blindados. Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una resolución en la que aprueba la medida cautelar solicitada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, y paraliza la resolución del Ministerio de Justicia del junio pasado que aprobó de dar información de ellos a la juez de Andorra que los investiga por la Operación Catalunya. Es decir, el tribunal ha parado la comisión rogatoria de Andorra hasta que resuelva el fondo del caso en sentencia, y los líderes populares quedan protegidos por la justicia de forma indefinida.
Inicialmente, el alto tribunal madrileño había rehusado la pretensión del expresidente del gobierno popular, asegurando que la comisión rogatoria ya había llegado a Andorra. El abogado de Mariano Rajoy y los de los ministros aclararon a los magistrados de la sección 6.ª de la sala del contencioso-administrativo que la información todavía no estaba enviada, puesto que se había impugnado en el procedimiento penal. Así, el TSJ de Madrid rectificó ya el octubre pasado y paró el procedimiento, y ahora —escuchadas las partes— lo ha hecho de forma definitiva hasta resolver el fondo del caso en sentencia.
La inmunidad diplomática de un policía
El TSJ de Madrid ha cambiado de parecer, puesto que asegura que ha comprobado que el gobierno español actuó "de manera diferente” con el inspector Celestino Barroso y que también lo podría haber hecho con miembros del anterior gobierno español. La jueza de Andorra quería interrogar Barroso para aclarar si había participado en la extorsión a los responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para que les facilitara cuentas de la familia Pujol Ferrusola, y el Gobierno le respondió que tenía “inmunidad diplomática” desde el 2011 al 2017 y no fue interrogado. Otros excomisarios españoles sí que han declarado en Andorra, como Manuel Villarejo. Rajoy y los exministros se escudan con esta inmunidad, a pesar de que actualmente no tienen ninguna, por no ser investigados. El tribunal también afirma que, si lo permite la comisión rogatoria, ya se les citará como investigados en Andorra, y por eso acuerda que se paralice la comisión rogatoria internacional.
Además, expone que en el procedimiento penal, la Audiencia de Madrid les ha dado la razón, y el titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, que aceptó la colaboración de Andorra al serle comunicada por el Ministerio de Justicia, ya que se trataba de una simple tramitación, ahora los tiene que aceptar como parte y escuchar sus recursos.
Hasta ahora, la alcaldesa de Andorra ha sido la única que ha investigado a la policía patriótica del PP, mientras la justicia española lo ha ido archivando todo.