Los 33 jueces y magistrados catalanes que vieron publicada su foto del DNI en el diario La Razón por haber firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en el 2014, han instado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que reabra su caso e investigue la vulneración del derecho a su intimidad. Su abogado, Josep Cruanyes, presentó el escrito, el 15 de junio pasado, a raíz de la revelación de conversaciones del comisario Eugenio Pino, que tenía grabado el comisario jubilado José Miguel Villarejo, donde admiten que la policía española filtró las fotos de los DNI al diario de Madrid. Cruanyes ha informado ElNacional.cat, que ahora añadirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), publicada este martes, que da la razón a los jueces y condena el Estado español por la filtración de sus imágenes y por el hecho de tener informes de personas solamente por su ideología. El manifiesto de los jueces -con argumentos jurídicos y ninguno político- avaló la consulta del 9-N, con la cual el TSJC condenó el Govern de Artur Mas por desobediencia.
El diario La Razón publicó la noticia, bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas, y los afectados presentaron una denuncia a la Agencia de Protección de Datos por vulneración de su normativa sobre la protección de datos, ya que se reproducía un informe elaborado por la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de la Policía de Barcelona, titulado Nota Interna, y que publicó el diario español. La Agencia abrió un procedimiento en el 2015, que cerró, y que un tribunal contencioso-administrativo le hizo reabrir en una sentencia, en mayo del 2018. Ante un segundo decreto de archivo, los jueces presentaron un recurso a la Audiencia Nacional, que aprobó el cierre en febrero del 2022, y ahora se esperaba la respuesta a un recurso de casación. Por la vía penal, también se cerró toda investigación al asegurar que no había un autor conocido.
La policía sabía las vulneraciones
En el escrito, Cruanyes insiste que en el caso de los 33 jueces (uno de ellos murió) se ha infringido la normativa de Protección de Datos. En concreto: con respecto a la calidad de los datos, se ha infringido el artículo 4, que fija que los datos se podrán recoger cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidades determinadas. También precisa que el artículo 6 establece que el tratamiento de los datos personales se tiene que realizar con el consentimiento del interesado. Y el artículo 7.4 establece la prohibición de ficheros que almacenen datos sobre la ideología de las personas.
El abogado también considera que se vulneró otro artículo (22.2) que solamente excluye la autorización previa de los tratamientos de datos por parte de la policía con la finalidad de investigar un delito, hecho -manifiesta Cruanyes- que no se produce en el caso de los jueces y "de eso son conscientes los responsables policiales, como se deduce de la conversación aportada", haciendo referencia a la noticia de El País, en que los comisarios critican al periodista de La Razon por haber publicado las fotos de DNI de los jueces y así suscitar las sospechas de la filtración hacia la policía española. Añade que también se vulneró el derecho de seguridad y del secreto de los datos, fijado en la ley de Protección de Datos.
Condena al Estado español
En la denuncia del 2014, el abogado Josep Cruanyes, criticó que la Agencia de Protección de Datos no reprobara esta filtración, y en el Ministerio del Interior por haber "vulnerado" el derecho a la intimidad de los magistrados". Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le da la razón. Según la sentencia del tribunal con sede en Estrasburgo, el hecho de que existieran estos informes policiales "recogidos sin ser de acuerdo con ninguna ley" ya supone una violación de derecho a la intimidad de los afectados.
Así, en el escrito dirigido a la directora del AEPD, Cruanyes insta a reabrir el caso y a hacer una nueva investigación ante los indicios que "dirigentes de policía instaron a la realización del informe de los magistrados y jueces, sabiendo de su ilegalidad, y que lo filtraron al diario La Razón" y después intentaron borrar los registros para no dejar rastro, y adjunta el audio donde lo manifiestan y que publicó El País. El abogado añade que las manifestaciones policiales en que reconocen la filtración del informe, el intento de borrar los registros y la crítica al periodista, que califican "tonto" por haber publicado las fotos del DNI "delatan la fuente policial", ya que las fotos en color solamente existen en el archivo policial y en el ejemplar del DNI que tiene cada persona (como publicó el diario español), mientras las reproducciones se hacen en blanco y negro.