Diecinueve trabajadores eventuales de la Generalitat cesados por el 155 mantienen abierta una batalla judicial contra la suspensión del autogobierno decretada por el ejecutivo de Mariano Rajoy que provocó que fueran fulminados de sus puestos de trabajo. Es precisamente contra Rajoy, como responsable del ejecutivo, contra quien dirigen su demanda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidió enviar al Supremo, y en concreto a la famosa Sala III, protagonista las últimas semanas del debate por el impuesto de las hipotecas. De hecho, el ponente de la causa es el mismo presidente de la sala, Luís Díez Picazo.

La abogada de estos 19 cargos, Sílvia Requena, habla de "golpe de Estado" cuando relata la cantidad de normas que, según su argumentación, se infringieron para fulminar a sus defendidos. Sin embargo, lo que admite que ha superado sus previsiones es lo que describe como "sadismo jurisdiccional", que ha provocado que, tan pronto como el proceso se ha puesto en marcha ―9 meses después de presentar la denuncia― les haya caído una penalización de 2.000 euros en costas a cada uno de los trabajadores por haber pedido unas medidas cautelares que el Tribunal ha desestimado.

Estrategia judicial de presión

Requena advierte que se trata de una estrategia para obligarlos a desistir, imponiendo unos costes que son inviables para muchos de los recurrentes, algunos de los cuales, en concreto cuatro, no han sido restituidos en sus cargos ni han encontrado trabajo y se encuentran en paro.

Son conscientes de que recurrir contra las costas puede provocar nuevas costas y que, de hecho, cualquier movimiento puede dar pie a nuevas penalizaciones. Un "a por ellos judicial", según la letrada, ante el cual reclama que el Govern apoye a sus trabajadores.

Según el informe del comisionado del 155, como consecuencia directa de la aplicación de este decreto fueron cesados 234 personas. De este total, sólo 88 han sido restituidos desde el levantamiento del 155.

Cinco departamentos

El recurso judicial de estos 19 trabajadores, que pertenecen a los departamentos de Presidència, Vicepresidència, Ensenyament, Salut y Governació, se puso en marcha cuando se hizo efectiva la suspensión del autogobierno.

El mes de noviembre presentaron un escrito de interposición de recurso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en que se denunciaba la vulneración de la Constitución española y de diferentes leyes catalana, pero también se alertaba que con el decreto del gobierno Rajoy se había rebasado claramente la habilitación hecha por el Senado.

La actuación legal se dirige en concreto contra el apartado segundo del decreto 943/2017 que firmaba Rajoy y por el cual con la suspensión del Govern quedaba también fulminado "todo el personal eventual adscrito" al president, el vicepresident y los consellers del ejecutivo.

Paralelamente se pidieron medidas cautelares para dejar sin efecto los ceses mientras no hubiera una decisión al respecto.

No obstante, el TSJC se inhibió del caso, en favor del Tribunal Supremo, y el recurso fue a parar a la Sala III.

Durante nueve meses no hubo novedad en la causa. Ningún movimiento. Hasta que la moción de censura descabalgó a Rajoy de la Moncloa y situó a Pedro Sánchez al frente del gobierno español. Esto ocurría el pasado 1 de junio.

A partir del 2 de julio se empezaron a recibir diligencias por las cuales se admitían a trámite uno tras el otro los recursos de los trabajadores del Govern y se abría un plazo de cinco días para hacer alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión pedida nueve meses atrás.

En este estos nueve meses no sólo se había hecho efectivo el cese del Govern y los cargos eventuales sino que ya había un nuevo ejecutivo en la Generalitat, encabezado por Quim Torra, y se había levantado el 155. Por lo tanto, los abogados presentaron un escrito dejando sin efecto la petición de medidas cautelares dado que ya no tenía razón de ser.

La respuesta de la Sala III del Supremo fue desestimar la suspensión e imponer las costas por los trámites a los recurrentes, lo cual les obliga a pagar 2.000 euros a cada uno de los 19 trabajadores que han presentado recurso.

Esta decisión encendió definitivamente las luces de alarma de los abogados, que alertan que la estrategia del tribunal es obligarlos a desistir, imponiendo unos costes que son inviables para muchos de los recurrentes.

Víctimas de la represión

Ante esta constatación, los trabajadores intentan conseguir el apoyo del Govern en su causa ante el Supremo. Argumentan que son también víctimas de la represión del Estado, que han perdido el trabajo, y algunos de ellos han sufrido graves repercusiones en su vida privada y en su salud como consecuencia de estos hechos.

Sílvia Requena expuso la situación al president Carles Puigdemont en Waterloo que les expresó su apoyo y la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la denuncia de los efectos de la suspensión del autogobierno. También han hecho saber la situación al president Quim Torra, y se ha reunido con el comisionado del 155, Pau Villòria. Incluso se ha dirigido a las entidades independentistas para conseguir el apoyo para los sus defendidos.

De momento, se mantienen firmes en la causa. Y no lo hacen en solitario. Otros trabajadores que no habían recurrido el cese se están sumando. Aunque la ley no permite que entren de lleno en la denuncia, porque se encuentran fuera de plazo, sí que prevé que se puedan acoger a una extensión de los efectos de la sentencia. De momento, ya son 26 los que se ha añadido por esta vía. La voluntad de los abogados es resistir en la vía judicial y llevarla hasta las últimas consecuencias, incluido el Tribunal de Estrasburgo.