El tratamiento jurídico que recibirán los 629 migrantes del Aquarius a su llegada a València y la presencia, sí o no, de políticos y periodistas en el momento que atraquen los barcos ha abierto una brecha en las cordiales relaciones que durante días han mantenido los interlocutores del gobierno español y valenciano ante esta crisis humanitaria.
El Gobierno español actuará como frontera europea en el tratamiento que dará a los 629 migrantes rescatados por el Aquarius que llegarán mañana a València, lo que implica que no se pueden descartar ingresos en los Centros de Internamiento de Extranjeros ( CIEs) expulsiones y devoluciones a sus países de origen, en el caso de que tengan antecedentes penales o prohibición de entrada. Esta decisión ha provocado una brecha entre el gobierno del Estado y la Generalitat Valenciana quien, desde el inicio de esta acción de acogida, aseguró que se les trataría como refugiados y no se les aplicaría la ley de extranjería.
Tanto la vicepresidenta española Carmen Calvo, como la ministra portavoz Isabel Celaá, han mantenido el discurso de: "Nada es descartable, todo el mundo conocerá si tiene estatus de refugiado, si es inmigrante económico, incluso si efectivamente tiene delitos que le hacen acreedor a ser expulsado". La "única excepcionalidad" es que se trata de "un acto profundo y solemne de solidaridad y de prestación de auxilio" con las 630 personas que fueron rescatadas en el Mediterráneo por el buque Aquarius.
Pero Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, siempre ha sostenido que los 629 migrantes del Aquarius serian tratados como refugiados “en las tres reuniones de coordinación celebradas hasta el momento ante la llegada de la flotilla del Aquarius los representantes del Gobierno central no plantearon que se iba a aplicar la ley de extranjería a estas personas. La representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social señaló que se permitiría la entrada de estas más de 600 personas a España por razones humanitarias y, seguidamente, se les ofrecería la posibilidad de declarar su voluntad de solicitar asilo, con lo cual conseguirían la protección y el plan de acogida asociado”.
Según Oltra, esa solicitud de asilo "tiene toda la lógica" porque no se está hablando de un barco "que llega a este país" y se encuentra en aguas nacionales, sino que "vienen al puerto de València porque ha habido una intervención política de las instituciones españolas para que se dé ayuda humanitaria a estas personas y puedan llegar a un puerto seguro". "El tratamiento, ya de inicio, no es el mismo: es el Gobierno español el que ha determinado que estos barcos vengan al puerto de València", ha dicho, por lo que considera que "no es una cuestión de extranjería, es una cuestión de derecho humanitario". "No han llegado aquí y nos las hemos encontrado en el puerto, a estas personas las ha llamado el Gobierno de España", ha incidido, señalando que este hecho marca la diferencia entre optar por una vía u otra a nivel legal.
Especialistas sí, políticos no
Respecto a la pertinencia o no de que en este recibimiento hayan representantes políticos también se ha estado debatiendo –y cuestionando– en las últimas horas. Sin ir más lejos, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que él no acudiría a la recepción y consideraba que debían ser recibidos única y exclusivamente por profesionales: psicólogos, médicos, abogados.
Sí estará, sin embargo, la número dos del ejecutivo valenciano. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, estará en la base operativa del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) que se instale en un edificio de La Marina. "Cada uno que esté donde quiera", ha respondido a las preguntas de los periodistas tras afirmar que donde se debía estar era "coordinando y no molestando, ni estorbando".
La vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo ha pedido una recepción "respetuosa y tranquila" y sin políticos. Y añadió que las instituciones ya estaban haciendo su trabajo en reuniones como la que minutos antes se había producido entre ella, el jefe del Consell, y Oltra, pero después debían ser los expertos los que debían decidir.
Por su parte, Joan Ribó, alcalde de València, también ha pedido "dejar trabajar a los profesionales y guardar la intimidad y la dignidad de las personas" que llegaran mañana a la ciudad tras ser rescatadas en aguas del Mediterráneo. Apela a la "responsabilidad" de "toda la sociedad" y, "especialmente, de políticos y medios de comunicación" para estar "a la altura" de lo que requieren estos inmigrantes y refugiados, personas que "han padecido mucho y necesitan descanso y atenciones".