Antoni Gaspar (Faura,1973) se convertirá hoy en el nuevo presidente de la Diputació de València en sustitución del dimitido Jorge Rodríguez, que fue detenido el pasado mes de junio en una operación judicial llamada Alquería y todavía declarada secreta, y que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la empresa provincial Divalterra.
Las aspiraciones políticas de Gaspar, militante del PSPV-PSOE, durante los últimos años, han coincidido precisamente con pugnas contra quienes hoy son los principales representantes del socialismo valenciano: Ximo Puig, a quien le disputó la candidatura a la Presidencia de la Generalitat en 2014, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que le ganó la secretaria del PSPV de la provincia de València en 2012.
Estas dos derrotas no han minado la ambición política de este economista, hasta hoy vicepresidente de la Diputació y alcalde de Faura, un pueblo de la comarca del Camp de Morvedre que responde a las características de una población de menor de 20.000 habitantes que puede recibir las prestaciones y servicios públicos para los que fueron creadas las diputaciones provinciales en 1836; la recogida de basuras, abastecimiento de aguas, limpieza, accesos, vías urbanas y alumbrado.
Entidades clientelares
182 años después de su creación, las diputaciones provinciales, constitucionales pero anacrónicas con el mapa del estado autonómico español, están consideradas como entidades instrumentales, generadoras de duplicidades y redes clientelares, como así lo constató el estudio Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario coordinado por la fundación ¿Hay derecho?, en 2016.
En la actualidad existen en España 51 diputaciones, cabildos y consejos insulares. Las tres diputaciones valencianas manejan al año 824 millones de euros para atender a 266 municipios del total de 542 del territorio valenciano.
El debate sobre la continuidad o desaparición de las diputaciones provinciales es cíclico, político-jurídico y preelectoral. En el País Valencià lo es, además, como resultado de acciones policiales que en los últimos años han afectado a las presidencias de las de Castelló, València y Alacant.
El PSOE y Ciudadanos acordaron sus supresión y sustitución por Consejos de alcaldes cuando la primera moción de censura fallida de Pedro Sánchez contra Rajoy. Hoy los socialistas hablan de modernizarlas reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Ciudadanos mantiene el discurso de suprimirlas y fusionar municipios para que puedan prestar servicios de forma más eficaz y sostenible. Podemos aboga por la supresión para que sean las Comunidades Autónomas las que decidan qué tipo de organismo intermedio intermunicipal consideran más adecuado.
Solo el PP defiende su continuidad, acusando al resto de formaciones de querer cerrar los pueblos o dejarlos huérfanos de los servicios que ofrecen estos organismos.
Las Diputaciones captan el voto rural
El debate y la toma de decisiones al respecto, parece urgente e inaplazable. Pero las diputaciones, hoy por hoy, siguen siendo un instrumento decisivo en la disputa del voto rural en las citas electorales y marca las negociaciones para la formación de gobiernos tras la cita con las urnas.
Si de eficacia y transparencia se trata, Hacienda admite que las diputaciones no son las administraciones más costosas y el 90% de las mismas presenta sus cuentas anuales. Pero PSOE y Ciudadanos justificaron su acuerdo en que se evitaría un gasto de entre 4.000 y 5.000 millones. La reducción del presupuesto vendría de la eliminación de competencias impropias o duplicadas. Según Hacienda, este ahorro podría elevarse, en todo el Estado, a 3.500 millones de euros.