Después de un bloqueo de siete años, la reforma del Estatuto de autonomía del País Valencià se mueve en el  Congreso de los Diputados. La reforma lleva atascada en Madrid desde 2011, cuando las Corts Valencianes aprobaron una reforma del texto con la cual se pretendía añadir una cláusula por la cual la inversión del Estado en el territorio valenciano sería equivalente a su peso poblacional. Ahora, los grupos parlamentarios ultiman un acuerdo para modificar a la conocida como 'cláusula Camps' y evitar que la reforma del Estatuto haya de ser secundada por los valencianos en referéndum.

Los diputados valencianos intentarán, ahora, recuperar una medida que otros estatutos, como el catalán y el andaluz, sí que tienen desde hace tiempo. Se trata de una disposición adicional que hace referencia a la equiparación de las inversiones del Estado con el peso poblacional que en el año 2006 el expresidente popular, Francisco Camps, se negó a aprobar porque la consideraba inconstitucional.

El capricho de Camps

La reforma del Estatuto fue la primera aprobada en todo el Estado, después de la victoria socialista en las elecciones de marzo de 2004. El Estatuto de Catalunya tenía que ser el primero, pero tanto el PP como el PSOE arrancaron primero al valenciano para convertirlo en un punto de contención ante unas demandas más profundas por parte del parlamento de Catalunya. Los socialistas y los populares esperaban que la normativa valenciana marcara los límites que el resto de Estatutos no podrían superar.

Los hechos, sin embargo, no ocurrieron así. Aunque Camps en aquel momento no se atrevió a fijar de manera firme cuestiones como las inversiones del Estado en el País Valencià se equipararon al peso poblacional, sí que lo hicieron otras autonomías y no sólo Catalunya, sino también Andalucía. El expresidente de la Generalitat, primero criticó esta medida y después quiso tenerla también en la normativa valenciana.

"Participar" en lugar "de obligar"

En previsión que los otros estatutos superaron a los valencianos, Camps había hecho aprobar en 2006 la cláusula que se bautizó con su nombre, que no era sobre las inversiones sino sobre cualquier materia en que las otras normativas hubieron llegado más lejos que la valenciana. Precisamente, las inversiones se revelaron como la diferencia más sangrante. La reacción de Campos venía marcada por la impotencia al comprobar que otras autonomías conseguían aspectos que el exjefe del Consell no consideró.

Pero además de esta nueva ubicación, los principales grupos de la Cámara han llegado a un pacto sobre el contenido de lo que quieren que sea el futuro artículo 52.4 del Estatuto y que incluirá una modulación de la ya famosa cláusula sobre inversiones.

En su redacción original, la cláusula obligaba al hecho a que la inversión del Estado en la autonomía fuera equivalente al peso de su población. No obstante, el Tribunal Constitucional ya ha dictado varias sentencias en las cuales deja sin efectividad cláusulas similares de otros estatutos bajo la premisa que estas normas no pueden acondicionar el gobierno español a la hora de aprobar los presupuestos del Estado.

Por eso, los promotores del acuerdo han querido rebajar el contenido de la redacción inicial y han decidido dejarlo en el hecho de que la Generalitat "participará en las decisiones de inversión del Estado" en su territorio. Eso sí, se mantendrán las noticias en el peso de la población de esta comunidad en relación con la del resto del Estado.

También se mantendrá la previsión de crear una comisión integrada por la Generalitat y el Gobierno para tratar estos asuntos, en la cual, a propuesta de IU, se sumarán también representantes de la administración local.