“Nosotros estamos por la liberalización de todos los peajes de las autopistas que han terminado y concluido, y lógicamente como en su concepción inicial, deben revertir a lo público”. Son palabras pronunciadas hace menos de dos meses por el hoy ministro socialista de Fomento José Luis Ábalos. Unas declaraciones que sus compañeros de partido y presidentes de gobiernos autonómicos Ximo Puig (València), Javier Lambdan (Aragón), Susana Díaz (Andalucía) y colectivos sociales le van a recordar como un mantra durante los próximos meses ante el horizonte de las elecciones autonómicas de 2019. Puig ya lo ha hecho en una carta, suscrita por todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, en la que se detallan las peticiones de la agenda valenciana.

 

La concesión de la AP-7 entre Tarragona y Alacant que gestionan Aumar-Abertis vence el 31 de diciembre de 2019. También en esa misma fecha y concesionarias, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Y el de la AP-2 entre Zaragoza-Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol expiran el 31 de agosto de 2021 y están gestionadas por Acesa-Abertis.

En total, unos mil kilómetros sobre los que Ábalos tendrá que tomar una decisión. Pero la primera, que además puede marcar el rumbo para todas las demás, es la que afecta a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, y que vence el 30 de noviembre de este año.