“Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho.”
Immanuel Kant

No ha caído aún la nieve y ya nos cubre un manto de silencio. Todo es silencio. El mundo es silente y las ideas se transmiten amortiguadas, como si nos hubiera cubierto una gran nevada aunque no nieva. Es todo silencio en torno a todo lo que rodea el pacto para la normalización y la ley de amnistía. Sabemos que se ha pactado no revelar los nombres del mecanismo de verificación más allá del diplomático salvadoreño. Ni Junts ni el PSOE van a soltar prenda ni confirman ni desmienten los múltiples rumores que corren o las informaciones que algunos ya tienen. Silencio. No es el único caso, la falta de comunicación afecta también a la cuestión de las enmiendas que se presentarán a la ley de amnistía durante su tramitación parlamentaria.

Nadie quiere contar nada. Es curioso, porque el desarrollo y los pactos sobre el texto de la amnistía ya fueron de por sí prolijos y estuvieron a punto de descarrilar varias veces, hasta que parece que socialistas y juntaires estaban de acuerdo en el articulado y convencidos de que se salvaría el filtro constitucional. El texto fue mostrado a ERC, que vendió que casi era su propio texto. El resto de los socios de gobierno también tomaron conocimiento y, sin embargo, ahora hay que enmendar, parece que sin complejos, y parece que para “salvar la ley”. Las informaciones son muy confusas y no lo son por casualidad. Sabemos, eso sí, que los problemas se centran en el apartado del artículo 2 que exceptúa de la amnistía el delito de terrorismo pero a su vez exceptúa de la excepción aquellas causas sobre las que no haya recaído sentencia firme. Fue la fórmula que en el pacto inicial se aceptó para conseguir salvar las reticencias políticas sobre el terrorismo, las salvedades de las directivas europeas y, a la par, asegurarse de que los encausados por García-Castellón —el juez imaginativo— en Tsunami y CDR podrían acogerse a la ley de olvido. Ahora, si escuchas a unos y a otros, resulta que Junts quiere enmendar lo que aceptó; ERC quiere mejorar lo que hicieron los otros y asegurar la exoneración de Puigdemont; Sumar está con unos u otros según con quién hables y los socialistas insisten en que, tal y como está, es impecable.

Tal y como se están poniendo las cosas, hasta la primavera me parece pronto para que la ley de amnistía sea consumada

No tengo idea de cómo piensan mejorar ese artículo. Lo cierto es que la creación de causas de terrorismo en torno a las protestas por la sentencia del procés es uno de los casos más burdos de maleabilidad perversa de la justicia. Sólo por causas como esta, la amnistía está ampliamente justificada. Así pues, ¿cómo pretender que el terrorismo catalán inexistente no quede comprendido en la norma? Por eso hay quien ha tirado precisamente de los delitos de terrorismo, para convertirlos en una barrera jurídico-política insoslayable. No sé cómo pueden no meter como amnistiable el terrorismo y a la par evitar el indudable abuso que supone la imputación de Puigdemont por esos delitos.

Hay malas lenguas que, aprovechando el silencio, pretenden deslizar en nuestros periodísticos oídos la idea de que ERC y el PSOE no verían mal quitarse de en medio al de Waterloo para las próximas elecciones catalanas, que asoman a finales del año que viene, y que en ese caso, dejarlo con una imputación y fuera de Catalunya no les haría llorar nada de nada. Esas bocas perversas pretenden que el frenesí por enmendar de los republicanos no buscaría precisamente contribuir a afianzar el regreso del expresident. No les prestemos oído porque, como les he dicho, saber lo que es saber, no sabemos nada y poco podemos asegurar. Más malévolos son los que pretenden que dentro de Junts también hay quien prefiere seguir adelante sin la carga de Waterloo. Y es que Junts también pretende ahora cambiar esa parte del articulado aunque, hasta donde sabemos, les costó lo suyo arrancarle al PSOE que esos casos de terrorismo entraran en la amnistía. Tampoco puedo decirles qué pretenden al enmendar lo que antes dieron por bueno. Silencio y ver caer la nieve.

La estrategia de Junts es complicada de entender. Yo diría que en estos temas errática. No comprendo ese afán por confrontar de la peor manera con la judicatura, salvo que se trate de obtener un relato energizante para sus propios seguidores y para atraer a los que podrían volver. No entiendo el discurso en el Congreso de Nogueras ni las declaraciones de Rius: “Es obligado que vayan [los jueces, a la comisión] y en caso contrario puede haber consecuencias penales que están previstas actualmente”. No es cierto que los jueces estén obligados a explicar sus resoluciones o decisiones ante ninguna instancia que no sean los propios tribunales y así lo recogen la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial (art.399.1) y en algunos casos la ley de secretos oficiales. Así debe ser. Los jueces son independientes, inamovibles y sometidos sólo al imperio de la ley. No irán y hacen bien. Si han prevaricado, que alguno lo ha hecho, lo que toca es querellarse contra ellos. No es eso lo que me llama la atención sino la amenaza con las consecuencias penales. La interpretación general de todos los jueces es la que les digo, así que si no comparecen, amparados por el CGPJ y por la ley, ¿quién va a aplicar las consecuencias penales de las que habla Rius? ¿No ve que sólo los jueces penales podrían establecer responsabilidades penales sobre los jueces que sean llamados y no lo van a hacer en su justa interpretación de las normas?

Supongo que todo tiene una explicación política, que no práctica ni jurídica. Tal y como se están poniendo las cosas, hasta la primavera me parece pronto para que la ley de amnistía sea consumada. Haciendo tal ruido y amenazando no van a mejorar los plazos y como el resto se desarrolla sumido en el silencio, sin que caiga la nieve siquiera, nos quedamos con un amplio espacio abierto a que las derechas maniobren e intenten hacer fracasar la iniciativa.

¿Quién ríe mientras se prepara tanta enmienda?