Hace sólo quince días anticipé el probable rechazo de la justicia alemana a la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, a la vista de la redacción del tipo delictivo de alta traición en el Código Penal alemán, que requiere violencia o intimidación. Pero parecía que no, que Llarena había hecho un muy buen trabajo, que Merkel y Rajoy eran muy amigos y Alemania un país serio. Puigdemont sería extraditado pronto.

Siendo muy ilustrativo el entusiasmo de los portavoces mediáticos del tripartito del 155 y de otra cobertura del unionismo ante la noticia de la detención del líder catalán, todavía fue más destacada la reacción a las noticias judiciales que vinieron del land alemán de Schleswig-Holstein. De repente, brotaron euroescepticismos y viejos complejos de inferioridad, con opiniones no muy diferentes del patrioterismo imprimido a la guerra de Cuba (1898) o de los guiños aislacionistas de la España franquista de 1946 ante la retirada internacional de embajadores. De repente, el acuerdo Schengen no sirve, Europa no tiene contenido ni proyecto y los alemanes son supremacistas. Todo porque un tribunal independiente de un Estado democrático no acepta una acusación huérfana de hechos.

Y, si no quieres caldo, aquí van dos tazas. El gabinete de prensa del Tribunal Supremo informaba de que el magistrado Llarena podría plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE que paralizaría el trámite de las euroórdenes en Escocia, Bruselas y Alemania, proyectando la idea de un recurso que es imposible, porque quien puede plantear esta clase de cuestiones son los tribunales que conocen de las euroórdenes, no el tribunal emisor de las mismas. Está muy claro en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Puigdemont ha conseguido europeizar el procés y está ganando la batalla de la opinión pública europea. Las manifestaciones de la ministra federal alemana de Justicia (SPD) y de relevantes eurodiputados de la CDU muestran que en el principal Estado de la UE la cuestión catalana ya no es una cuestión interna del Estado español. Es necesaria una mediación internacional sin condiciones previas y parece que esta mediación ya no es una ocurrencia en el corazón mismo de Europa.

 

Xoán-Antón Pérez-Lema es abogado