En el final del largometraje Judgment at Nuremberg (1961), el presidente del Tribunal Internacional que juzgó a varios jueces del Reich alemán por crímenes contra la humanidad, Dan Haywood (Spencer Tracy), finalizado el juicio y notificada la sentencia, visita en su cela a uno de los principales condenados, el Dr. Ernst Janning (Burt Lancaster), ya condenado en ese instante a cadena perpetua. Janning le expresa al juez Haywood su reconocimiento y su repulsión frente a los crímenes contra la Humanidad conocidos en el curso del juicio. Y Haywood hasta entonces compasivo, le dice ácidamente: "Dr. Janning, todo ese horror comenzó cuando usted condenó a la primera persona inocente".
En esta campaña electoral a la Asamblea regional de Madrid, la izquierda española (PSOE, Unidas Podemos y Más País) denuncia el mensaje racista, sexista y fascista de Vox, que va a ser clave para dar la presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso, del PP. Dicen las izquierdas españolas que ahora se va a dar la principal novedad de la entrada de Vox en el gobierno regional o, por lo menos, el crecimiento sustancial de su influencia.
Vaya por delante que PP y Cs ya pactaron con Vox los gobiernos de Murcia o Andalucía. Pero parece que mientras no sucedan las cosas en Madrid, no existen para nadie. En cualquier caso, la connivencia de la derecha española con la extrema derecha de Vox viene desde hace años y desgrana un mapa político impensable en Francia o Alemania, donde la derecha gaullista y la CDU se oponen férreamente al Frente Nacional galo y a los neofascistas alemanes de la Alternativa por Alemania.
Pero el salto del fascismo ya existía hace años y fue señaladamente visible en la reacción del centralismo españolista al procés. Frente a una mayoría política soberanista catalana que solo quería ejercer su derecho a decidir (con las dificultades jurídicas que tiene el reconocimiento de este derecho de las naciones en el marco constitucional vigente, lo que no es ni era responsabilidad de la ciudadanía catalana ni de sus representantes), el extremismo españolista ejerció una oposición violenta manifestada en los gravísimos incidentes de la librería Blanquerna en Madrid (Diada de 2013), en las agresiones a periodistas, como la del fotoperiodista Borràs en Barcelona (17 de julio de 2018) o en el asalto a la radio pública Catalunya Ràdio (27 de octubre de 2017). Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2017, el extremismo españolista fue autor de 139 agresiones violentas en el país catalán.
El Estado y las fuerzas políticas españolistas legitimaron la intolerancia del extremismo españolista cuando les interesó que este extremismo fuera aliado y vanguardia en la represión contra el soberanismo catalán
Para la derecha españolista del PP y Vox estos grupos extremistas y neofascistas nunca fueron un problema. Pero tampoco para el PSC, que compartió la manifestación del 8-O de 2017, copresidida por Josep Borrel y Salvador Illa (PSC), con toda clase de elementos extremistas actuantes antes, durante y después. Un PSC que no tuvo inconveniente en aprobar las acciones violentas desarrolladas por órdenes del Gobierno Rajoy por elementos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1-O de 2017 y de votar a favor de un inapropiado 155 en el Senado el 28-O de 2017.
Algunos dirán que comuns y Podemos permanecieron al margen de este aluvión del extremismo españolista. Pero permanecieron también al margen del propio combate al fascismo, manifestando una equidistancia imposible entre la violencia del Estado y de los grupos extremistas y la actuación soberanista pacífica en la calle. Una equidistancia que les lleva a priorizar a Illa como president respecto de la solución independentista plural que votó la ciudadanía catalana el pasado 14-F, como les llevó a aceptar los votos de la derecha españolista de la candidatura "Cs-Valls" para que Ada Colau fuera alcaldesa de Barcelona, en lugar del más votado Ernest Maragall (ERC). O les lleva a deslegitimar una fuerza soberanista, democrática y transversal como JuntsxCat.
En el caso del procés, lo peor fue la concurrencia (incluso connivencia) de estas agresiones fascistas en la calle con la represión estatal (1-O, 155, enjuiciamientos por tribunales incompetentes, sentencias que apresaron a presos políticos por delitos incompatibles con los Códigos Penales democráticos...). He ahí el aviso del voto particular de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer cuando propugnan que el conseller Jordi Turull (finalmente, todos los presos políticos condenados por sedición) debería ser absuelto por el Tribunal Supremo (TS), a causa de la indeterminación de las conductas penadas por sedición en el Código Penal. Una auténtica enmienda a la totalidad a la aplicación del derecho penal por el TS en la sentencia del procés que, junto con la jurisprudencia belga considerando incompetente para el referido enjuiciamiento al TS, constituye un sólido cimiento para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declare incompatible la condena del juicio del procés con los derechos fundamentales de los presos políticos.
El Estado y las fuerzas políticas españolistas (también, en muy gran medida, la izquierda) legitimaron la intolerancia del extremismo españolista cuando les interesó que este extremismo fuera aliado y vanguardia en la represión contra el soberanismo catalán. Alentaron a Vox como acción popular ante el TS y asumieron su agenda centralista y negadora del derecho al autogobierno y a la autodecisión de las naciones.
Ahora parece que el fascismo es una vigorosa realidad en Madrid: "Dr. Janning, todo ese horror comenzó cuando usted condenó a la primera persona inocente".
No hay ni puede haber democracia y libertad en el estado español si no se garantiza el derecho a existir, ser, desarrollarse y decidir de sus pueblos y naciones. El fascismo surge del centralismo españolista.