Josep Borrell tiene una trayectoria controvertida, como político y como ciudadano. Tuvo que dimitir como candidato del PSOE al gobierno del Estado en 1999 a causa de su culpa in eligendo y gran proximidad personal con el corrupto Josep María Huguet (inspector jefe de la Hacienda estatal en Catalunya con Borrell, secretario de Estado de Hacienda), condenado a casi siete años de prisión por diversos importantes sobornos. En 2012 tuvo que dimitir como director del Instituto Universitario Europeo de la inmortal Firence al descubrirse que percibía 300.000 € al año como consejero de Abengoa, retribución incompatible con su cargo. En noviembre de 2018 fue sancionado por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con 30.000 € de multa (sanción definitiva, al no recorrerla judicialmente en el tiempo debido) por usar información privilegiada cuando vendió acciones de su antigua mujer antes de la pérdida de valor de la energética andaluza.

Ahora la Abogacía del Estado recurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la reapertura de las oficinas exteriores de la Generalitat en Londres, Ginebra y Berlín por, por lo visto, destinar recursos y actividades para difundir las tesis "independentistas". Y para fundamentar esta reclamación se acompañó de datos y documentos "reservados" obtenidos mediante el ilegal espionaje al personal de estas oficinas.

Encomendar la diplomacia europea a un político de esta casta es tanto como poner al zorro a vigilar a las gallinas

Lo más grave, desde la perspectiva global europea, es que este espionaje afectó a personas ajenas al gobierno catalán. En el Reino Unido, al diputado en Westminster (MP) galés del Plaid Cymru Hywel Williams, y a otros MP de la comisión del Parlamento de Westminster que estudia la cuestión de Catalunya. Incluso parece que podría estar entre las personas espiadas el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, e incluso la first minister escocesa, Nicola Sturgeon.

El asunto tendrá un largo recorrido, pues sólo se conoce una parte de lo que pasó. Pero lo que queda claro es que un ministro del Gobierno del Estado espió o autorizó actividades ilegales de espionaje de otros servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y también sobre otros gobernantes y diputados de otros estados europeos.

Hay motivos de sobra para que Borrell no prorrogue ni un solo día más su mandato ministerial en funciones y renuncie pronto a la dirección de la política exterior europea para la cual acaba de ser cooptado por el Consejo Europeo. Porque encomendar la diplomacia europea a un político de esta casta es tanto como poner al zorro a vigilar a las gallinas.