La Diada de 2021 dejó una imagen de movilización ciudadana potente, como ha sido reconocido en los medios europeos e internacionales, por más que el gobierno local barcelonés de la alcaldesa Colau y la Guardia Urbana de la ciudad hayan demostrado inequívocamente, una vez más, que contar personas en la calle no es lo suyo.

La que constituyó la movilización ciudadana europea numéricamente más importante después de la declaración de la pandemia demostró también, una vez más, la importancia de la movilización ciudadana y de la existencia de una sociedad civil organizada, resaltando inequívocamente el papel de una ANC independiente de los partidos políticos, que es fundamental en la organización del soberanismo catalán, por más que los partidos políticos tradicionales no han entendido ni respetado históricamente este tipo de organizaciones. Ni en Catalunya ni en casi país alguno.

No ha sido la única buena noticia para el independentismo catalán este 2021, a pesar del pesimismo ambiental y de las divisiones tácticas y estratégicas entre las fuerzas soberanistas, en gran parte motivadas por la represión inclemente del aparato gubernamental español. La obtención, por primera vez, de una mayoría absoluta de votos (52,2%) en las elecciones nacionales de febrero demostró, a pesar de todos los factores desmovilizadores, que existe una importante resiliencia en el electorado soberanista catalán. El propio equilibrio electoral entre ERC y JuntsxCat (que no figuró dentro de lo probable durante buena parte de 2020) exigió un esfuerzo de integración para constituir un Govern sustancialmente paritario que ha dado muestras de nuevas ideas para mejorar la gestión del aparato autonómico y para construir estructuras autonómicas más eficaces que puedan servir para el día de mañana a posibilitar la independencia, como está desarrollando el conseller Giró con la Agencia Tributaria catalana.

La obtención, por primera vez, de una mayoría absoluta de votos en las elecciones nacionales de febrero demostró, a pesar de todos los factores desmovilizadores, que existe una importante resiliencia en el electorado soberanista catalán

Además, la obtención de los indultos de los presos políticos no supuso ningún tipo de abdicación personal ni reconocimiento de responsabilidades penales individuales, sino que se concedieron básicamente como consecuencia de la presión manifestada en el dictamen aprobado al efecto por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Logro político éste que demuestra, junto con otros logros judiciales en instancias europeas, la importancia de la acción jurídica, pero también del impulso político desde el exilio por parte del president Puigdemont y de varios consellers, lo que a su vez pone en valor la conveniencia del Consell de la República como instancia de enlace estratégico entre la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones catalanas y locales con especial atención a la acción política y jurídica, tanto en el ámbito europeo como exterior.

La mesa de diálogo

En estas condiciones llegamos al 15-S y a la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno del Estado de Pedro Sánchez. Para bastantes, una oportunidad importante; para otras muchas personas, un fracaso antes de nacer.

Bueno sería pensar en las distintas circunstancias que alumbraron el diálogo de Pedralbes de fines de 2018 y el de este septiembre de 2021. En diciembre de 2018 el Gobierno del Estado llegó a reconocer la conveniencia de la intervención de una tercera parte mediadora o “relatora”, lo cual se inserta en la mecánica habitual de las negociaciones internacionales cuando las partes se sientan a hablar.

Ningún elemento de bilateralidad semejante se observa hoy. Todo lo contrario. Desde el lado del Gobierno del Estado se ha procurado insertar esta mesa en el marco de las relaciones entre dicho Gobierno y la Administración que dirige y el Govern y la Administración de la Generalitat, como si se tratara de una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación reforzada. Además, la mesa viene precedida por el gesto unilateral e inamistoso de retirar la oferta de financiación para la ampliación del aeropuerto del Prat (demostrando la injusticia e inconveniencia del régimen de financiación común en el cual sólo el Estado tiene dinero para invertir en proyectos estratégicos) y por el rechazo a hablar de cuestiones como la amnistía o la posibilidad de un referéndum pactado. Por no haber no hay ni propuestas autonómicas. Un nou Estatut (al estilo de la devolution que Westminster prometió hace ahora 7 años a los escoceses en las diez de últimas antes del referéndum para ganarlo y después incumplir su promesa), el blindaje y ampliación competencial del autogobierno o un nuevo pacto fiscal que constituya una propuesta estable de suficiente financiación de servicios e inversiones son todas cuestiones que no están encima de la mesa.

En el ámbito de la amnistía, nada de nada. Ni la única propuesta realmente resolutiva, la amnistía strictu sensu, ni otras alternativas parciales como la despenalización de la sedición que permita el regreso de las personas exiliadas y la extinción de las penas accesorias de inhabilitación para cargos públicos que sufren los presos políticos (con razón escribía esta semana David González en ElNacional.cat sobre el terrible impacto de la represión en los liderazgos políticos del soberanismo catalán). Tampoco una actitud objetiva e imparcial de la Fiscalía General del Estado para reconducir al archivo y sobreseimiento los procedimientos de investigación penal que se llevan a efecto en los Tribunales de Catalunya y en la llamada Audiencia Nacional que afectan a más de 3.000 personas.

Cierto es que Sánchez necesita este cuatrimestre los votos de ERC para aprobar los presupuestos estatales para 2022, descontando el voto favorable del PNV (que este 1 de octubre recibe las transferencias de las prisiones) y de EH-Bildu, abocada por decisión personalísima de Arnaldo Otegi a un cheque en blanco en favor de Pedro Sánchez. Pero pesa demasiado en un sector de ERC el miedo al vacío en caso de un desgaste de Pedro Sánchez que le haga perder el gobierno en las elecciones estatales de 2023. Demasiado quizás para usar la que será la última bala del soberanismo catalán para obtener concesiones en esta legislatura estatal: una estrategia común, al menos de JuntsxCat, ERC y PDeCAT (si no es posible contar con la CUP) para condicionar sustancialmente el voto del soberanismo catalán respecto de los presupuestos estatales de 2022.

En cualquier caso, gastada o invertida esa última oportunidad a fines de este 2021, los dos años de margen al diálogo se harían eternos, generando frustración y desmovilización ciudadana y fatalismo pesimista en los dirigentes políticos del soberanismo, salvo que antes de la aprobación de dichos presupuestos (los últimos que necesita Sánchez para desarrollar su política basada en la discrecionalidad invirtiendo el maná inversor de los Fondos EU Next Generation) se apruebe con garantías una agenda para la negociación bilateral, que no para el simple diálogo.

Pero mucho me temo que esta agenda no encaja con la de Pedro Sánchez y que hará lo posible por eludirla.

COROLARIO. Un tiro en el pie

La reconducción autonomista de la Mesa de Diálogo pretendida por Madrid abrió ya una brecha en la convivencia entre JuntsxCat y ERC, al vetar el president Aragonés la presencia de representantes de JuntsxCat no integrados en el Govern, a pesar de que el pacto de gobierno firmado no imponía esta condición. Los primeros capítulos de la Mesa de Diálogo no están siendo afortunados.