Ofuscados dentro de la selva de la politiquilla catalana, ayer sabíamos que la Mesa del Parlament ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (para los amigos, ILP) con el objetivo de declarar la independencia de la tribu. El órgano más poderoso de la cámara ha validado esta proposición de Solidaritat Catalana per la Independència —redactado por altos mandos de la ANC— con tres votos favorables, los dos de Junts y el de la CUP, la abstención evasiva de Esquerra y la negativa de un par de socialistas. Aprobada por la Mesa, la iniciativa tendrá que pasar un proceso de validación de una comisión de control a partir del cual los convocantes tendrán 120 días hábiles para recoger firmas que la cimienten. Como era de esperar, el letrado del Parlament, Xavier Muro, ha alertado de que el contenido del texto es más bien una iniciativa simbólica que supera el marco estatutario y desborda el constitucional.
De hecho, estamos en una situación muy parecida a la de 2017, cuando el propio Muro y el antiguo letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, ya advirtieron de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad implicaba desobedecer los dictámenes del Tribunal Constitucional. Como recordará muy bien el lector, a pesar de las mencionadas reticencias, el Parlament salió adelante con las respectivas votaciones (las dos leyes, en efecto, serían aprobadas e incumplidas por la mayoría de los diputados de Junts pel Sí y de la CUP, muchos de los cuales —a pesar de cagarse en la ley de un Parlament que ellos mismos declararon soberano— todavía tienen la escasa vergüenza de dedicarse a la cosa pública) y, después, el TSJC acabó condenando por desobediencia a los antiguos miembros de esa Mesa, algunos de los cuales, mira por dónde, han vuelto a vivir de la política.
Haciendo uso de un viejo proverbio procesista, tanto Junts como la CUP han votado favorablemente la nueva aventura aduciendo que en el Parlament "hay que poder hablar de todo." El argumento es curioso, pues la ILP en cuestión no se ha realizado para montar un debate parlamentario, como quien organiza un simposium sobre la sequía, sino para obligar a los partidos a activar la DUI. Haciendo gala de su putaramonetisme, Esquerra se ha abstenido bajo el paraguas contorsionista de no oponerse a la idea misma de la independencia, pero, no obstante, no querer optar por una ILP que acabaría en "un callejón sin salida". Eso de ERC ya nos lo conocemos, porque los de Junqueras viven la mar de contentos dentro del marco mental español; pero la posición de Junts y la CUP resulta más difícil de tragar por una cuestión conceptual bastante simple.
La ILP en cuestión no se ha realizado para montar un debate parlamentario, como quien organiza un simposium sobre la sequía, sino para obligar a los partidos a activar la DUI
Si juntaires y cupaires quisieran hacer justicia a la mencionada ILP, ¡lo mejor sería ahorrársela! De hecho, como no se cansaron de repetir los partidos independentistas, el Parlament ya posee una mayoría de escaños favorables a la secesión como para levantar la DUI en cualquier momento (un influencer de Junts, de nombre Carles Puigdemont, afirmó hace solo tres años que su objetivo era "volver a Catalunya como hombre libre y levantar la suspensión de la Declaración de Independencia, para hacerla efectiva"). Tanto si Junts acaba pactando la amnistía con el PSOE como si no, insisto, el Parlament podría hacer efectiva la promesa del antiguo president; un hombre, todo sea dicho, poco acostumbrado a cumplir con sus compromisos. Si lo que se quiere, contrariamente, es montar todo este tinglado para poner de manifiesto la tibiez de Esquerra, el sarao de la ILP solo valdría para muscular de nuevo al autonomismo.
De hecho, toda esta sardana que os resumo es todavía más surrealista si se acaba aceptando la validez de la amnistía. Porque, con la aprobación del texto en la mano, el Parlament podría hacer declaraciones simbólicas de independencia como quien hace butifarras y el Gobierno acabaría indultando a sus máximos responsables. Al límite, uno incluso podría llegar a pensar que Junts se esfuerza por dinamitar la amnistía desbordando la paciencia del PSC-PSOE a base de incluir ampliar el ámbito del indulto general incluso al president de turno que quite la bandera española del Palau de la Generalitat (de forma simbólica, of course). De hecho, ahora que incluso Feijóo se ha mostrado favorable a un indulto condicionado y los gallegos le han dicho que todo en orden, quién sabe si los juntaires no serían capaces de aprovechar esta ILP y la posibilidad de amnistía perpetua para volver a convertirse en la piedra angular del Estado.
Si fuera el caso, y podéis acusarme de loco, una iniciativa aparentemente cívica acabaría fagocitada por el poder convergente de toda la vida. Parece una locura, ¿verdad? Quizás sí, pero si repasáis los últimos diez años de la politiquilla catalana, a mí me parece una posibilidad la mar de realista. Realmente, somos un país muy curioso; ¡ahora resulta que volvemos a la DUI! Esperemos, cuando menos, que la próxima llegue a durar al menos un triste, pobre y desdichado minutito.