David Madí, víctima recurrente de la parafernalia patriótica —es decir, de la policía, o de la Guardia Civil, o de la justicia ídem, o de todos al mismo tiempo— denuncia reiteradamente que en España no existe el periodismo de investigación, sino solo el periodismo de filtración. Si la afirmación se sustenta por la propia memoria, dado que es difícil recordar algún escándalo político que haya surgido de la simple investigación de los medios, es todavía más indiscutible cuando seguimos el recorrido de los casos judicializados que tienen que ver con el conflicto catalán.

Este método de la filtración patriótica forma parte sustancial de la guerra integral que el Estado español, a través de múltiples instituciones, perpetra contra el independentismo, y es el principal responsable de los relatos públicos que criminalizan, tanto a todo el movimiento, como a los líderes civiles y políticos que los aparatos del Estado sitúan bajo la diana. En todos los casos, la indefensión de las víctimas es prácticamente absoluta, porque el objetivo no es nunca la búsqueda de la verdad o la aplicación de la justicia, sino la persecución, neutralización y represión de las personas señaladas. Y la manera de conseguirlo es construyendo una especie de telaraña asfixiante sustentada por tres poderes coordinados: policía, justicia y periodismo.

Los casos Rosell, Volhov y Tsunami —y también el caso Borràs— son, en este sentido, el paradigma de este método. Primero, se inicia un proceso de justicia prospectiva, es decir, se señala a los objetivos, se lanza la red en busca de cualquier indicio, por ínfimo o surrealista que sea, e inmediatamente se abre una instrucción judicial. Los sumarios siempre son declarados como "secretos", de manera que las víctimas no tienen acceso a ninguna información que les alcanza. Pero la palabra "secreto", que es un muro de contención para las víctimas, resulta un eufemismo para los periodistas del régimen que se alimentan de las dosis de filtraciones que se les van regalando. Es aquí donde la solemne palabra "secreto" se convierte en una eficaz coartada para utilizar la instrucción como les place.

El objetivo no es nunca la búsqueda de la verdad o la aplicación de la justicia, sino la persecución, neutralización y represión de las personas señaladas. Y la manera de conseguirlo es construyendo una especie de telaraña asfixiante sustentada por tres poderes coordinados: policía, justicia y periodismo

Miremos qué ha pasado con David Madí y el caso Volhov. Sin ninguna base inicial, se lo detuvo con profusión de fotógrafos y periodistas, adecuadamente avisados; después se lo ha tenido durante años bajo sospecha, a pesar de la incongruencia de las pruebas e, incluso, contra el criterio de la fiscalía. Durante el proceso, se han ido filtrando todo tipo de pretendidas informaciones que han sido generosamente magnificadas por los medios, y amplificadas por las tertulias pertinentes, de manera que Madí ha estado bajo el foco permanente, con la pérdida de ingresos, oportunidades y opciones profesionales que habría tenido en normalidad. Y ahora, una vez exculpado, ni disculpas, ni recursos, ni opciones con que defenderse. Convertido en objetivo, todo este proceso de instrucciones, filtraciones y acusaciones solo ha buscado un objetivo: neutralizarlo. Es la muerte social, la incapacitación de una persona para que pueda seguir defendiendo sus ideas en libertad.

Y si el caso Madí —o todo el delirante caso Volhov— es un claro ejemplo de este método de represión, el caso Tsunami es el paradigma. Con una instrucción, como siempre, "secreta", convertida en un cajón de sastre donde verter todos los nombres más relevantes de dirigentes independentistas, se ha ido filtrando interesadamente, siempre en la prensa amiga —que acostumbra a ser El Confidencial—, y señalando a personas también interesadamente, en función del momento político. En el 2019 la filtración apuntaba al president Puigdemont que lo habría creado en un paraíso fiscal. Después eran Oriol Solé, Xavier Vendrell. Después se señalaba a Josep Lluís Alay. En otras filtraciones se apuntaba a David Fernàndez y ahora disparan contra Marta Rovira. En todos los casos, la indefensión es nuevamente absoluta: qué hay de verdad, qué pruebas tienen, si alguna cosa es verificable, qué intención hay en cada filtración, a quién apuntan realmente... Es imposible saber nada a ciencia cierta, excepto que la filtración solo puede salir del poder judicial o de la Guardia Civil, y que se utiliza para hacer daño a objetivos concretos. No hay que decir que la inseguridad jurídica de los señalados es total.

Pero si todo eso es grave, también lo es la colaboración necesaria de la mayor parte de la prensa española, que acepta el maná del cielo sin hacerse ninguna pregunta, ni cuestionar nada, ni escandalizarse de que la utilicen, permanentemente, para la caza de disidentes y la destrucción de sus derechos. Consolidada la servidumbre de la prensa y la impunidad de los filtradores, la filtración interesada se convierte en noticia, la noticia se convierte en relato público, y el relato público se convierte en acusación probada, y así, durante años, se anula la capacidad de acción de la víctima escogida. Lo repito: es la muerte social de todos aquellos que osan poner en cuestión el régimen y sus normas. Es decir, es la muerte de unos ideales mediante la muerte de los idealistas.