El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dado la razón a los independentistas catalanes que fueron suspendidos de sus cargos como representantes públicos sin que existiera una sentencia firme contra ellos. Sus derechos políticos fueron vulnerados. Pero, como siempre hemos defendido desde estas líneas, también han sido vulnerados los derechos de la ciudadanía, independientemente de si usted o yo les votamos o no lo hicimos. Porque apartarles de sus cargos supuso una intromisión del poder judicial en la esfera democrática, sin justificación legal alguna.
Dicen medios como El Independiente que "el dictamen, hecho público este miércoles, ha sido acogido como una victoria por los afectados y el movimiento independentista en general". Siguen sin querer darse cuenta de que esta resolución debemos considerarla una victoria desde las filas en las que, sin ser independentistas necesariamente, nos ubicamos los que sí nos consideramos demócratas.
Los golpes que se han dado a la ética, a los principios generales del Derecho, a los principios de la Democracia, del Estado de Derecho, de la Política han sido demasiado fuertes como para que la ciudadanía, española pero también europea, continúe pensando que esta es una "cuestión de indepes". Y cuanto más tiempo nos permitamos dejar que fallos como el del Comité de Derechos Humanos de la ONU pasen prácticamente desapercibidos, y sin consecuencias, más se debilitarán los pilares de una sociedad que necesita urgentemente herramientas útiles para hacer viable el debate político, la desobediencia civil pacífica y, por encima de todo, la libertad de expresión.
La Justicia, por desgracia, suele ser lenta, lo que le resta eficacia. Sin embargo, cada vez está más claro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy probablemente fallen en un sentido similar al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Lamentablemente, para cuando esa resolución llegue, habrá pasado tanto tiempo que, como decía Antonio Vega, llegaremos a ver las sombras en color.
Al conocerse la resolución del Comité, Raül Romeva proclamó en sus redes sociales la importancia del paso que supone esta noticia, y terminó sus palabras apelando a la amnistía. Un término que vamos a tener que repetir, una y otra vez, para que vaya calando y quedando claro que si España quiere intentar resolver de alguna manera medianamente decente la situación insostenible que ha generado alrededor de los distintos independentismos, es fundamental que la legislación sea actualizada y la amnistía sea concedida no sólo para los líderes del movimiento independentista, sino también para los miles de personas que han sido represaliadas durante estos años por defender, de manera siempre pacífica, sus ideas.
Esta resolución no es una victoria para los independentistas únicamente. Es un reconocimiento a todos los que hemos defendido a capa y espada los derechos civiles y las libertades que en España deberían existir y que, por desgracia, no hay.
Acusar a los dirigentes independentistas de un delito tan brutal como es el de rebelión, se hizo precisamente para permitir que fueran juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (eliminando así la posibilidad de que el juez natural conociera del caso, y fulminando también la garantía de recurrir una sentencia inicial en su caso). Es ahora cuando desde Naciones Unidas subrayan que basar una serie de decisiones, entre las que se encuentra la suspensión como diputados, en un delito que requería de violencia que no existió, ha vulnerado los derechos de los independentistas.
Como bien señala, en mi opinión, el president Carles Puigdemont, esta resolución es "otra bofetada" a la cara del Estado. Y no puedo estar más de acuerdo en que los responsables de la vulneración de los derechos de los independentistas no pueden dar lecciones de democracia y deberían asumir responsabilidades. Sin embargo, soy muy consciente de que esto, al menos de momento, no sucederá, puesto que la reacción del Gobierno, por ejemplo, ha sido la de "respetar" la resolución, pero nada más. El Consejo General del Poder Judicial por el momento no ha dicho ni media palabra al respecto y es casi seguro que no lo hará.
Turull considera que el juicio del 1 de octubre se movió en términos de venganza y no de justicia. Y compartiendo absolutamente su diagnóstico, pienso que es momento de emprender una verdadera campaña de información —tan difícil en estos tiempos— mediante la cual la ciudadanía de los distintos territorios de España pueda ser consciente de las enormes atrocidades cometidas por los distintos poderes del Estado.
Es ahora cuando debería apostarse por explicar qué es lo que ha venido sucediendo y quiénes han colaborado para poder atropellar de semejante manera la Justicia, la Democracia, la Libertad, la Información veraz. Es el momento en el que buena parte de la sociedad española se ha comenzado a dar cuenta de la manipulación de los medios habituales de comunicación; del papel de un personaje como el excomisario Villarejo. Es sin duda necesario que nos sentemos a dialogar, en espacios abiertos a la ciudadanía, para explicar, punto por punto y de la mano de expertos en Derecho, en Comunicación, y en Política, lo que ha venido sucediendo en España durante los últimos cuarenta años.
Ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación sirven ya para conseguir un canal que genere la confianza necesaria para presentar las pruebas.
La batalla por la defensa de los derechos de la ciudadanía, debe darla la ciudadanía. Los políticos, dentro de las funciones limitadas que tienen, se encuentran atrapados en una especie de tela de araña de la que es prácticamente imposible salir ileso: aquellos que quieran afrontar sus responsabilidades públicas para denunciar las corruptelas, el sistema clientelar, y ventilar el hedor de las cloacas deberán hacerlo plaza a plaza, hablando y escuchando a quienes merecen despertar de tanto engaño.
Estoy segura de que hacer comprender desde el respeto, las diferencias, pero también desde el talante democrático más sincero y profundo, es la única manera de construir una sociedad que no permita que los derechos y libertades sean atropellados con tanta facilidad. Una idea que, a juzgar por cómo está el panorama social y político en estos tiempos, es más un ideal que algo alcanzable. Pero no por ello me resigno a intentarlo, una y otra vez.
Comprender desde el respeto, las diferencias, pero también desde el talante democrático más sincero y profundo, es la única manera de construir una sociedad que no permita que los derechos y libertades sean atropellados con tanta facilidad.
El avance del totalitarismo, tan visible en la reacción del Estado español respecto al procés, como respecto a la pandemia del SARS-COV2, como ahora con la guerra en Ucrania, es un riesgo para la convivencia, para el avance de cualquier sociedad. El adormecimiento de la población y la colaboración necesaria de quienes obtienen beneficio a la sombra del poder son nuestros grandes obstáculos.
El destrozo generado en el ámbito independentista es evidente. La división entre las formaciones, las traiciones, la deslealtad, han destruido la unidad que tanto temía el españolismo.
La desconexión de la ciudadanía, machacada por una pandemia que ha arrasado con la salud, con la economía y con los principios más básicos de una democracia es un problema grave que más tarde o más temprano tendremos que abordar.
Lo que se ha hecho contra el independentismo catalán, ha supuesto sin lugar a dudas un antecedente (como ya sucedió con el vasco, entre otros movimientos políticos fieramente atacados), que sirve para acallar las protestas, las denuncias, para hacer desaparecer la más mínima luz de lucha ante las injusticias que nos afectan a todos como pueblo.
Ahora que desde las instancias internacionales reconocen lo que algunos pocos siempre dijimos, no podemos dejarlo pasar sin que se sepa. Esta resolución no es, repito, una victoria para los independentistas únicamente. Es un reconocimiento a todos los que hemos defendido a capa y espada los derechos civiles y las libertades que en España deberían existir y que, por desgracia, no hay.
Una resolución que no es vinculante, pero que debemos poner en valor para quienes, desde el desconocimiento absoluto y respaldados por tanto miserable cómplice, se han sentido legitimados para intentar machacar a cualquiera que haya defendido lo que jamás debió machacarse, porque es patrimonio de todos.