Es curioso que justamente ahora, seis años después de la tomadura de pelo en que se convirtió la declaración de independencia posterior a la celebración del referéndum del Primer d’Octubre, los protagonistas de aquella patraña se molesten porque el PSOE pretenda incluir en la exposición de motivos de la ley de amnistía, que negocian para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que todos aquellos hechos fueron una ilegalidad. ¿Por qué de golpe y porrazo salen con esta, si el hecho de correr a entregarse en su día a las autoridades españolas implicaba por sí solo que se sentían culpables y el de aceptar después los indultos y ahora la amnistía quiere decir exactamente lo mismo?
El referéndum en ningún caso fue delito. Y no lo fue básicamente porque la convocatoria de referéndums en España había sido expresamente despenalizada en el año 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó sin efecto la reforma del Código Penal introducida por el PP el 2003, en tiempos de José María Aznar, para castigar con pena de prisión a quienes los convocaran sin la aprobación del gobierno español, en un intento de frenar el llamado plan Ibarretxe, con el que el lehendakari Juan José Ibarretxe quería dotar a Euskadi de un nuevo estatus político. El 2017 la derogación continuaba plenamente vigente —de hecho, ahora también— y, a pesar de ello, los dirigentes de las fuerzas políticas catalanas y de las entidades soberanistas que habían organizado el referéndum fueron acusados de rebelión y sedición y, lo que es peor, ellos lo dieron por bueno como si nada. Ninguno utilizó este argumento para defenderse. Al contrario, todos acotaron la cabeza, admitieron que habían actuado mal y prometieron, a pesar de las proclamas de algunos para hacer creer lo contrario, que se llevarían bien y no lo volverían a hacer nunca más.
La legalidad española, por tanto, no había sido vulnerada en ningún momento. Aun así, los representantes entonces de ERC y el PDeCAT —actualmente sustituido por JxCat y que justamente el sábado bajó de forma definitiva la persiana— se sometieron a ella, luego bendijeron los indultos y ahora asumirán la amnistía. Todo humanamente muy comprensible, pero políticamente absolutamente impresentable e indefendible. Lo que sí incumplieron, y de manera flagrante, fue la legislación catalana, las llamadas leyes de desconexión aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre y que les obligaban a implementar el resultado del referéndum del 1 de octubre. En lugar de ello, tras la comedia del día 27 la desbandada fue total. Unos se rindieron y se entregaron con armas y bagajes, otros se marcharon al exilio, y todos juntos dejaron colgados a los más de tres millones de catalanes que salieron a votar —porque la cifra real fue esta y ellos fueron los primeros que corrieron a esconderla— y que se habían creído que aquello iba de verdad y que los suyos no los engañarían nunca.
No hay que olvidar que los que ahora negocian para volver a hacer presidente a un cómplice de la aplicación del 155 en Catalunya son los mismos protagonistas del fiasco de los hechos de octubre
Es por ello que, en este contexto del sexto aniversario de la malograda declaración de independencia, no tienen ningún sentido las palabras de Carles Puigdemont pidiendo al independentismo que no renuncie a ella, cuando fue él el primero en hacerlo al no aplicarla. La crítica a "la pulsión amnésica o devaluadora de algunos" se la podría aplicar el propio 130º presidente de la Generalitat. Quizás se trata de marcar perfil en un momento en que las negociaciones con el PSOE parecen, según dicen ERC y JxCat, encalladas. Pero si no les gusta que los negociadores de Pedro Sánchez quieran que se traguen la amnistía con la etiqueta de que todo lo que sucedió en octubre del 2017 fue ilegal, la solución es muy sencilla, que bloqueen la reelección del presidente del gobierno español y obliguen a repetir las elecciones. A pesar de los aspavientos de unos y otros, sin embargo, no parece que estén dispuestos a dejarse perder un pacto con el que individualmente todos salen ganando.
Cuando queda menos de un mes para hacer efectiva la investidura del inquilino de la Moncloa si no se quiere tener que volver a poner las urnas —el plazo expira el 27 de noviembre—, más bien da la impresión de todo lo contrario, que denuncian en público que el acuerdo con el PSOE está muy verde precisamente para no frustrarlo, no fuera que con unos nuevos comicios lo perdieran todo y, de manera muy especial, la posibilidad de poder regresar plenamente a la política activa gracias justamente a la amnistía. Quizás el temor es más evidente en el caso de ERC, como dan a entender las quejas de Oriol Junqueras y del president de la Generalitat, Pere Aragonès, pero JxCat tampoco se encuentra muy lejos de esta posición. La sensación es que lo que buscan realmente son las excusas para poder justificar el pacto cuando llegue el momento. Porque no hay que olvidar que los que ahora negocian para volver a hacer presidente a un cómplice de la aplicación del 155 en Catalunya son los mismos protagonistas del fiasco de los hechos de octubre.
Ahora bien, conseguir que la exposición de motivos de la ley de amnistía —o como se acabe llamando— no incluya finalmente ninguna referencia a la supuesta ilegalidad del Primer d’Octubre no significa perder de vista cuál es el objetivo fundamental de la causa catalana. Y es que hace seis años muchos ciudadanos de Catalunya no salieron a la calle y se partieron literalmente la cara para, a pesar de ser cuestiones relevantes, alcanzar el traspaso de Rodalies ni mejorar la financiación autonómica ni resolver el déficit fiscal ni impulsar la oficialidad de la lengua catalana en Europa. Ni siquiera para repetir el referéndum de autodeterminación. Lo hicieron, sólo, por la independencia. ERC y JxCat lo saben perfectamente, pero parece que prefieran imitar a Pedro Sánchez haciendo de la necesidad virtud y simular que llueve. Es el camino que han recorrido de la independencia a la amnistía. Como dice el refrán, para este viaje no hacían falta alforjas.