Pasadas las primeras horas de desconcierto en el Gobierno español y en el PSOE tras la resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, a través de la cual las dos formaciones independentistas quieren "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", empiezan a emerger las diferentes líneas de actuación en las que están trabajando colegiadamente con la intención de ofrecer una respuesta coral a la iniciativa legislativa de la Cámara catalana. Primero: intentar bloquear a través de los mecanismos reglamentarios la voluntad de la Mesa de incorporar la resolución a un pleno del Parlament antes de la primera sesión de investidura. Para ello han vuelto a pedir que los letrados elaboren un informe sobre la constitucionalidad de la resolución, una iniciativa que tanto PSC como PP y C's creen que ninguno querrá firmar.
Sin embargo, la artillería jurídica más pesada está concentrada en estos momentos sobre la posición que puede acabar adoptando el Tribunal Constitucional si se le obliga a pronunciarse antes de que el Parlament la haya votado. Diversa jurisprudencia del Alto Tribunal va en contra de una consulta de esta naturaleza al no haber habido ningún acto ni político ni administrativo. Sin embargo, los que defienden esta vía sostienen que la situación no guarda parangón con ninguna anterior porque está en juego la unidad de España. Ciudadanos defiende esta vía pero carece de representantes en el TC. Sin embargo, una actitud fuerte de Rivera acabará empujando al PP y quién sabe si al PSOE. De prosperar, el escenario sería el siguiente: el TC debería pronunciarse sobre la resolución antes de que llegara al pleno de la Cámara catalana, seguramente el día 9. La Mesa del Parlament tendría que decidir si acata la decisión o atiende al punto seis de la resolución, según el cual el Parlament "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional". La desobediencia de una instrucción al respecto, emanada del Tribunal Constitucional llevaría aparejada, casi con carácter inmediato, la suspensión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la de los miembros de la Mesa que hubieran facilitado su tramitación.
Ésa es la partida que se está jugando de una manera frenética y casi a contrarreloj en muchos de los principales despachos políticos de Madrid, sin que conste un acuerdo amplio de las fuerzas políticas españolas. Una cosa, sin embargo, parece clara: Mariano Rajoy está buscando consensos. Y la medida será, más o menos contundente, en función de la unanimidad que se consiga.