“Tengo las manos sucias porque las he hundido en la mierda y en la sangre.”
J.P. Sartre

No podría defender en unos lo que tanto he combatido en otros.
No soy la única. Muchas personas, sobre todo en el ámbito jurídico, llevan todo el día llorando por los chats de mensajería, a ser posible de la que se borra después. El impacto de ver al gobierno de Pedro Sánchez nombrando a un político para el Tribunal Constitucional ha sido tremendo. Lo digo sin paños calientes. El nombramiento de un político como Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional ha sido una bofetada para todos los que creían que el respeto institucional de los socialistas y su forma ética de estar en política era mayor o al menos más aseada que la de otros partidos. ¿Qué diferencia hay en esto de cuando el PP nombró a Andrés Ollero, Enrique Arnaldo o Enrique López? ¿Con qué cara va a defender nadie semejante tropelía en respuesta a las tropelías de la derecha?

El debate sobre si el Gobierno debía nombrar sus dos magistrados sin esperar a que el CGPJ hiciera lo propio es un trampantojo de los conservadores. ¡Pues claro que debía y tenía que cumplir con su obligación! Cuando el legislador pergeñó la renovación por tercios ni pensó por un segundo que un CGPJ caducado se iba a enrocar por orden del PP en rebelarse a un mandato de la CE. Un poder del Estado no tiene que ponerse de acuerdo con otro para hacer lo que debe. Nadie puede proponer en serio que el cumplidor tenga que esperar al que incumple. La cuestión grave no es que se hayan decidido a hacer los nombramientos que institucionalmente les corresponden sino el uso que han hecho de esa prerrogativa eligiendo a un político de carrera —como Campo— y a una catedrática, con menos trayectoria política, pero que acaba de salir de asesorar al ministro Bolaños. Fíjense si es gordo lo del exministro de Justicia que lo de Laura Díez lo voy a dejar estar. Es catedrática de Constitucional, catalana, mujer y joven. Sobre su pericia jurídica no tengo datos, pero en esas notas ya veo clara cuál era su baza ganadora.

Juan Carlos Campo no es un juez penal más que se envía al Tribunal Constitucional, sino un político cuya carrera sólo ha pasado por los juzgados para usarlos como apeadero en los escasos años de su vida en los que no ha ocupado un cargo procurado por el PSOE. Más allá de haber pasado su juventud en los juzgados de Cádiz, Campo ha sido director general de la Junta de Andalucía, vocal del CGPJ, secretario de Estado de Justicia, secretario general de la Junta de Andalucía, dos legislaturas diputado por Cádiz por el PSOE y ministro de Justicia. Esa no es la trayectoria de un jurista excepto que, como se guasean en el mundillo: “Está visto que no hay como hacer carrera política para adquirir prestigio jurídico”. Dicho está todo.

Juan Carlos Campo no es un juez penal más que se envía al Tribunal Constitucional, sino un político cuya carrera sólo ha pasado por los juzgados para usarlos como apeadero en los escasos años de su vida en los que no ha ocupado un cargo procurado por el PSOE

Ni a mí ni a nadie con cierto respeto institucional nos sirve de paliativo que el PP esté socavando los órganos constitucionales para aplaudir el socavarlos desde el otro lado. Hacer lo mismo no es de recibo. Sabemos que Enrique López es el sosia de Campo en el PP, aunque hay que reconocer que en versión torpe. Ambos coincidieron en el CGPJ y después el PP se descaró nombrándole para el Constitucional sin ningún mérito jurídico —una borrachera hizo justicia poética— y de desde allí cayó a consejero de Ayuso. A Campo le ha ido mejor: de ministro socialista al TC. Por lo demás, en términos de sanidad institucional, la caradura de nombrarlos para ese alto órgano es exactamente la misma.

Recordemos que el TC no es un órgano jurisdiccional y que realiza una interpretación política de la máxima norma política. Eso no quiere decir ni que convenga llenarlo de políticos ni que deba estar plagado de jueces y menos penales. Eso es lo que está ocurriendo provocando un deterioro grave y continuo de la calidad del órgano. Sin calidad jurídica constitucional nos enfrentamos a una pendiente peligrosa para la democracia.

Los miembros del Constitucional tradicionalmente han tenido una tendencia ideológica conocida y eso es lógico y normal, dado que no son jueces aunque se les llame así. La sociedad es plural y así debe contemplarse al interpretar la Carta Magna siempre y cuando esas personas sean muy solventes, grandes juristas, independientes y sin hipotecas de ningún tipo. Los partidos fueron al inicio de la democracia respetando ese diseño y nombrando a gentes cuya forma de ver la vida se parecía a sus presupuestos. Hace ya tiempo que no, que lo que buscan es observancia estricta y repartir los puestos para asegurarse a fieles y leales, no vaya a ser que luego les salga uno que piense por su cuenta y sea independiente y te rompa la aritmética de control. ¿Qué mejor para tal espurio objetivo que elegir a los que llevan tiempo haciendo política a tu lado, en tus filas o en tu gobierno?

Me parece indigno que el Gobierno de Pedro Sánchez proclame con este gesto que todo lo que de ignominioso ha hecho el Partido Popular puede ser remedado porque en caso contrario los progresistas estarían haciendo el canelo. Lo siento, pero prefiero una izquierda honesta que pierda oportunidades que una izquierda que se apunte a la “táctica dura constitucional”, es decir, a “jugar según las normas pero intentando ensancharlas” y a "jugar para ganar sin preocuparse de la continuidad del juego democrático”, en palabras de Mark Tushnet. Así es como las democracias se van al carajo. Yo no quiero mancharme las manos aplaudiendo esa deriva y otros parecen pensar, como Sartre, que hay que tener las manos sucias hasta de mierda si es bueno para la causa.

Desde el punto de vista del juego político, a calzón sacado, los dos designados son perfectos: fieles y leales, de estricto cumplimiento y muy jóvenes, lo que garantiza que lleven hasta el final de los nueve años sus mandatos sin jubilaciones ni jamacucos. Desde el punto de vista de la dignidad institucional y de la esperanza de regeneración y de superioridad moral que muchos esperaban de un gobierno del PSOE es un desastre sin paliativos.

¿Vosotros también, brutos?

Poca esperanza queda.