Con la situación económica de crisis que afecta al mundo entero, Esquerra Republicana tenía mil argumentos razonables para justificar su apoyo a los presupuestos del Estado, no era necesario volver a engañar a la gente con esta reforma del Código Penal que en vez de profundizar en derechos y libertades perfecciona los mecanismos de la represión en la disidencia política. No es sólo una cuestión que afecta a Catalunya, la propuesta de reforma del Código Penal que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez es un auténtico insulto a la inteligencia que intensifica la regresión democrática del régimen político del 78 y ningún demócrata sincero puede considerar aceptable. Que lo haga un partido llamado socialista pero que está absolutamente entregado a las imposiciones del deep state debería avergonzar a sus bases militantes, pero que partidos que se dicen comprometidos con la resistencia democrática como Unidas Podemos o Esquerra Republicana contribuyan a fortalecer los instrumentos de represión del Estado marca un punto de inflexión en este proceso de decadencia.

Todo el mundo cree que la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez es la contrapartida a Esquerra Republicana por su apoyo imprescindible a los presupuestos del Estado, pero no puede considerarse contrapartida, sino más bien una enorme tomadura de pelo. De entrada, la reforma forma parte de la campaña del Estado para convencer a los tribunales europeos de que la democracia española es suficientemente sensible incluso con los disidentes y no merece ser condenada por el lawfare practicado con los acusados del procés. Y en el ámbito político español lo que concede Pedro Sánchez a ERC es una falsa coartada para engatusar a gente poco informada, cuando la propia reforma supone aceptar por parte de ERC (y Podemos) que todo lo ocurrido durante el procés merece una condena de prisión y que para que no vuelva a ocurrir es necesario precisar las amenazas a cualquier iniciativa de protesta o reivindicación democrática como las que practican no solo las organizaciones independentistas, sino todas las entidades y colectivos que suelen ejercer la protesta en defensa de las libertades y el respeto a los derechos fundamentales.

La reforma del Código Penal supone un aumento de las amenazas a cualquier iniciativa de protesta o reivindicación democrática

La propuesta del Gobierno señala, entre otras amenazas, que:

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años quienes, actuando en grupo y para atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios.

Y 2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente al orden público.

El reto de ERC es presentar en público a uno solo de los 3.300 represaliados del procés que salgan beneficiados con la reforma, salvo obviamente los indultados

Los juristas ya han puesto en evidencia las ambigüedades de la reforma que permitirán a cualquier juez interpretar de forma desproporcionada cualquier movilización, que es lo que los tribunales españoles han venido practicando sistemáticamente no solo contra independentistas catalanes, sino contra activistas de causas diversas. En cambio, queda muy claro que los redactores del texto han querido precisar punto por punto que quedan amenazados todos los que participaron en la consulta del 9N, en las diversas manifestaciones del procés, en la concentración del 20 de septiembre ante la conselleria de Economia, quienes participaron escondiendo las urnas, los miles de personas que el 1 de octubre defendieron los colegios pese a la violencia policial, y quienes protestaron contra la sentencia…

Salvo los indultados, será un reto para ERC presentar en público a uno solo de los 3.300 represaliados registrados por Òmnium que se pueda beneficiar de esta reforma. No es seguro ni siquiera que la reforma facilite el retorno del exilio de Marta Rovira en condiciones más favorables, pero no desjudicializa nada de lo que afecta al resto de los represaliados del procés, al contrario. En algunos casos deberían hacer frente a penas más elevadas, teniendo en cuenta el concepto de "desórdenes públicos agravados", pero es que lo de "atentar contra la paz pública" amenaza también las movilizaciones de los ecologistas, de los solidarios contra familias desahuciadas, de los campesinos cuando realizan tractoradas o de los seguidores de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, cuando realizan una acampada como la del 15-M. En las imágenes de la firma de la presentación de la proposición de ley, Jaume Asens con la cara pagaba. La realpolitik que han adoptado las izquierdas ha dejado ser el arte de lo posible para convertirse en el principal alimento de la extrema derecha.

Lo más probable es que la revisión de las condenas la realice el Tribunal Supremo siguiendo los criterios más radicales de la sentencia del procés. Y si acaso aprovecharán la ocasión para intentar conseguir la extradición de Puigdemont

Una paradoja muy significativa es que el propio Gobierno que se comprometió a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, en cuanto llegara a la Moncloa, perfecciona ahora los instrumentos de represión con esta reforma. Estamos en el último año de legislatura y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de derogar la ley que denunciaron Amnistía Internacional y otras organizaciones como antidemocrática. No lo ha hecho por miedo a una rebelión de los cuerpos policiales. Ahora quizás ya lo puedan hacer porque con esta reforma, buena parte de las arbitrariedades de la ley mordaza se mantendrán vigentes, aunque la deroguen o la reformen. Será la “mordaza maquillada” que ya sospechaba y alertaba Amnistía Internacional.

Y una vez más los abogados del Estado han vuelto a tomarles el pelo a los interlocutores catalanes, porque de los negociadores republicanos lo más preocupante es su incompetencia, como se ha visto en el tema del catalán, con los fondos next generation, los PERTE, Rodalies, etc. Parece que no vean más allá de un titular que sirva para tener a la gente conformada no más de una semana. El trámite de la reforma va para largo y al final su aplicación dependerá del Tribunal Supremo, que ha hecho notar ya su posición (política) contraria y se siente herido por los indultos. Así que lo más probable es que la revisión de las condenas se realice siguiendo los criterios más radicales de la sentencia del procés.  Y si acaso aprovecharán la ocasión para intentar conseguir la extradición de Puigdemont, poco probable si los tribunales europeos se limitan a juzgar los hechos reales y no los tergiversados. No hace falta decir que si, como ha dicho Patxi López, Puigdemont fuera extraditado gracias a esta reforma, ERC estaría legitimada para reclamar una medalla.