Ha habido, esta semana de los barbudos, noticias preocupantes para nuestra democracia. O no. Porque si estas cosas se publican porque las periodistas hacen bien su trabajo, dentro de la mala noticia, también hay buenas noticias. El caso es que Núria Orriols explicaba en el diario Ara del lunes que en el Parlament hay funcionarios que, gracias a un acuerdo con los políticos, cobran sin tener que ir a trabajar. Una información publicada después de meses de trabas a la debida transparencia. Todo perfectamente legal. En principio, claro. Y, además, no toda corrupción es ilegal. El diccionario del Institut d'Estudis Catalans, de hecho, dice que corrompre es “alterar la sanitat, la bondat, la integritat, la puresa (de l’ànima, de la consciència, dels costums)”. O “desviar (algú) de la rectitud, del deure”.

Aquella mañana, Jordi Basté entrevistó en El món a Rac1 al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, a raíz de las informaciones, revitalizadas a partir de un artículo en elDiario.es de Neus Tomàs, sobre el porqué del cese del major Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos. Dijo Elena que tiene un proyecto diferente para la policía catalana, pero en ningún caso quedó claro que no pudiera hacerlo con Trapero al frente. De hecho, casi pareció que Elena pasaba por ahí. Y la entrevista fue como uno de esos boxeadores que se abrazan al rival. Después supimos que, como no les debe gustar cómo hace su trabajo, se vetó a la periodista de TV3 Fàtima Llambrich en una reunión entre periodistas y responsables de Interior. En fin, que Elena tiene todo el derecho a realizar los cambios que quiera. Todo es perfectamente legítimo. Pero las cosas legítimas también pueden ser sectarias. Sectario es “secuaz, intransigente, fanático, de un partido, de una secta, de una opinión”.

Medidas como el toque de queda nocturno, que decae esta semana, son dignas de cualquier gobierno autoritario y no se justifican por la pandemia

Pero no acabó aquí esa mañana. Porque en el programa de Josep Cuní en la SER explicaban que el gobierno ha disuelto el comité que debía estudiar si durante la pandemia se han vulnerado derechos fundamentales. El grupo exigía una mayor transparencia al Procicat, por ejemplo. O era crítico con las sanciones. Además, medidas como el toque de queda nocturno que decae esta semana —esto lo añado yo— son dignas de cualquier gobierno autoritario y no se justifican por la pandemia.

Total, que los tics de corrupción, sectarismo y autoritarismo son preocupantes. Y como se ve, demuestran que una Catalunya independiente, lejos de la superioridad moral que han gastado algunos, no se escaparía de esos males. Lo que no hace la independencia ni buena ni mala, pero nos recuerda que no viviríamos en un paraíso de políticos infalibles. Y nos recuerda que los catalanes no somos unos seres tocados por la gracia de Dios, ni mejores que los españoles (o el conjunto de los españoles, como cada uno quiera), ni las instituciones catalanas tienen por qué ser mejores que las españolas. En Cataluña no hay rey, pero aquí también existen privilegios. Aquí también hay cambios en la policía cuando cambian los gobernantes. Y aquí se ha actuado con el mismo autoritarismo que tuvo Pedro Sánchez cuando se le reclamaba la descentralización de la gestión de la pandemia.