"No tiene permiso para rescatar". Lo habría podido decir de muchas maneras. Habría podido utilizar argumentos más elaborados. Incluso VOX se lo trabaja más y argumenta que el Open Arms cae lo que en economía se llama ley de las consecuencias no deseadas. Como los traficantes de personas de Libia saben que hay barcas que los rescatarán, envían vidas humanas al mar con el combustible justo para llegar donde están los barcos de rescate, pero nunca para llegar a la costa de ningún país. Pero no, Carmen Calvo, toda una vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que el Open Arms "no tiene permiso para rescatar". ¿Y quién se supone que le tiene que dar el permiso "para rescatar", señora Calvo? ¿El Gobierno? ¿No lo da el derecho internacional del mar? ¿No es, de hecho, una obligación jurídica? Utilice otros argumentos, pero no este, por favor. Un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas, no puede decir que alguien merece ser sancionado porque rescató a alguien sin permiso. La política, se supone, va más allá de los intereses, del poder por el poder. La política, se supone, también va de ideales. Y en esta asignatura Pedro Sánchez ha batido el récord del mundo de velocidad de desprestigio. De ofrecer el puerto de Valencia al Aquarius para "cumplir los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias" y acoger a 600 personas "abandonadas a su suerte" hace sólo un año, al espectáculo vergonzoso de este verano.
Òscar Camps recibirá una multa de 900.000 euros por mosca collonera. Abril-Martorell, nombrado por el PP y ratificado por Sánchez, un sueldo millonario
"No tiene permiso para rescatar". Pues, escuche, dígale a la Fiscalía que lleve el Open Arms al juez Marchena. Seguro que encuentra un delito de rebelión. En alta mar, eso sí. “Nuestro país es un estado de derecho y sus instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto”. ¿Los suena? Pues, sí: "incluido un barco". "No tiene permiso para rescatar", ha dicho Calvo. Podría hablar a sus administrados como personas adultas. Explicar, por ejemplo, la tozudez de la geografía. El papel clave que tiene España en lo que se denomina "presión migratoria". Podría explicar que la Europa fortaleza también descansa en la relación que tenga España con Marruecos, por ejemplo. Pero, sobre todo, podría explicar que Òscar Camps es una mosca collonera en medio de grandes intereses políticos y de un negocio opaco. Sí. Miramos con menosprecio a Donald Trump y hace tiempo que construimos muros más altos y sofisticados que son un gran negocio. Para la italiana Leonardo (con intereses en Libia y participada por el Estado de Salvini). Para la francesa Thales. Para la europea Airbus. Y, ah, para la española Indra. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), con sede en Varsovia, tiene un presupuesto de 250 millones de euros anuales para controlar el Mediterráneo. Y pronto podría ser de 1.000. Y tiene contratos, por ejemplo, con Indra. La empresa, paradójicamente con sede en la avenida Brussel·les d'Alcobendas, da trabajo a 35.000 personas controlando 5.000 kilómetros de fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Indra, presidida por Fernando Abril-Martorell y con el exministro Miguel Sebastián colocado por Sánchez como vocal, hace la guerra. Indra, controlada en un 18,7% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controla las consecuencias. A la Guardia Civil le ha hecho el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red de centros distribuidos por toda la costa y las islas, con radares y sensores electroópticos, que permiten detectar cualquier persona u objeto no identificado. Por qué después venga el Open Arms a molestar. No todo son las simples cuchillas de la valla de Melilla y Ceuta. Por cierto, puestas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Antonio Alonso de ministro de Interior. Es mucho más que eso. Después de Schengen, es la frontera como legitimadora del poder político... y económico. Òscar Camps recibirá una multa de 900.000 euros por mosca cojonera. Abril-Martorell, nombrado por el PP y ratificado por Sánchez, un sueldo millonario.