Las medidas de excepción en todo el mundo para combatir el coronavirus están restringiendo las libertades individuales hasta extremos inéditos en periodos de paz. Un tercio de la humanidad está confinada por órdenes de los gobiernos respectivos, que han aprobado más poderes para el Estado y más medidas de control a los ciudadanos, sin ningún tipo de oposición. O con aplauso en los balcones. En la era del Gran Hermano, en Rusia ha aumentado el uso de la tecnología para el escrutinio masivo de los ciudadanos, con cámaras con sistema de reconocimiento facial en la calle, geolocalización de infectados para imponerles multas y rastreo de quien ha estado con ellos... y ya se preparan pases digitales. Al otro lado, en un país con una sociedad civil fuerte como Corea del Sur, se ha aplicado con éxito una fórmula estricta que ha combinado pruebas masivas para detectar la infección y también el uso exhaustivo de la tecnología para trazar los movimientos de portadores y su entorno. Eso sí, todo con un sólido entramado legal en el uso de datos y mucha concienciación, lo que ha permitido que no hubiera ningún debate sobre el impacto de las medidas en las libertades civiles. En este sentido, también en el Reino Unido están estudiando crear una especie de pasaporte de inmunidad para poder ir a trabajar, pasaporte que tendrían los ciudadanos que, hecha la prueba, quede claro que han desarrollado inmunidad. Grupos pro-derechos humanos ya han denunciado que esto será discriminatorio. Son tres ejemplos a estudiar, porque pronto nos encontraremos este debate aquí. De hecho, el Govern de la Generalitat, o al menos el conseller Jordi Puigneró, explicó que en Catalunya se estudia un sistema similar: tests y controles y la tecnología para controlar la salida a la calle. Aquella fina línea.

Las pérdidas de libertades no son nunca transitorias. Una sola autoridad competente, ejército a la calle, llamadas a la unidad nacional, metáforas bélicas y delatores en los balcones, no son sólo el abono perfecto para la extrema derecha

Habrá que estar muy alerta con este tipo de control más sofisticado para preservar derechos y libertades. Pero también con los controles clásicos. En España, ciertamente, el estado de alarma es una situación legal, que debe permitir actuar con rapidez, de manera limitada en el tiempo, y con control parlamentario. España no es Hungría y Pedro Sánchez no es Viktor Orbán. Pero el artículo 116 no estaba pensado para esta dimensión y parece más bien un toque de queda que va más allá de lo previsto. Está faltando transparencia. Al decidir, por ejemplo, quién puede trabajar y quién no. Pero también en el uso extensivo del artículo 116, porque bajo este paraguas ha habido cero discusión en la suspensión de dos procesos electorales o en los funcionamiento anormal de los parlamentos. Y está faltando también proporcionalidad. Proporcionalidad en las penas para quien se salta el confinamiento —de 600 a 30.000 euros—, en la ley que se utiliza —la ley mordaza—, en el número de perseguidos —más de 234.000 ciudadanos con propuesta de sanción y más de 1.900 detenidos—, pero también en el perjuicio que causa en los ciudadanos que no pueden ir a trabajar porque que el gobierno se lo prohíbe sin suficientes medidas compensatorias. Quizás pronto entenderemos qué hace el ejército patrullando para controlar quién sigue el confinamiento, con unas atribuciones sin precedentes en la historia de la democracia. El estado de derecho también —o sobre todo— se debe demostrar en los momentos de crisis. Como ha escrito César Rendueles, pensar que los derechos civiles son sólo para cuando nos los podemos permitir, es no creer en los derechos civiles. Dar poderes extraordinarios debe comportar mecanismos de control extraordinarios. Que no están. Incluso en las ruedas de prensa se filtran las preguntas, como han denunciado más de 200 periodistas. Las pérdidas de libertades no son nunca transitorias. Una sola autoridad competente, ejército a la calle, llamadas a la unidad nacional, metáforas bélicas y delatores en los balcones, no son sólo el abono perfecto para la extrema derecha. Son la influencia que tendrá en la policía y la justicia el clima creado cuando comiencen las protestas sociales por el drama económico.