La Coordinadora 25-S, formada por diferentes colectivos vecinales, activistas sociales y militantes de partidos de izquierda, había comunicado a la delegación del Gobierno en Madrid la voluntad de hacer un acto de protesta hoy, día de Sant Jordi, ante el Congreso de los Diputados, cumpliendo todas las medidas sanitarias que fueran necesarias. La entidad pedía, una vez más, pero con especial énfasis, la derogación de la ley mordaza, el fin de la brutalidad policial y la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. No podrán hacerlo. No lo podrán hacer porque en España continúan suspendidos derechos fundamentales como el de la libre circulación, pero también el derecho a reunión. Con medidas o sin. Prohibido protestar. Grave error. El estado de derecho no está —o no debería estar— en cuarentena. Y la democracia tampoco.

El PSOE y Podemos pactaron derogar la ley mordaza. Y como dicen los de la coordinadora, no es una fake new. Bueno, sí, porque los gobiernos, mal que le pese a la Guardia Civil, son los grandes creadores de mentiras. Porque en seis semanas de estado de alarma ya se ha utilizado más que en todos los años del PP juntos, sin que a nadie, especialmente a Pablo Iglesias, le caiga la cara de vergüenza. De hecho, a la dirigente de Podemos Isa Sierra la han condenado a un año y siete meses de prisión, multa e inhabilitación por detener el desahucio de una persona discapacitada, "sin más pruebas que los testimonios de los policías". Exactamente lo que ha pasado con 700.000 ciudadanos en seis semanas sin que nadie en Podemos abra la boca.

Teniendo en cuenta lo que viene, que es una gran crisis económica y social, este tipo de estado policial absurdo para luchar contra un virus, sólo inspira miedo y recorta derechos y libertades

Dirán que cómo se tiene que vigilar, entonces, que se cumpla el confinamiento. El más estricto del mundo, como demuestran nuestros teléfonos inteligentes. La respuesta es con información y responsabilidad ciudadana. Y sólo con la actuación policial cuando sea estrictamente necesario. De hecho, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska, cómplice de torturas, llegó a establecer que sólo se podría multar con la ley mordaza a quien muestre "oposición física ante las instrucciones dadas por los agentes". Por lo tanto, deberíamos pensar que en España ha habido 700.000 actos violentos. Esto querría decir que hay un conflicto cada 10 segundos. Después sabemos, porque nos lo cuentan cada día en las noticias como si fueran heroicidades, que lo que se denuncia son la mayoría de veces hechos insignificantes. Teniendo en cuenta lo que viene, que es una gran crisis económica y social, este tipo de estado policial absurdo para luchar contra un virus, sólo inspira miedo y recorta derechos y libertades. Como lo hace el propio estado de alarma. Y debería preocupar mucho más de lo que preocupa.

De hecho, parece que más que preocupar, hay muchos ciudadanos, quizás los mismos que acaparaban el papel higiénico como si fueran personajes de El Hoyo, que lo aplauden. Ya se sabe que toda dictadura necesita a sus delatores. Deben ser los mismos que no quieren que nadie vaya a la segunda residencia porque si ellos no tienen jardín, que nadie tenga, y que piden un confinamiento más severo. Como si el virus lo matara una dictadura. Si la nueva normalidad debe ser esta, vale más que nos exiliemos al Berlín que estos días nos interpela desde Unorthodox. O a Londres. Los políticos se quieren comparar con Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la gente, por cierto, no se quedaba en casa. Lo tienen complicado. Primero todavía tienen que beber mucho whisky. Y segundo, y más importante, Churchill hablaba de democracia. Pero seguro que no es por eso que ahora los británicos pueden ir al campo, a la montaña y de paseo. Seguro que no.