El ataque al teléfono inteligente del presidente del Parlament Roger Torrent, como cabeza visible hasta ahora de los políticos que han sufrido espionaje con el ya célebre programa Pegasus, sólo confirma lo que ya sabíamos: que el servicio de inteligencia español espía a los políticos independentistas (como mínimo). Aunque no siempre 2 más 2 son 4, si el sistema de la compañía israelí NSO sólo lo pueden adquirir gobiernos y cuerpos de seguridad (para combatir el crimen y el terrorismo), no hay que ser Perry Mason para llegar a esta conclusión. Otra cosa es que lo sepan utilizar o que los políticos independentistas, otra cosa no, pero de esquivar espías, sepan algo. Porque no encontrarán a ninguno que no haya sospechado tener el teléfono pinchado y se podría hacer una larga lista de reuniones donde los móviles se dejan guardados lejos. De hecho, el gran fracaso histórico del CNI fue no encontrar las urnas del 1 de octubre. Mucha tecnología israelí y los engañaron como tontos.

Ya sabemos que los servicios de inteligencia espían. Pero, ¡ay!, aunque lo hagan, en una democracia no se puede espiar a rivales políticos. Ergo, los han pillado

Por lo tanto, hasta aquí nada extraordinario. Ahora bien, es interesante fijarnos en las fechas en que el móvil de Roger Torrent fue intervenido. Primavera de 2019, en pleno juicio del procés. Eran meses en que se especulaba con la respuesta a la sentencia. Ahora ya la sabemos y se puede resumir en el espíritu de Urquinaona. Que duró lo que duró. Y con esto no digo que esté terminado. Digo que, en la pura protesta, duró unos días. Pero durante meses se especuló, incluso, con que el president Quim Torra iría al Parlament a activar la independencia. Aquello no se hizo y la respuesta política se externalizó en el ahora invernado Tsunami Democràtic. Por lo tanto, los servicios secretos españoles debían tener interés, sí o sí, en saber cuáles eran las intenciones de los políticos independentistas catalanes. De aquí que, evidentemente, fuera de interés controlar el teléfono del presidente del Parlament. Ahora bien, aquí es donde es pertinente preguntarse, como nos lo podíamos preguntar en octubre de 2017, si no se creían más la posible declaración de independencia los poderes del estado que los políticos catalanes. Bueno, o tiene razón Quico Sallés y realmente, ahora hablo del 17, la cosa iba más en serio de lo que después hemos pensado que iba.

Sea como sea, ya sabemos que los servicios de inteligencia espían. Pero, ¡ay!, aunque lo hagan, en una democracia no se puede espiar a rivales políticos. Ergo, los han pillado. Es cierto que no hay pruebas definitivas, pero debería ser obligación del gobierno español llegar hasta el fondo y que rueden cabezas. Cuando en 1995, hace 25 años, se supo que el entonces CESID grababa conversaciones del ahora rey emérito y que aquello se guardaba en una cintateca, a pesar de los desmentidos iniciales de Emilio Alonso Manglano, entonces jefe de los espías, y los ministros Narcís Serra y Julián García Vargas, los tres acabaron dimitiendo. Entonces todo se supo por el defenestrado coronel Juan Alberto Perote. Igual que ahora se sabe que España contrató Pegasus porque lo ha explicado un extrabajador de NSO. O el emérito está a un paso del exilio a Santo Domingo por Corinna. Un clásico del periodismo. Como en Primera plana, hay que huir de la respuesta oficial y seguir a la mujer (o al hombre) de la limpieza.