La arquitectura constitucional de 1978 se sustenta, en lo relativo a la convivencia lingüística, en una mentira fundacional. El Estado no aplica una cooficialidad integradora, sino un supremacismo jurídico asimilacionista que blinda el privilegio de una sola lengua y condena el gallego, el catalán y el euskera a la subordinación perpetua y a la vulnerabilidad judicial.
La clave se encuentra en la redacción asimétrica del artículo 3.1 de la Constitución. Al establecer el deber de conocer el castellano, el texto impone una dominación. El castellano es la única lengua de obligado conocimiento; las demás son meros accidentes admitidos por condescendencia. Esta asimetría permite que la justicia, la administración central y los cuerpos de seguridad del Estado actúen como agentes de asimilación cultural dentro de territorios soberanos.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) demuestra de forma reiterada que la identidad lingüística forma parte indisoluble de los derechos fundamentales, vinculada a la integridad personal y al derecho a un proceso justo. Impedir que un ciudadano se exprese en su lengua ante los poderes públicos rompe la igualdad de armas y degrada su dignidad. Sin embargo, el Estado español ignora estos estándares al sostener un aparato administrativo ajeno a la realidad de nuestros países.
Los obstáculos derivan de una estrategia centralista para laminar la pluralidad. Lo vimos en Catalunya con la agresión del TSJC mediante la sentencia del 25 % de clases en castellano, que dinamitó la inmersión en favor de denuncias individuales. Lo vimos también en el País Vasco con la polémica de los ceros masivos en la prueba de Euskera de la PAU, donde ciertos criterios desproporcionados operaron como freno contra los estudiantes.
A esta ofensiva escolar se suma un asalto al autogobierno laboral. La ofensiva del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra los perfiles lingüísticos está saboteando la normalización en la función pública. Sentencias sucesivas han anulado convocatorias de empleo bajo el pretexto de la “proporcionalidad”, tumbando la exigencia del idioma propio para plazas técnicas en diputaciones como la de Gipuzkoa. Se niega así el derecho a ser atendido en la lengua propia y se convierten las administraciones en feudos del monolingüismo castellano.
El Estado no aplica una cooficialidad integradora, sino un supremacismo jurídico asimilacionista que blinda el privilegio de una sola lengua y condena el gallego, el catalán y el euskera a la subordinación perpetua y a la vulnerabilidad judicial
Mientras tanto, en Galicia, el Decreto 79/2010 para el Plurilingüismo constituye un caso de autolimitación, esta vez desde el Gobierno autónomo (monopolizado por una derecha cada vez más españolista), al prohibir impartir Ciencias en gallego en secundaria. Esta perversidad asocia el gallego al folclorismo, mientras que su exclusión práctica en la educación infantil pone al idioma en riesgo de extinción urbana, esconzando la transmisión generacional.
Democracias como Suiza, Bélgica o Canadá demuestran que el respeto a los derechos civiles exige la demolición del bilingüismo asimétrico. Canadá confiere a Quebec plena soberanía lingüística con la Carta de la Lengua Francesa, donde la inmersión es obligatoria y el francés constituye un requisito funcional inexorable. Por su parte, Flandes y Valonia son monolingües y la región de Bruselas es plenamente bilingüe. En Suiza, cada cantón tiene la capacidad de elegir un régimen de monolingüismo o bilingüismo, y la Administración federal garantiza el derecho de todas las personas a ser atendidas en su respectiva lengua (italiano, francés, alemán o romanche). De ahí que dichos sistemas federales, aun estando adornados con elementos confederales (como afirmaba el lehendakari Garaikoetxea), tengan resuelta esta cuestión, un asunto para el que el Estado ha rechazado y sigue rechazando cualquier solución adecuada.
Es necesario exigir un cambio radical que elimine el deber asimétrico de conocimiento. Esta igualdad real exige decretar la obligatoriedad general del conocimiento de las lenguas propias para todo tipo de empleados públicos. Es totalmente inadmisible que notarios y registradores, junto a piezas clave de la Administración de Justicia (como magistrados, jueces, fiscales y letrados), ejerzan sin entender el idioma de una ciudadanía a la que, precisamente, genera indefensión su desconocimiento.
Esta igualdad determinará en la práctica la necesidad, o al menos la extrema conveniencia, de conocer las lenguas propias nacionales para poder vivir, trabajar y prosperar en Galicia, Euskal Herria y los Països Catalans. Solo cuando el idioma propio sea una llave indispensable para vivir en Euskadi, Catalunya o Galicia, frenaremos la asimilación. El Estado debería asumir la igualdad jurídica de nuestras lenguas propias y nacionales con el castellano, o de lo contrario estará refrendando su condición de cárcel de pueblos y, por consiguiente, la apelación a nuestra plena soberanía.