La cuestión es: ¿qué sentido tendría una amnistía que mantenga a cientos de personas procesadas y muchas también exiliadas? Si, como ha argumentado el PSOE, el objetivo de la amnistía es desjudicializar el conflicto catalán, ¿qué resolvería una ley de amnistía que no resuelva la situación de todos los encausados?

Una cosa es segura, si se aprueba la ley de amnistía con la excepción de los delitos de terrorismo y de traición tal como están tipificados, las personas acusadas por el Tsunami, los CDR, el caso Volhov y otros muchos serán sin duda acusados de estos delitos aunque no los hayan cometido, habida cuenta de la beligerancia judicial

La maquinaria mediática se ha puesto en marcha en España, pero sobre todo en Catalunya, para presionar a Junts per Catalunya, hasta el punto de que muchos partidarios del partido de Puigdemont, vulnerables a la intoxicación, recibieron con una decepción considerable el voto en contra de JXCat a la proposición de ley, que obliga a renegociarla. Una cosa es segura, si se aprueba la ley con la excepción de los delitos de terrorismo y de traición tal como están tipificados, las personas acusadas por el Tsunami, los CDR, el caso Volhov y otros muchos serán sin duda acusados de estos delitos que ofrece la ley, dada la beligerancia judicial reiteradamente expresada con palabras, pero sobre todo con hechos.

Ni que decir tiene que alargar el trámite de la ley no está exento de riesgos, pero aprobar una ley que no resuelva nada es un riesgo mucho más peligroso. E incluso podría ocurrir que, aprovechando la ley de amnistía, los jueces elevaran las acusaciones con peticiones de condena mucho más duras que en el juicio del Procés, donde nunca aparecieron acusaciones contra nadie por los delitos de terrorismo o traición.

Un Puigdemont eventualmente amnistiado no podría volver a Catalunya dignamente dejando en la estacada a tantas personas que se implicaron en el Procés como ya ocurrió con los indultos. Consta que es consciente de ello y tiene asumido que debe ser el último en volver

A menudo se habla de Puigdemont y de Marta Rovira, pero no son pocas las personas que no reciben la atención de los medios y están imputadas por el Tsunami y otros casos que, como ha hecho Ruben Wagensberg, han tenido que refugiarse fuera de territorio español para evitar su detención. Hay un interés malévolo en presentar la actitud de Junts como si solo se preocupara de Puigdemont, cuando no es Puigdemont quien está más amenazado. Difícilmente podrá demostrar ningún tribunal que el presidente exiliado mató a nadie. Amnistiar a Puigdemont y olvidarse de otros no resuelve ningún problema. Y lo que es seguro es que un Puigdemont eventualmente amnistiado no podría volver a Catalunya dignamente, dejando en la estacada a tantas personas que se implicaron en el Procés, como ya ocurrió con los indultos. Consta que es consciente de ello y tiene asumido que debe ser el último en volver.

Todo viene de la obsesión del PSOE de incluir en la ley la excepción de los casos de terrorismo y de traición. Pedro Sánchez dijo el jueves que "todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas", pero si la ley establece una excepción con los terroristas es una manera de decir que quizás algunos sí lo eran. Y esto abre a los jueces el margen de acusación. Al levantar la ley esta liebre, los jueces organizados para reventar la amnistía —y de paso el Gobierno de Pedro Sánchez— se han agarrado a la acusación de estos delitos como a un clavo ardiendo. En el caso del delito de traición, los jueces pueden incorporar prácticamente a quienes quieran con el argumento del artículo 592 del Código Penal, que es un cajón de sastre, y permite acusar a quien “con el fin de perjudicar a la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantendrían inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras”.

Pedro Sánchez ha dicho que "todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas", pero si la ley establece una excepción con los terroristas, es una manera de decir que quizás algunos sí lo eran, y pone en bandeja a los jueces el margen de acusación

Desde el principio del Procés, los diferentes gobiernos de la Generalitat, Diplocat, Òmnium, ANC, asociaciones diversas y personas por su cuenta hicieron campaña antes y después del referéndum. Reclamaron a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales, organizaron en todo el mundo debates, conferencias de prensa, entrevistas en medios... Se puede acusar de traición a quien le dé la gana al juez, así que se puede comprender la insistencia de Junts per Catalunya de suprimir de la ley esas excepciones, que, por cierto, también ERC defendió suprimirlas y no acaba de entenderse por qué ha desistido.

El PSOE se ha empeñado en fijar esas excepciones que no venían a cuento argumentando que ayudarían a superar el procedimiento ante las cuestiones prejudiciales que previsiblemente los jueces españoles presentarán ante los tribunales europeos. No he sido capaz de encontrar ningún texto legal europeo que prohíba amnistiar a terroristas. Un abogado tan poco sospechoso como Javier Melero confirmaba el otro día en Can Basté que no existe ninguna exigencia, ni constitucional española ni de leyes europeas, que prohíba la amnistía a terroristas.

Esto es así porque las acusaciones de terrorismo y traición entre bandos de un mismo conflicto son siempre recurrentes y la amnistía es el ingrediente imprescindible para la paz. Es fácil recordar algunos precedentes. Por supuesto la amnistía del 77 que amnistió a no pocos terroristas y ha sido declarada constitucional. Más cerca en el tiempo, el Reino Unido promovió la amnistía para todos los implicados en el conflicto de Irlanda del Norte, desde 1968 hasta 1998, donde se calcula que hubo más de 3000 muertos. Existe el caso de Filipinas. Naciones Unidas y Estados Unidos suprimieron de su registro de organizaciones terroristas las guerrillas filipinas comunistas y musulmanas porque fueron amnistiadas por el Gobierno de Manila. Es decir, no existe un problema jurídico para amnistiar el terrorismo, pero si como constata Pedro Sánchez no ha habido terrorismo en el Procés, no debería haber ningún impedimento para suprimir las excepciones que incomprensiblemente incorporaron a la proposición de ley.

La actitud del PSOE solo puede entenderse por dos motivos. Quizá porque ha interiorizado el discurso de sus adversarios y pretende dar una imagen de mayor firmeza ante Junts, una postura frívola que nadie le va a agradecer y menos el PP, Vox y los jueces de la caverna. O bien porque ha recibido presiones de los poderes del Estado que no se atreve a rechazar. Atender las exigencias de quien quiere destruirte nunca da buenos resultados.

Resulta francamente imperdonable que ERC y Junts no sumen fuerzas tratándose de un asunto en el que ambos se juegan tanto, pero sobre todo personas inocentes que están sufriendo un calvario procesal. Y, de paso, el país entero

Es cierto, dado el comportamiento no de dos jueces, sino del poder judicial en su conjunto, que difícilmente la ley podrá cerrar todas las rendijas para evitar acusaciones arbitrarias y que la aplicación de cualquier ley de amnistía que se apruebe será un largo y tortuoso camino, pero tampoco conviene introducir excepciones que ponen en bandeja la práctica del lawfare. La obligación del legislativo es redactar escrupulosamente las leyes, para que su voluntad, basada en la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía, no sea defraudada.

Ahora se abre un nuevo proceso negociador, algunos representantes sobre todo de Sumar y algunos del PSOE se han expresado dispuestos a encontrar soluciones y lo que resulta francamente imperdonable es que ERC y Junts no sumen fuerzas tratándose de un asunto en el que ambos se juegan tanto, pero sobre todo personas inocentes que están sufriendo un calvario procesal. Y, de paso, el país en su conjunto.