"El reagrupamiento es un derecho fundamental, pero no es un derecho ilimitado", de manera que "en nuestro país los temporeros no pueden reagrupar, solo pueden hacerlo los residentes con carácter definitivo, y, además, aquel que quiere reagrupar debe tener medios económicos suficientes para poder subvenir a las necesidades de su familia", porque "no tiene ningún sentido que tú puedas reagrupar a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tus progenitores y que al día siguiente tengan que venir a pedir ayudas al ministerio de Asuntos Sociales". Si una argumentación como esta en torno a la inmigración la formulara alguien en público en Catalunya lo crucificarían en el altar de los sacrificios de la ultraderecha tachándolo, por lo menos, de supremacista, xenófobo, racista, fascista y nazi.

El razonamiento no es, sin embargo, de ningún catalán. Quien lo sostiene y lo mantiene es el jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, en calidad de máximo responsable político de un país soberano e independiente que, a pesar de las muchas carencias que aún arrastra en el terreno institucional fruto de su condición de coprincipado entre el presidente de la República Francesa, en tanto que heredero del conde de Foix, y el obispo de Urgell, puede hacer y deshacer libremente según sus intereses y sus necesidades. Y por eso dice lo que dice sin que nadie se escandalice en un momento en que el país puede sufrir un problema grave de superpoblación si no regula de manera urgente la llegada de inmigrantes. La idea es que solo puedan optar a reagrupar a las familias los trabajadores con permiso de residencia fija y recursos económicos suficientes para mantenerlas, y en ningún caso los inmigrantes ilegales, para evitar que la entrada masiva de recién llegados colapse los servicios sociales esenciales, tal y como explicó la semana pasada Xavier Espot en una entrevista en Ràdio Nacional d’Andorra.

La voluntad de mantenerse firme en las líneas rojas fijadas para impedir que una llegada masiva de reagrupados sin ingresos para vivir dignamente lleve el gasto social a un punto insostenible se produce después de que la pasada temporada de invierno una parte de temporeros y también de residentes estables llevaran ilegalmente al país familiares, incluidos menores, y el estado tuviera que permitirles el acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad aunque no residieran legalmente en Andorra. El resultado de una experiencia tan negativa ha aconsejado tratar de evitar que se repita la misma situación y por este motivo cuando se acabó el curso escolar se comunicó a los infractores que no podían continuar en el país porque estaban incumpliendo la ley y que no habría regularización de ilegales. Por todo ello, el jefe de gobierno es claro cuando proclama que "no tiene ningún sentido que un inmigrante reagrupe a la familia en Andorra y al día siguiente pida ayudas sociales". A efectos prácticos, esto quiere decir que un residente debe justificar que tiene, como mínimo, unos ingresos equivalentes al salario mínimo de 1.447 euros al mes para él, el doble, 2.894 euros, si quiere reagrupar a un adulto, y un 70% del salario mínimo adicional, 1.012 euros más, si el reagrupado es un menor.

Una inmigración desordenada y descontrolada afectaría gravemente tanto al crecimiento como a la identidad

La conclusión es que si Andorra, a pesar de tener las herramientas de un estado libre e independiente detrás por pequeño que sea, no puede permitirse una inmigración desordenada y descontrolada, porque afectaría gravemente tanto a su crecimiento como a su identidad, Catalunya todavía se lo puede permitir menos, porque en su caso no solo no tiene un estado propio, sino que tiene uno detrás que le va a la contra. Como consecuencia de esta realidad es una obviedad que no dispone de las herramientas para hacer frente a un problema de esta magnitud, y por ello es tan importante que desde dentro mismo no se faciliten las cosas con según qué discursos simplistas y bonistas que solo sirven para tirarse piedras al propio tejado. Catalunya no puede acoger indiscriminada e indefinidamente si no quiere ver en peligro su integridad nacional. O, dicho de otra manera, por ahora la Catalunya de los 10 millones de habitantes —actualmente ya tiene más de 8—, que quiere decir un crecimiento exponencial de la inmigración, no es una opción de futuro para la nación catalana.

Vinculado con todo ello, en Andorra hay abierto un debate intenso en torno a si justamente los residentes tienen que poder votar, de momento, en las elecciones comunales, las equivalentes a las municipales. Los partidarios consideran que conceder el derecho de voto y de elegibilidad en los comicios comunales —los próximos tocan en 2027— a los residentes extranjeros, por descontado legales, que sobre todo en los casos que proceden de países de la Unión Europea (UE) pagan impuestos y contribuyen a la economía local como todo el mundo, sería un paso fundamental hacia la integración social. Los detractores, en cambio, lo ven como una manera de diluir la personalidad andorrana y apuestan por limitar el voto, como ocurre ahora, a quienes tienen la nacionalidad. Un debate que probablemente en Catalunya no podría llevarse a cabo con la misma serenidad. De hecho, en algunas ocasiones ya se había planteado que los inmigrantes pudieran votar en las elecciones municipales, pero nunca se ha ido más allá, y en un momento en el que las posiciones sobre la inmigración están especialmente enfrentadas todavía parece menos factible.

En todo caso, el paralelismo con Andorra también es posible en otras cuestiones en el fondo, no obstante, relacionadas con esta, como por ejemplo la del idioma, y más ahora que una nueva sentencia de la justicia española, la enésima —el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a pesar del nombre, forma parte del sistema judicial español—, torpedea otra vez el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela. Y es que si Andorra, a pesar de tener precisamente el catalán como única lengua oficial, ya tiene dificultades para que determinados inmigrantes refractarios a todo lo que se aparte de la visión española de la vida la utilicen, Catalunya las tiene multiplicadas por diez al no disponer de los mecanismos para hacer que las leyes que aprueba se cumplan. Por eso hacen falta acciones más contundentes, más allá de ir haciendo leyes y decretos que los tribunales españoles no dudarán en anular uno tras otro como han hecho hasta ahora, ante un caso que demuestra una vez más que la autonomía no sirve para nada y que la única solución para las aspiraciones nacionales de Catalunya es la independencia. Como Andorra.