En unas circunstancias tan excepcionales como las que está originando la pandemia, el conjunto de las instituciones tienen que ser capaces de cooperar y coordinarse, aparcando toda discrepancia legítima y con independencia de quién gobierne en cada espacio. La comparecencia conjunta de la consellera de Salut, Alba Vergés, y la alcaldesa Ada Colau, escenificando unidad de acción, cooperación y coordinación, es el mejor ejemplo.

Este, precisamente este, es el pecado original del Gobierno en la gestión de este drama. Cuando optó por no seguir el modelo de gestión alemán (cooperación entre los länder y el gobierno federal), proyectó una determinada línea de trabajo y de enfrentarse a la crisis. Cuando las cosas van mal, vuelven las costumbres ancestrales.

Debe ser eso del marxista centralismo democrático. O más bien, una actitud muy hispánica: el despotismo ilustrado de las monarquías absolutistas. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y eso sin contar las consignas patrióticas y el protagonismo castrense en las comparecencias públicas.

Esta recentralización, en nombre del estado de alarma, llegó al extremo de exigir a la Conselleria de Salut que centralizara toda la información y la prohibición hacer públicos los datos. Y si tiene todo el sentido que los datos se compartan (sólo faltaría), lo que sorprende es la prohibición de ofrecer una información veraz a las autonomías. Afortunadamente, la consellera Vergés, que se está creciendo cada día ante la adversidad, ha optado por la transparencia. E informa con doce horas de antelación con respecto al Ministerio de Sanidad, a la vez que traslada al Gobierno todos los datos que permiten posteriormente al ministerio de Illa ofrecer datos muy completos del conjunto del Estado, por territorios.

La solidaridad que no llega de Europa —al menos por ahora, la UE vuelve a ser un club de estados en el que cada uno va a lo suyo— sí que tendría que ser exigible en el conjunto del Estado, y específicamente en Catalunya. Por eso hay que subrayar la unidad de acción que proyectaron Vergés y Colau. Nada que ver con uno de esos resbalones que dejan marca y ponen en evidencia a sus autores. Así, el PSC hacía ostentación del uso arbitrario de la Diputación de Barcelona para favorecer a l'Hospitalet (la alcaldesa también preside la Diputación) traficando con los recursos materiales y humanos. La rectificación llegó tarde. Justo después de que Dionís Guiteras, líder del grupo mayoritario en el ente provincial, denunciara esta chapucera y partidista exhibición del uso arbitrario del ente en medio del drama. Lo más chocante, no obstante, fue el silencio de los socios de gobierno del PSC en la Diputación. Ni una palabra. Nada. Si Guiteras no interviene, lo habrían dejado pasar como si nada.

La verbalización del uso arbitrario de una institución y la descarada exhibición partidista en medio de la tragedia es infinitamente peor que el jacobinismo atávico del Gobierno del Estado o las chapuzas como la compra de tests defectuosos.

El mensaje era nítido. Como gobernamos nosotros, barremos para casa. Una praxis que verbalizada en pleno colapso sanitario enciende las alarmas.

Si en la crisis económica del 2008 se rescataron las entidades de crédito con los ahorros de los trabajadores, ahora es justo y probablemente necesario exigir un esfuerzo a las entidades de crédito para auxiliar a la ciudadanía y al conjunto de la sociedad

Y esto no ha hecho más que empezar. Es decir, estamos en el punto álgido de contagios y muertes. A la espera de que remita y se aviste el final del túnel, el levantamiento del confinamiento. Para entonces, se tendrá que afrontar el impacto económico que habrá dejado este confinamiento que ya se dibuja devastador.

Y asumir este escenario pedirá coraje y un esfuerzo titánico. Además de personas y equipos que tomen decisiones atrevidas y audaces, y que al mismo tiempo hablen. Personas curtidas como Dionís Guiteras, que asumió el mando de un ayuntamiento, como el de Moià, en bancarrota. Allí se graduó en situaciones de catástrofe económica. Y lo logró, obró un milagro. A ver si el gobierno de la Diputación toma nota, se pone en manos de personas como Guiteras (seguramente dispuesto a ayudar) y en lugar de arramblar con todo, asume un liderazgo y despliega todo el poder del ente para resarcir una ciudadanía y un tejido económico que habrá quedado muy tocado. Aunque las posibles soluciones choquen con la actitud del Estado.

Actualmente, todas las administraciones públicas tienen las finanzas sujetas a la ley Montoro, que limita, entre otras cosas, el techo de déficit, la capacidad de endeudamiento y el destino de los remanentes líquidos de tesorería. La ley Montoro sirvió para centrifugar la deuda del Estado a las comunidades autónomas, diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos.

Eso permitió al Estado bajar su nivel de endeudamiento y poder ir cumpliendo (relativamente) con Europa. Pero como los pillaron, el BCE compró deuda española a cambio de que el Estado comprara la deuda española que tenían, básicamente, bancos alemanes y franceses.

A día de hoy, en Catalunya, las diputaciones (sobre todo la de Barcelona) están absolutamente saneadas, con deuda próxima a 0. Pero no pueden endeudarse, aunque cuentan con un remanente líquido de tesorería de centenares de millones de euros.

En la gran mayoría de ayuntamientos (por no decir la casi totalidad, ¡en el Moià de Guiteras también!) pasa lo mismo: las finanzas saneadas, un nivel de endeudamiento bajo o muy bajo, resultados positivos, tesorería en forma. Y, en cambio, no pueden utilizar ni los recursos sobrantes (la ley Montoro obliga a seguir bajando deuda pagando a los bancos primero) para poder hacer gasto que supere la falta de inversión de los últimos años de crisis.

Utilizar estos recursos económicos, que son ciertos y reales, para volver a hacer que las administraciones públicas hagan de tractores económicos y suavicen el fuerte choque es imprescindible para encarar un paisaje económico desolador. Y hay que pensar ahora. O se genera confianza en empresas y trabajadores, o encontraremos un solar cuando llegue el verano.

Si en la crisis económica del 2008 se rescataron las entidades de crédito con los ahorros de los trabajadores, ahora es justo y probablemente necesario exigir un esfuerzo a las entidades de crédito, entre otros, para auxiliar a la ciudadanía y al conjunto de la sociedad.