Fercable, de Sant Vicenç dels Horts, fue la primera empresa de todo el Estado que sufrió los efectos de la reforma laboral del PP, pactada con CiU. El Consejo de Ministros presidido por Rajoy la aprobó una mañana de viernes de febrero y aquella misma tarde caía la planta de Fercable y su centenar de trabajadores. La gloriosa reforma de la derecha eliminaba de una tacada la autorización administrativa preceptiva para aplicar el llamado Expediente de Regulación de Empleo (ERE). De manera que la matriz Italiana de Fercable, la multinacional Prysmian, tenía las manos libres para cerrar una fábrica que ocupaba una plantilla de avanzada mediana edad. También para abaratar claramente el precio de su despido. No en vano, esta era una prioridad que inspiraba aquella reforma de 2012, facilitados para fastidiar a los trabajadores en la calle. Y para enviar a la mayoría al paro con un pésimo pronóstico cuando se trataba de personas que, por su edad, tienen incontables dificultades para reciclarse después de años haciendo un mismo trabajo muy especializado.

Esta es precisamente una de las cuestiones que la reforma laboral del Gobierno más progresista de la historia no ha tocado, ni una coma. Que al presidente de la patronal CEOE le parezca magnífico es comprensible, que se lo traguen CCOO y UGT no tanto. Es un tema primordial, determinante, que también se ha tragado Yolanda Díaz. Y obviamente Pedro Sánchez. Pero el presidente español es un tipo flexible que tanto puede sentirse cómodo al lado de Albert Rivera como —si mucho le conviene— de Pablo Iglesias. La pregunta que nos tendrían que responder tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) es que si con una clara mayoría de izquierdas en el Congreso —quizás la última— ahora no se puede tocar ni una coma, ¿cuándo se pueda hacer?

Tampoco han querido —a pesar de ser un catalán y un vasco los líderes sindicales españoles— recuperar la prevalencia de los convenios autonómicos. Una cuestión que tampoco es menor para dos territorios como Euskadi y Catalunya con un mayor nivel de vida.

Si con una clara mayoría de izquierdas en el Congreso —quizás la última— ahora no se puede tocar ni una coma de la reforma, ¿cuándo se pueda hacer?

También han renunciado a recuperar el fondo de garantía salarial, aquello que era Fogasa, que permitía abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes ante un impago.

Insisten en regalar a la CEOE toda la representación patronal, manteniendo la exclusión de Pimec del Consejo Económico y Social y, por lo tanto, arrinconándolos en este diálogo social capado y que ha pretendido anular los votos soberanos y sus representantes.

Y lo peor de todo —y lo más incomprensible— es que en lugar de favorecer un debate parlamentario para mejorar los escasos avances fruto del acuerdo con la patronal del potentado de Neguri, han optado por bendecir su chulería, "no se toca ni una coma" y presionar a los republicanos catalanes para que bendijeran acríticamente el acuerdo.

El Presidente de la UGT en Catalunya es un tipo como Camil Ros, merecedor de todo mi respeto. Y más. El de España es Pepe Álvarez, un hombre que no dudó en hacer campaña activa por el derecho a decidir en el Baix Llobregat en 2014, cabreando de lo lindo al PSC. Sois dos sindicalistas determinantes que amáis al país y a su gente.  Y no tengo ninguna duda de que la contrarreforma laboral es un poco menos lesiva para los trabajadores y que el diálogo social es provechoso. Ahora, exigir la adhesión incondicional a (entre otros) Gabriel Rufián, estaremos de acuerdo que, como mínimo, es de una prepotencia ofensiva.

Por otra parte, esta sacralización del diálogo social se ha desvanecido con el incremento del SMI, una medida justa en un país con un salario mínimo que fue devastado por Felipe González, héroe de la patronal de Garamendi.

Finalmente, escuchaba a Díaz reprobando a Rufián (del PNV ni palabra) por no firmar la contrarreforma de la cual había sido literalmente excluido porque no sabría decir qué decir a los trabajadores que no se beneficiaran de algunos de los cambios introducidos. La misma pregunta que yo os podría hacer con más motivo. ¿Qué les diréis a los trabajadores de la próxima Fercable cuando los cierren sin más porque no habéis aceptado demandas tan justas como la preceptiva autorización administrativa ante un cierre patronal decretado desde 3.000 km de distancia?