Cuando un grupo de sabios firmó un manifiesto exigiendo el cierre de los colegios, a muchas madres y padres se les cayeron literalmente los ovarios (o los cojones) al suelo. Curiosamente, algunos de estos defensores del cierre de todo y más señalaban, en paralelo, la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid como referente.
A Ayuso se le han muerto un 35 por ciento más de vecinos y si bien la restauración madrileña no ha sufrido las medidas drásticas de la catalana —y este es un hecho incuestionable—, el coste en vidas humanas, miles en este caso, no parece un dato menor. Y menos cuando tu ámbito es la medicina.
En Catalunya se ha vivido una situación esquizofrénica y algunos de sus protagonistas han contribuido a una ceremonia de la confusión que ha lastrado toda la gestión de la pandemia y, en especial, su proyección pública. La distorsión generada por la constante presencia de profesionales de la medicina pontificando a diestro y siniestro, en un ejercicio de petulancia y vanidad inéditas, ha generado una confusión permanente que ha dificultado un debate sereno y, sobre todo, que se puesieran los focos allí donde era imprescindible.
Tenía razón Fermí Puig, decía en una reciente entrevista con la también cocinera Ada Parellada que en Catalunya se han tomado decisiones de país de ricos con bolsillo de pobre. El reputado cocinero dejó caer esta sentencia con Basté, aunque añadió un toque arbitrario de pimienta que, sin restar razón al fondo de la afirmación, sembraba otro tipo de dudas.
Este, el cierre preventivo sin las compensaciones adecuadas, ha sido sin duda el talón de Aquiles de la gestión catalana de una pandemia que nadie vio venir a tiempo. Si es que esta previsión hubiera servido de mucho, visto el impacto en toda nuestra área geográfica. Al menos no fue así en Catalunya, aunque algunos como Agbar confinaron preventivamente sus instalaciones —ya en febrero del 2020— cuando nadie lo hacía. Al fin y al cabo, no hay ningún país de nuestro entorno que pueda decir que haya salido indemne en ningún caso.
¿Cómo es posible que no hayamos pedido de todas las formas posibles que el gobierno español añadiera recursos en forma de ayudas a los sectores afectados cuando este mismo gobierno aplaudía las medidas preventivas de la Generalitat y ponía en cuestión la gestión hecha por la Comunidad de Madrid?
Catalunya ha sido la comunidad autónoma que más ayudas directas ha dado a los sectores afectados por los cierres. Pero estas cantidades han sido, en la mayoría de casos, claramente insuficientes. Y para algunos sectores, como la restauración, casi simbólicas. Si Catalunya, el Govern, ha hecho un esfuerzo notable en este sentido, si bien insuficiente, ¿cómo es que no hemos exigido al Gobierno —verdadero administrador del maná público de recursos— un esfuerzo equiparable? ¿Cómo es que seguimos exigiendo al pobre la primera limosna y hemos sido incapaces de exigir a la administración central que compensara la balanza? ¿Cómo es posible que no hayamos pedido de todas las formas posibles que el gobierno español añadiera recursos en forma de ayudas a los sectores afectados cuando este mismo gobierno aplaudía las medidas preventivas de la Generalitat y ponía en cuestión la gestión hecha por la comunidad autónoma de Madrid?
Si el objetivo era salvar vidas, es obvio que Catalunya ha obtenido un éxito notable. Si de lo que se trataba era de preservar por encima de todo el negocio de la restauración (y miles de puestos de trabajo), es obvio que Ayuso ha tenido mucho más éxito. Decía Ada Parellada, valiente y contraviniendo las declaraciones del portavoz de su gremio: "El Gobierno de Madrid tendría que haber optado por seguir el modelo catalán y que no se nos hiciera esta competencia desleal. Todos tendríamos que haber jugado las mismas cartas y ser solidarios".
Demasiado a menudo Catalunya parece víctima de ella misma. Catalunya ha tomado medidas preventivas como la mayoría de países europeos. El problema no ha sido tanto la acción preventiva como la incapacidad para compensar las medidas draconianas que han devastado sectores como el de la restauración, que, irritado, ha respondido arremetiendo contra el Govern, obviando lo que era imprescindible y que tendría que haber sido un clamor: compensaciones adecuadas al conjunto de las administraciones, tanto la autonómica (el alma pobre de la ecuación) como específicamente un Gobierno que ha silbado sin incomodarse porque ni se ha visto señalado cuando tocaba ni ha sentido la presión de los sectores afectados ni de la ciudadanía que legítimamente se quejaba de que iban de capa caída.
Afortunadamente, uno de cada cuatro catalanes ya ha recibido la primera dosis de una vacuna que se ha revelado como la única garantía para recuperar la normalidad. Un dato, este sí, para la esperanza que hace avistar —afortunadamente— el principio del fin. Y que tendría que permitir ya, sin más demora, que la restauración y el conjunto de los negocios más afectados por las restricciones puedan volver a trabajar a pleno rendimiento. Incluyendo un paquete de medidas que hagan viables unos negocios que han pagado los platos rotos de la crisis, en forma de un endeudamiento que ahora es justo y necesario que el conjunto de las administraciones asuma o compense solidariamente.