Es una muy buena noticia que, finalmente, se juzguen las indecentes cargas policiales del 1-O. La mayor vergüenza para España en sus más de 40 años de democracia. El magistrado Francesc Miralles ha tardado cinco años en investigar —con el trabajo ingente de Irídia y las trabas de la policía— y ahora ha ordenado sentar en el banquillo de los acusados a 45 policías. En el auto, Miralles recuerda a los agentes la Ley orgánica 2/1986 sobre cómo deben actuar los agentes ante situaciones como la del referéndum: evitar “cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que comporte violencia física o moral” y mantener “un trato correcto y esmerado con los ciudadanos", y que "sólo podrán utilizar las armas en las situaciones en las que haya un riesgo racionalmente grave para su vida". Blanco y en botella. No hacían falta cinco años para llegar a esta conclusión. Pero, serán pocos o muchos, es una buena noticia que el juez diga que “no resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara de las personas o que las tiren escaleras abajo, cayendo éstas sobre otras personas que están sentadas, con un grave riesgo para la integridad de los ciudadanos", que es lo que ocurrió en la escuela Pau Claris, y que el juez Miralles califica de "claramente denigrante". En varias de las escuelas, incide el juez, los agentes irrumpieron “sin negociación ni advertencia”, e inmediatamente utilizaron la fuerza de forma “claramente innecesaria” para desalojar a los votantes, que no mostraban “actitudes agresivas” y entre los que encontraba gente mayor. De tanta impunidad, injusticia y mezquindad policial, judicial, mediática y política, leerlo, reconforta.
El 1 de octubre del 2017 los piolines actuaron en 27 colegios electorales, y de casi todos salieron denuncias presentadas por ciudadanos
Y es también una buena noticia que, según el juez instructor, los policías imputados pudieron incurrir también en los delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y delitos contra la integridad moral. En cambio, el magistrado descarta seguir el procedimiento contra nadie por el delito de daños a causa de los destrozos causados por la policía porque, argumenta, la orden judicial permitía forzar las cerraduras y puertas para poder entrar. Forzar las cerraduras es quedarse corto. El 1 de octubre del 2017 los piolines actuaron en 27 colegios electorales, y de casi todos salieron denuncias presentadas por ciudadanos. Pero, según el instructor, las directrices legales sobre cómo actuar sí se cumplieron en 14 de los 27 colegios de Barcelona, donde describe "cogidas y empujones", pero no actuaciones "desproporcionadas".
Más de cinco años después, todavía no hay un policía condenado y, en cambio, sí votantes, por agresiones a agentes. De hecho, se juzgó antes a la cúpula de los Mossos, con Trapero al frente, para establecer que sí actuaron correctamente. Y, obviamente, se han juzgado a todos los líderes políticos y sociales que no se fueron al exilio, con las penas que todo el mundo conoce. De hecho, ha habido tiempo de indultarlos e, incluso, cambiar el Código Penal. Pero lo más grave de todo es que a pesar que por un lado se han juzgado a los responsables políticos, por el otro, la investigación se ha centrado en los agentes y sus mandos sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las cúpulas policiales y políticas de Interior. Dice el magistrado que no se ha podido demostrar durante que hubiera una orden política para cargar. "Nunca se dijo 'intervención ya'", declaró el entonces secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Los sucesivos informes de Interior, de la Policía y del coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, han descargado la responsabilidad en los ocho inspectores jefes de los antidisturbios. El Reino de España ha impedido una vez más que se sepa quién fue el señor X.