No hay experto en materia inmobiliaria que no critique la nueva ley de vivienda. Solo parecen considerarla justa, aunque insuficiente, el Sindicato de Inquilinos y los partidos que la impulsan, estos últimos porque suponen que de ahí, como en el caso de los funcionarios y los pensionistas, pescarán cuantiosos votos, tantos como para seguir reenviando el problema más allá. Es obvio que, a los que ya viven de alquiler y al Gobierno, el problema de quien no puede acceder les importa poco. La ley parece buena, pero es letal, sobre todo para los que se inician en esa demanda. Pero ¿qué más da lo que la ley sea, si parece lo que les conviene?

Porque el problema público en materia de vivienda a precios que puedan ser asequibles para amplios estratos de población continuará existiendo, y ya no es algo que quepa excusar en que no se trata de un derecho fundamental, porque una mayoría aplastante así lo concibe y la Constitución al respecto no es clara (aunque los juristas saben qué estatus real tiene). Observando nuestro entorno, solo algunas ciudades con perspectiva a largo plazo (un siglo vista) han sido capaces de serenar la situación. El resto sigue, de tanto en tanto, ofreciendo soluciones mágicas, como en nuestro caso ha sido la propuesta de Pedro Sánchez de poner 50.000 viviendas provenientes de la SAREB a disposición de quienes necesiten un alquiler social. Pero se trata de una propuesta peregrina, a pesar de que, de entrada, todo el mundo haya aplaudido algo obvio y clamorosamente contrario al espíritu de la Ley de Vivienda que a la vez están auspiciando: porque lo que distensiona el mercado de alquiler no es limitar la renta o llamar "gran tenedor" a quien no lo es para limitarle todas las posibilidades de quitarse de encima a quien no le pague, cuando tal vez de eso es de lo que viva o sobreviva. No, lo que distensiona el parque de alquiler es incrementarlo y, en otro orden de cosas, facilitar la rápida desocupación de quien, sin título o sin pagar aun teniéndolo, continúa instalado en la propiedad de otro; porque esto último afecta a la reputación jurídica de la ciudad y, por tanto, ese paupérrimo parque de alquiler se contrae todavía más.

Sí, pero 50.000 viviendas, nos dicen. Bueno, se ha de ver si aún están en la SAREB y sobre el monto real, identificar dónde están, por si se corresponden en su volumen con las ciudades y zonas de las mismas que padecen ese estrés por falta de opción. Si en cuanto a las ciudades oferta y demanda son armónicas, habrá que ver en qué condiciones están y cuál es el ambiente relacional de la zona, porque ser pobre no significa ser tonto ni querer para los propios hijos unas influencias peores que las de los demás, con lo que si se ubican en entornos de narcopisos o de alta ocupación ilegal de extracción mafiosa, tal vez la demanda se abstenga. Y sobren muchos pisos, claro.

Resueltos todos esos problemas, tal vez podremos aplaudir a Sánchez, pero creo que antes de revelarse la verdad al respecto, que va para largo, no lo duden, el voto a su persona, si depende de eso, deberá ser ciego. Como ciego supremo será el voto de quien lo haga depender de la reforma de la Ley llamada del "solo sí es sí", porque el efecto que tendrá la reforma sobre quienes ya están en la cárcel, o pendientes de juicio, o detenidos por la comisión de un delito de este tipo será este: ninguno. Ojalá en el caso de los pisos el resultado sea, y no porque nadie los quiera, algo más que cero.