"Nada hay más cambiante que el juicio del vulgo sobre el que se basa la fama."
Petrarca

Normalizar, en los tiempos que corren, significa repetir hasta vencer por cansancio. Eso es lo que intenta hacer Pedro Sánchez con el lawfare, porque es consciente de que la aceptación del término en el acuerdo político con Junts lleva visos de provocarle más dolores de cabeza que la amnistía. Así que de ser palabra prohibida, verán que no se le cae de la boca. Me decía una lengua malvada: "Le han pedido que trate con normalidad lo del lawfare y ahora lo va a ver hasta en la cena de Navidad". Aunque más bien parece que está dispuesto a verlo en todas partes menos donde se le señala que está. No se sabe bien si porque confunde el concepto o porque nos quiere confundir. Apuesten.

La primera vez lo hizo mezclando lawfare con corrupción policial, cloacas del Estado o utilización delictiva y espuria de la policía con fines políticos. Eso no es lawfare. Lo ha vuelto a hacer ahora al pretender que "no hay caso más paradigmático de lawfare que el secuestro al que somete el PP al Poder Judicial". Eso tampoco es lawfare, es un antiparadigma.

El concepto de lawfare está intrínsecamente unido a la acción judicial, al uso de las acciones judiciales con fines de persecución política, descrédito o destrucción del adversario político. Por eso es tan grave, porque supone poner la potente e imparable maquinaria de los tribunales, su inmenso poder, contra alguien por sus ideas políticas o para desacreditarle o inhabilitarle para defenderlas. Que en una democracia un juez haga eso, que investigue o procese o condene a personas por motivos políticos de forma injusta, sólo puede venir acompañado, como poco, de prevaricación y, como mucho, de otra ristra de delitos. No hay otra forma de verlo. Ni la policía ni un órgano de gobierno ni un señor que pase por la calle puede hacer lawfare sin que un tribunal intervenga. El problema de la utilización espuria de la justicia es el poder omnímodo que esta tiene sobre vidas y haciendas y eso es lo que la hace tan monstruosa.

Lo del PP con el CGPJ, en todo caso, es filibusterismo u obstruccionismo constitucional; una vergüenza impropia del primer partido de un país democrático, pero no es lawfare. Lo más delirante del denunciado secuestro del órgano de gobierno de los jueces —que no es un tribunal ni es Poder Judicial— es que si bien el secuestrador es el PP, el que podría rescatarlo siempre se ha llamado Pedro Sánchez. Tanto monta desatar como cortar por lo sano. Sólo ha tenido durante todo su mandato que ordenar a los presidentes del Congreso y del Senado que convocaran plenos para proceder a las votaciones que ordena la Constitución. Hablando de separación de poderes y tal y cual, es así de crudo, ambos presidentes eran socialistas y sólo por una instrucción socialista se entiende que no hayan hecho lo que la ley les exige hacer. Entiéndanme, nos quieren convencer de que el CGPJ se renueva mediante el acuerdo de Bolaños con Feijóo, pero lo que dice la ley es que hay que convocar votación en el Congreso y el Senado y ver quién obtiene los tres quintos de los votos. Y eso es exactamente lo que hay que hacer. No es tan raro, hasta dos plenos se han convocado a sabiendas de que no había votos suficientes para el candidato.

Sánchez nos dice que quiere que la mesa conseguida por los juntaires en Ginebra se fusione con la de los republicanos, pero no nos cuenta que es tan solo su voluntad de rebajar el nivel de lo acordado, ahora que ha sido investido

Existe una sentencia del TEDH, que es firme desde septiembre, y a la que ni el Constitucional ni las Cortes han hecho ningún caso. Sí, los jueces fueron a Estrasburgo y les dieron la razón. Así que puede que Feijóo tenga secuestrada una institución, pero Sánchez no ha hecho nada para rescatarla. ¿Eso es lawfare para él? Si quien está obligado fijara una fecha para votar a esos candidatos, podría suceder que ninguno consiguiera la mayoría y, entonces, el proceso sería fallido y habría que volver a empezar, pero se habría cumplido la ley.

Lo del lawfare, les decía, le va a dar más dolores de cabeza que lo de la amnistía; eso justamente fue lo que provocó el comunicado conjunto de todas las asociaciones conservadoras y progresistas. A fuerza de repetirlo, referido a cuestiones que nada tienen que ver, Sánchez pretende quitarle hierro, que pierda fuerza como si fuera una gaseosa, para que no crean los magistrados que la cosa va con ellos ni que él, como presidente del Gobierno, está respaldando tan gravísima acusación. A la par, su poli malo echa el ancla del lado independentista y dice lo contrario: "Si en estas comisiones de investigación se descubre algún caso penal, se trasladará a la Fiscalía a fin de que esta pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra estos jueces o funcionarios".

Frases así, unidas a las llamadas a comparecer en las comisiones del Parlament al magistrado del CNI, que ya se han producido, y las que se espera se hagan a otros jueces en las constituidas en el Congreso, han dado el toque de alarma en la judicatura con razón. El presidente en funciones del CGPJ ha recordado que si se producen esas citaciones, ampararán —toda la carrera lo hará— que los jueces citados se nieguen a acudir. Y llevan razón. No existe ningún derecho de control de la acción judicial por parte de ningún parlamento. Europa no tendría duda ante un supuesto así, respaldaría sin duda la negativa judicial a someterse a tales comisiones.

Sánchez nos dice que defiende el “objetivo noble” del verificador y la amnistía pese a no contar “con el aplauso de la ciudadanía", pero no parece querer que nadie conozca los otros dos elementos extranjeros que constituyen el mecanismo verificador de Ginebra, más allá del diplomático que ejerce como relator. Sabe que más de medio país y puede que incluso de su partido se le subirían por las paredes. Lo que no sé es por qué Junts le permite seguir con esa cortina de humo. Bueno, sí creo saber, consideran que revelar los nombres podría tumbar de un soplo huracanado todo lo construido, porque la reacción sería tan airada que podría obligar a los socialistas a dar marcha atrás. 

Sánchez nos dice que quiere que la mesa conseguida por los juntaires en Ginebra se fusione con la de los republicanos, pero no nos cuenta que es tan solo su voluntad de rebajar el nivel de lo acordado, ahora que ha sido investido, lo que mueve sus deseos. No sabe lo que dice porque la otra parte afirma que no se ha llegado hasta aquí para hacer un paripé. O tal vez sí lo sabe y está jugando a deshacer lo pactado sin que parezca que lo hace, porque cree que alguien que ha podido tantas cosas imposibles lo puede todo. Pero nadie... no siempre... no a todo el mundo.