"Si admites que te marchas de tu país por miedo de sufrir una detención arbitraria, te has exiliado". Así empezaba el artículo de Montserrat Dameson en El Nacional del sábado, y la afirmación es tan indiscutible que desmonta todo el edificio retórico que ha intentado construir estos días ERC con el fin de intentar justificar que estaba dando apoyo a una ley de amnistía que dejaba a mucha gente en la picota de los jueces patrióticos.
De hecho, la decisión de Ruben Wagensberg y su sinceridad a la hora de explicar el miedo que le provoca una acusación de terrorismo, hecha desde unos jueces españoles que no han tenido escrúpulos a la hora de demostrar su intencionalidad represiva, es la prueba irrefutable del error que sería aprobar esta ley. Esquerra intenta justificar, una vez más, su incapacidad para plantarse en las negociaciones con el PSOE, eternamente secuestrada por los intereses del socialismo español, y, como es de manual en estos casos, la prensa del régimen le ha dado todo el apoyo. El sábado mismo se podía leer una loa a la posición "responsable y pragmática" de ERC, ante "la estrategia inflexible" de Junts, en un ejercicio clásico de confundir coherencia con inflexibilidad. Nada nuevo en el diario catalán más monárquico de Catalunya: hace mucho tiempo que los de ERC son los indepes juiciosos, pragmáticos, razonables y bla, bla, bla, seguramente por la facilidad con la que renuncian a sus principios. Es como aquello del "judío bueno" de los antisemitas, pero en versión indepe.
Sea como sea, hay dos hechos que no tienen discusión: uno, que la ley de amnistía, tal como está, es un agujero negro donde se colarán todos los García-Castellón que han emprendido la última cruzada feroz contra el independentismo. Con un añadido peligroso que reiteradamente ha denunciado a Gonzalo Boye: a partir del momento en que el terrorismo se convierte en la nueva rebelión, es decir, el nuevo juguete de los togados para criminalizar el independentismo será irrefrenable. Es imprescindible, por lo tanto, que el terrorismo quede fuera de la ecuación, es decir, fuera de las maniobras de los jueces justicieros. Y el segundo hecho se infiere del primero: con esta ley quedan a la intemperie decenas de personas investigadas en los casos CDR y Tsunami, entre ellos, el mismo diputado republicano que ahora está en Suiza. El "no" al redactado de la ley, tal como está, no solo es un voto de coherencia con respecto al "todos o nadie" que inspiró los acuerdos de Junts con el PSOE, sino también un voto de supervivencia.
La amnistía no es amnistía si no cubre a todos los represaliados. El resto es estulticia.
Llegados a este punto y con la experiencia acumulada, habría que imaginar que no queda ni un solo independentista que confíe en las palabras de Pedro Sánchez, incluso cuando es tan categórico, asegurando que el independentismo no tiene nada que ver con el terrorismo. Gracias, señor presidente, por proferir una obviedad, pero la experiencia es rotunda: tampoco era rebelión, ni sedición, ni respondía a ninguna lógica democrática los años de prisión de los dirigentes políticos y sociales catalanes, y, sin embargo, las penas cayeron con toda su desvergüenza. No se puede confiar de ninguna manera en el sistema judicial español, por lo menos, en lo que respecta a las cuestiones que atañen a "la unidad de la patria", de manera que, o se blinda la ley de todos los supuestos delirantes que pueden ingeniarse, o estará todo perdido. Sánchez lo sabe perfectamente, pero, como siempre, intenta llevar el agua a su molino: quiere mantenerse en el poder y pagar el mínimo precio.
La ley tiene que estar blindada al terrorismo y, obviamente, también al nuevo artefacto, la "traición a la patria" que encuentra el oro de Moscú por las calles de Catalunya. Es cierto que mañana pueden acusar a Puigdemont de brujería o masonería, algo que no sería extraño a la historia de España, pero tendería a pensar que son supuestos un poco más lejanos. Si no, ¿qué problema hay en incluir el terrorismo y todo el resto dentro de la amnistía? La amnistía es eso, una tabla rasa de todos los presuntos delitos del amnistiado, como sucedió con la ley de amnistía del 77. Todo fuera de los juzgados y punto, o no es una amnistía al proceso independentista, es una broma. Al fin y al cabo, este fue el sentido del acuerdo que permitió que Sánchez fuera presidente. Sin esta premisa, sencillamente no habría habido acuerdo y tampoco investidura.
Finalmente, una cuestión de baja estofa que, sin embargo, merece un punto y aparte: las declaraciones de Sergi Sebrià, no se sabe si como alto cargo de la Generalitat o como dirigente republicano, pero en ambos casos con igual miseria demagógica. Dice Sebrià que el "no" de Junts "deja a un millar de personas destrozadas", como si la represión que sufre el independentismo fuera culpa de Puigdemont. Este estilo de baja política responde, sin duda, al desconcierto que tienen los republicanos por la falta de eficacia de su estrategia entreguista, pero obvia lo fundamental: el millar de catalanes que dice, y todo el resto de represaliados, no tendrían ninguna opción de amnistía, si Junts no lo hubiera forzado, cosa que ERC fue incapaz de hacer durante años de apoyo al PSOE. En todo caso, es inmoral aceptar que haya represaliados de primera que tengan acceso a la amnistía, y represaliados de segunda. ¿No es eso lo que ocurrió con los indultos? Porque, si no falla la memoria, cuando estuvieron pactando los indultos, no pensaron en estos millares de catalanes que estaban en procesos judiciales. ¿Entonces no dejaban "familias destrozadas"? En fin, sería esperable una pizca más de decencia en determinadas declaraciones de altos líderes del Govern, cosa que no es pedir demasiado.
Como colofón: la amnistía no es amnistía si no cubre a todos los represaliados. El resto es estulticia.