Los pronósticos de dos de los principales bancos españoles (BBVA y La Caixa) apuntan a un descenso del PIB del ocho por ciento este año. Y, si bien pronostican un fuerte repunte en 2021, también coinciden en que hasta el 2022 no se recuperará la inercia económica del 2019. La curva se parecería a una raíz cuadrada más que a una V. Pero una curva descendente después de todo, un bache.

El vicepresident Aragonès sentenciaba que no se puede volver a caer en la trampa del 2008, con aquellos ajustes generalizados, pero con Convergència (en sintonía con el PP) actuando con especial entusiasmo y convicción, queriendo dar imagen de ejemplaridad. El sector público no se puede volver a debilitar. Y menos en Catalunya, que tiene un sector público, porcentualmente, más pequeño que la media del Estado.

Pero al mismo tiempo hay que decir, con voz alta y clara, que los peores efectos económicos de esta crisis los está sufriendo el sector privado. De largo, de mucho. Y si es importante no cometer los errores monumentales en los que se incurrió para afrontar la anterior crisis, también sería imperdonable no tener presente que hay que auxiliar el sector privado, tanto los asalariados como las pymes y los autónomos. Ser de izquierdas ante esta crisis no pasa por sobredimensionar el sector público, pasa por proteger el sector público y ayudar al sector privado a recuperar el pulso.

No somos los trabajadores del sector público los que nos hemos quedado a la intemperie. Son los del sector privado en gran parte. Que la izquierda dogmática, de cartón-piedra, no nos arrastre a cometer errores, a menospreciar el sector privado. Porque sin un sector privado vital será inviable fortalecer el sector público. Y eso es especialmente importante en Catalunya, que cuenta con muy pocas corporaciones que viven de los negocios del Estado y que, por el contrario, cuenta con una inmensa red de pequeñas y medianas empresas, de economía productiva, que singularizan Catalunya y que la diferencian claramente de la metrópoli española.

Ser de izquierdas ante esta crisis no pasa por sobredimensionar el sector público, pasa por proteger el sector público y ayudar al sector privado a recuperar el pulso

Si la izquierda dogmática y la irresponsabilidad de la derecha españolista se impone, volveremos a repetir el escalofriante error que ya se cometió con la ley de contratos de servicios a las personas —también denominada ley Aragonès— por la izquierda dogmática, por la izquierda maximalista, que acaba aliándose de facto con la derecha. El resultado es que hoy las grandes corporaciones tienen todas las ventajas para adjudicarse la gestión de servicios públicos con una política de reventar precios que después pagamos con un servicio deficiente. Una política que deja la gestión de determinados servicios públicos, como los comedores escolares o las residencias, a menudo en manos de las grandes corporaciones extractivas, como la de aquel presidente de fútbol, que viven en la sombra del Estado y de enriquecerse a base de gestionar la obra pública y otros negocios ruinosos como el proyecto Castor que afectó a las Terres de l'Ebre y el norte del País Valencià.

El Castor fue construido por el concesionario Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS de Florentino Pérez, pero nunca llegó a entrar en funcionamiento. Varios expertos internacionales han considerado el nefasto Castor como uno de los peores ejemplos mundiales del fracaso entre la colaboración del sector público con capital privado.

La adjudicación del contrato de construcción en ACS tuvo lugar bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y acabó parado después de los más de mil terremotos generados durante las pruebas de inyección de gas. Tener que aceptar la indecencia de ver como Florentino y Escal UGS recibían compensaciones millonarias ante la renuncia a la gestión del almacén de gas, una indemnización cifrada con unos 1.350 millones de euros. Y por el contrario aceptar la vergüenza que tengan que ser los usuarios quienes asuman el pago de los 3.300 millones de euros, que se calcula que le ha costado al erario público, mediante un extra en la factura del gas que se prolongará durante años.

Ser de izquierdas ante la crisis también es recordar que de esta no saldremos con más recortes, como algunos ilustres servidores públicos hicieron durante la última, sino al contrario, para hacer frente a la emergencia hacen falta más recursos.

Y ser de izquierdas ante la crisis también es reconstruir el país poniendo en el centro la economía de la vida: la investigación, la salud, el ámbito alimentario y el resto de los ejes del estado del bienestar; como también la digitalización de la industria y la transición ecológica.