Muchos de ustedes se preguntarán qué es la "ley Aragonès". Es la pregunta que me hizo mi madre al recibir en un grupo de Whatapp uno de aquellos mensajes enviados en cadena y en el que se aseguraba que esta ley era peor que las "10 plagas de Egipto". En realidad se refiere a la ley de contratos de servicios a las personas, inmersa en la parte final del proceso de tramitación en el Parlament. Una ley bautizada, con malicia, con el nombre de un dirigente político, una actitud que sólo responde a la campaña de desgaste de la CUP. Intoxicación informativa y demagogia sin tapujos que al mismo tiempo escenifica una preocupante falta de rigor.

A los cuentos chinos, ni caso. A las concentraciones para difamar contra una ley pionera en el Estado, más argumentos. Desenmascaremos la incoherencia de los "ingobernables" con la campaña "ley Aragonès", que sobre todo han concebido como un ataque frontal contra una parte del Govern, a conciencia, por puro electoralismo partidista, para erosionar un hipotético candidato.

El 29 de agosto del 2018 el Govern aprobaba el proyecto de ley e iniciaba el trámite parlamentario ordinario, un proyecto que, inicialmente, fue impulsado por el conseller Raül Romeva desde el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, y ahora continuado por el vicepresident Pere Aragonès. Durante los últimos dos años que ha durado el trámite parlamentario ―por la irrupción del artículo 155―, se han generado más de 50 comparecencias parlamentarias donde el debate y la participación de entidades y asociaciones del sector social han estado a la orden del día. Todos menos la CUP. La CUP no ha asistido ni a la ponencia, ni al debate, ni tampoco ha presentado enmiendas a esta ley. La ley de contratos de servicios a las personas tiene como pilar fundamental la calidad y la responsabilidad social de los servicios públicos. Por lo tanto, ¿a quién quiere engañar a la CUP?

La CUP asegura que esta ley externaliza servicios. Mienten. La ley de contratos no añade nuevas externalizaciones y tampoco revierte ninguna. El objetivo es dar preferencia a criterios sociales y de calidad por encima del precio en los contratos, para asegurar la calidad de los servicios que no se prestan de forma directa, es decir, que ya se externalizan. Esta ley tampoco entra a regular qué servicios se tienen que contratar fuera y cuáles no, sino que regula cómo se gestionan los servicios que actualmente ya se externalizan. El motivo principal de la externalización de un servicio es porque requiere atención muy especializada.

Pero la CUP también insiste en que estos servicios dejarán de ser titularidad pública. Y vuelven a mentir. Los anticapitalistas malinterpretan expresamente el significado de los códigos que aparecen al final de la ley, confundiendo estos "códigos de contratación" con los servicios. Los "códigos" sólo sirven para identificar contratos de ámbito europeo a efectos estadísticos. Por lo tanto, la ley prevé muchos más mecanismos de control de los contratos que se licitan y los servicios públicos siguen siendo públicos.

La ley Aragonès prohíbe la contratación a través de una subasta donde el único criterio de valoración sea el precio u ofrece a las administraciones públicas mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los contratos y rescindirlos en el caso de incumplimiento cuando perjudique la calidad del servicio

La ley Aragonès prioriza la "calidad del servicio" por delante del "precio", o dicho de otra manera, apuesta para que las entidades del tercer sector puedan optar en los contratos que ahora mismo se llevan las multinacionales como las de Florentino Pérez. Apostar por las cooperativas y las medianas empresas dedicadas a ofrecer a la administración pública todo tipo de servicios dirigidos a la ciudadanía, ahora disminuidas de competitividad por la dificultad en competir con las grandes empresas que apuestan por reventar los precios y que no tienen en cuenta la precariedad laboral ni la calidad.

¿Y por qué hasta ahora eso es así? Pues porque la ley de contratos del sector público del Estado es la que determina qué servicios son sujetos a contratación: el "precio" como principal criterio en detrimento de la "calidad del servicio" que recibe la ciudadanía. La nueva ley de contratos blinda la calidad de la prestación de los servicios públicos y pone a las personas en primer término, porque sin justicia social no se puede construir un país mejor, un país más justo.

Pero si todavía a alguien le ha quedado alguna duda, cuatro datos. Entre 2017 y 2018 las administraciones públicas catalanas adjudicaron 4.823 contratos para la prestación de servicios sociales, sanitarios y comunitarios, por un valor total de 2.057 millones de euros. Un 71% del valor de estos contratos corresponden a ayuntamientos y muchos de ellos han acabado en manos de las grandes empresas vinculadas al Ibex 35, porque son las que pueden presentar la mejor oferta económica. Por ejemplo, el año 2016, la ciudad de Barcelona adjudicó a la empresa Sacyr el contrato del servicio de atención domiciliaria por valor de 113 millones de euros, un servicio que realizaba hasta entonces a una ONG especializada. Con la nueva ley de contratos esta adjudicación no se hubiera producido. Esta ley hubiera impedido que el servicio acabara en manos de empresas que tienen más capacidad financiera y que ofrecen un servicio más barato en detrimento de la especialización y la calidad.

Pero lo que todavía sorprende más es que la CUP no predica con el ejemplo y es víctima de sus propias mentiras. Un buen ejemplo lo encontramos en Berga, municipio gobernado por los cupaires, donde el Ayuntamiento ha externalizado la concesión del servicio de autobús en una importante empresa del sector, en detrimento de la municipalización del servicio, o con la subcontratación de la gestión de los jardines de infancia.

Argumentos que no encontrarán en ninguna de las concentraciones o asambleas que la CUP organiza para desautorizar una propuesta de ley de la que ni siquiera han tenido la dignidad de participar en los mecanismos de tramitación o con la ponencia, una auténtica irresponsabilidad política.

Y la ley Aragonès es mucho más ―deberán esperar a su aprobación para ver la urgente necesidad de implantarla y todo lo que supone―. Por ejemplo, prohíbe la contratación a través de una subasta donde el único criterio de valoración sea el precio u ofrece a las administraciones públicas mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los contratos y rescindirlos en el caso de incumplimiento cuando perjudique la calidad del servicio.

Por lo tanto, los grandes beneficiados con la ley de contratos serán los ciudadanos, porque mejorará la calidad y porque la administración podrá establecer las condiciones específicas de ejecución y las medidas de seguimiento de los contratos.

La pregunta es para la CUP. Si en lugar de manipular el contenido de una ley hubieran asistido a las comparecencias parlamentarias ―que es su obligación― y hubieran enmendado o propuesto mejoras, ahora al menos tendrían una autoridad que no tienen. Mentir ante la evidencia, hacer la pinza una vez más buscando desgastar ERC y aparcando la buena praxis política se parece demasiado a lo que ya ha hecho Cs, lo que llaman "política de barra de bar".

A ver si alguno de los dos diputados que ha sacado la CUP en las Cortes españolas ―recuerden que aseguraban que nunca se presentarían a unas elecciones generales― todavía pisarán el palco del Santiago Bernabéu. Quién sabe si para salir con Don Florentino, el gran beneficiado de la campaña cupaire.