El inicio de la "mesa de diálogo" ―tildada de herejía en un primer momento― entre los presidentes Sánchez y Torra acababa con un documento que aborda cuestiones relevantes aunque ignora otras. "Agenda para el reencuentro". Cuarenta y cuatro puntos resultado de acoplar las reivindicaciones que Catalunya ha exigido al Estado en todo tipo de ámbitos. En particular uno que no deja de ser un test democrático ante la dictadura criminal que golpeó la Península. El compromiso para recuperar la memoria: "El Gobierno de España tiene un firme compromiso con la memoria democrática”. Un aspecto que no es menor y que durante muchos años sólo ha tenido a Joan Tardà y a los republicanos, al menos en Madrid, tirando del carro mientras la izquierda española arrastraba los pies.
El compromiso del Estado en recuperar la memoria lleva 40 años siendo inexistente, papel mojado. Ni Felipe González, ni Zapatero, teóricamente progresistas y de izquierdas (al menos el último), movieron un dedo. Tampoco Rajoy, quien consideraba que eso de la memoria no le interesaba a nadie. O peor. Y con la derecha catalana silbando, en el mejor de los casos.
La mayor vergüenza democrática de Europa se evidencia con un país en el que todavía están desaparecidas una cifra indeterminada que podría llegar a las 140.000 almas. Cunetas repletas de restos humanos y amnesia colectiva fruto de la victoria franquista. Olvido.
El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos parecía que nacía cargado de buenas intenciones y con una enmienda a la totalidad al anterior desacuerdo, de aquel PSOE que suplicaba una abstención o acuerdo con la derecha reaccionaria. Después de que la exhumación del caudillo se convirtiera en un funeral de Estado, el principal acto de campaña del PSOE, ahora más promesas: implementar un programa de exhumaciones de las fosas; creación de un banco de ADN nacional; retirada de la simbología de espacios públicos o la anulación de las sentencias sumarísimas. Curiosamente, todo lo que proponen ya hace años que se trabaja desde Catalunya con sensibilidad y rigor. Siempre que estas competencias han estado al alcance de los republicanos se ha avanzado. Desde la creación del Memorial Democrático en 2007. Y sobre todo, desde el trabajo y compromiso de los consellers Raül Romeva, Carles Mundó y, ahora, con el trabajo de la consellera de Justícia, Ester Capella. Republicanismo en estado puro. Personas al servicio del país, de la justicia y la reparación ante la larga noche del franquismo.
Al Estado no le hacen falta nuevas estructuras para combatir la desmemoria cuando él mismo ha sido el principal garante para promoverla.
Pedro Sánchez parece haber olvidado lo que prometió en directo durante el debate electoral: la disolución de la Fundación Francisco Franco o la exhumación de los más de 33.000 cuerpos que todavía quedan en el Valle de los Caídos al lado del dictador Primo de Rivera. La fortaleza de una democracia también se mide por la capacidad de gestionar las peticiones de las víctimas, independientemente de valoraciones políticas o de afiliación. Garantizar el derecho a la verdad y a la justicia sobre unos hechos por más dolorosos que estos sean. La democracia va de eso. Este tendría que ser un reto para la izquierda española, de calidad democrática, ante tanta dejadez y negligencia.
El incumplimiento sistemático y reiterado a la verdad y la vulneración endémica de los derechos de las víctimas del franquismo llevó a los relatores de las Naciones Unidas a visitar el estado español el año 2013 y 2014. La importancia que ahora se da a la figura del relator y la poca que se dio durante el gobierno de Artur Mas. La relevancia que ahora se da a un mediador (incluso como condición a un diálogo que no tiene que tener condiciones) y la poca que se dio cuando los relatores especiales de las Naciones Unidas Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky y Pablo de Greiff constataron que la memoria era selectiva y accesoria, también en Catalunya.
Informes demoledores de las Naciones Unidas hacia el estado español remarcando la obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento después de 80 años. Recomendaciones de la ONU fundamentadas en los derechos humanos... No hicieron ni caso.
Ahora el PSOE anuncia la voluntad para modificar el Código Penal. No para modificar el delito de sedición o rebelión, sino para incluir el delito de apología del franquismo. Un posicionamiento que puede generar cierta controversia, no por la necesidad, sino por la interpretación que pueden hacer ciertas oligarquías del poder para utilizarlo, también, para perseguir ciertas actitudes o movimientos. La apología a Franco será delito cuando nunca se ha juzgado la desaparición de casi 140.000 personas. Es, cuando menos, extraño o difícil de comprender.
Los estados del mundo están, en general ―no tanto los gobiernos― controlados por lo que denominamos coloquialmente sotogoverno: el alto funcionariado, los tribunales... en definitiva, todos los resortes de poder que están menos controlados democráticamente, una casta que en el caso español ha parasitado las estructuras del Estado ante una izquierda dócil, incapaz de enfrentarse. ¿Qué podría pasar en el caso de pretender crear una nueva figura del delito de odio para proteger a las minorías vulnerables? Pues que este sotogoverno podría utilizar esta figura para beneficiar a otros colectivos o criminalizarlos. Por ejemplo, el marco legal que se creó en Alemania para perseguir la extrema derecha, después, también se utilizó para ilegalizar al partido comunista. Por lo tanto, cuando tú das poder al Estado para protegerse, el Estado también lo puede acabar utilizando para protegerse contra ti mismo. Tenemos un caso flagrante: la utilización de la acusación popular por la extrema derecha. Primero, fue Manos Limpias. Después, sucedáneos. Ahora, Vox.
Al franquismo se le tiene que exigir responsabilidades. O en defecto, vemos como el neofranquismo irrumpe a cara descubierta. Porque se sabe impune. Adelante con la modificación del Código Penal para incluir el delito de apología al franquismo. Pero atentos a que no nos den gato por liebre. Al Estado no le hacen falta nuevas estructuras para combatir la desmemoria cuando él mismo ha sido el principal garante para promoverla. Sencillamente replicar lo que ya funciona, lo que ya hace años que se hace en Catalunya, en el País Vasco, en Navarra, en las Illes o en el País Valencià. Escuchar y dialogar con las entidades memorialistas y con aquellos que nunca han perdido la esperanza de que algún día se pueda hacer justicia. Escuchar a la gente y sus reivindicaciones. Más sinceridad y menos relatores.