La jornada de ayer en el Tribunal Supremo nos deja muchas preguntas de fácil respuesta. ¿De qué han servido los casi cuatro meses de juicio en el Tribunal Supremo? ¿De qué ha servido el desfile de más de 400 testigos? ¿De qué servirán las pruebas aportadas por las defensas y las declaraciones de los encausados? Ya les digo yo que de muy poco, por no decir nada. La respuesta a la incógnita la sabremos antes del 16 de octubre, cuando Manuel Marchena ―el escogido por PPSOE para combatir el independentismo a golpe de maza― emita veredicto. La sentencia confirmará, con toda seguridad, el escarnio, la venganza y la máxima expresión del nacionalismo de estado contra el pueblo de Catalunya: “España antes roja que rota” y que el Caudillo hará bueno el "atado y bien atado".

Todavía exactamente no sé cómo definir lo vivido ayer en la sacrosanta sede del alto tribunal, donde mentir y manipular se ha convertido en deporte nacional y donde la fiscalía se ha disfrazado de Vox. Las acusaciones no se han movido ni un milímetro del planteamiento inicial emitido por el traspasado José Manuel Maza. A falta de pruebas, ningún problema, fiscales haciendo de políticos con el relato y el discurso necesario para afirmar, con rotundidad, que el golpe de estado del 23-F fue un simple "zarandeo", que una manifestación pacífica es un claro alzamiento violento, que poner urnas es un golpe de estado y que la rebelión está más que probada, con los Mossos y Trapero como la organización criminal puntal del procés.

Señoras y señores, eso es el Estado. Eso es con lo que nos enfrentamos, la maquinaria pesada que no duda a vulnerar derechos fundamentales y señalar a Oriol Junqueras como el motor de la rebelión y el líder del procés hacia la independencia. Un Estado que no duda en pedir cadena perpetua para Junqueras, el instigador del golpe de estado, el líder de la sublevación independentista.

Ada Colau puede apostar por un gobierno progresista, de izquierdas, soberanista y republicano o, por el contrario, pactar con aquellos que representan todo lo contrario, la Fiscalía del Estado

La constatación de que el estado español forma parte del "club del 5%", aquellos estados del mundo que se sitúan en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, en contra de los derechos humanos y con un PSOE haciendo de hermano mayor del PP, Cs y Vox. Un PSOE que se etiqueta como "de izquierdas" y que utiliza el Tribunal Supremo para autoenmendarse e impedir aquello tan prometido en campaña: la exhumación del Caudillo de España, el mayor genocida de la historia de este país, Francisco Franco, quien descansa en paz y tranquilidad en el mayor parque temático del fascismo de Europa.

Y el papel de Podemos, con todo esto, bien triste. El movimiento del 15-M transformado en una "izquierda caviar" inmersa en una crisis de resultados, orgánica, de análisis, de alianzas y de proyecto, que paga el precio de ser la muleta del PSOE para no enfrentarse a quien tendría que ser su principal rival. A ellos les toca decidir si quieren acercarse a aquello con lo que tanto se han llenado la boca, ser "la izquierda revolucionaria y transformadora" o intentar hacer ver a los socios y principales avaladores del 155 y la represión en Catalunya que eso se tiene que solucionar con política, con diálogo, lejos del escarnio judicial.

Y es en Catalunya y con este contexto donde Ada Colau tiene que escoger. Se juega mucho, no sólo ella, sino el espacio de los Comunes/Podemos. La aritmética es bien sencilla, pero de por medio hay mucho más. Descartado el tripartito entre ERC-Comunes-PSC, principalmente porque es la fiscalía del PSOE quien pide 25 años de prisión para el líder del partido que ganó las elecciones en Barcelona, ahora, podemos decir que sólo quedan dos opciones ―también la de un gobierno de Maragall en solitario―. Me parecería de ciencia-ficción que Ada Colau firmara el cordón sanitario de la derecha española para impedir que Barcelona tenga un alcalde republicano, el ganador de las elecciones municipales en Barcelona.

Me parecería una quimera y un auténtico suicidio político que Ada Colau firmara el pacto Frankenstein propuesto por la conjura del establishment económico, con los avaladores del 155 y la represión en Catalunya (PSC) y con los votos de quienes será recordado como el ministro francés más xenófobo de la historia contemporánea, quien representa el partido del 155 permanente como solución para Catalunya (Cs), el partido que quiere cargarse la inmersión lingüística y el partido que sale del Parlament de Catalunya cada vez que se habla del franquismo.

Ernest Maragall ha dado el paso adelante y apuesta por un gobierno amplio con los Comunes, un gobierno que daría 20 concejales ―a uno de la mayoría absoluta― y que representa al 42% de los votantes. Ada Colau puede apostar por un gobierno progresista, de izquierdas, soberanista, republicano y que daría estabilidad y grandes consensos para abordar las urgencias de la ciudad o, por el contrario, pactar con aquellos que representan todo el contrario, la Fiscalía del Estado. Sólo depende de Ada Colau que pueda seguir trabajando por la justicia social y las igualdades desde el gobierno Maragall o ser ministra del gobierno Sánchez-Iglesias. ¡Quien sabe!